SAN SALVADOR. El Cuerpo de Paz de Estados Unidos reanudó oficialmente el viernes su trabajo en El Salvador, después que en 2016 sus representantes abandonaron el país por la violencia criminal que en ese momento vivía la nación centroamericana.

El Cuerpo de Paz de Estados Unidos, una agencia federal que envía voluntarios estadounidenses al extranjero, inauguró su regreso a El Salvador con la llegada de nueve jóvenes que se quedarán en el país centroamericano por dos años para trabajar en asuntos relacionados a salud, educación, negocios y agricultura.

Su llegada es posible mediante un acuerdo suscrito por la canciller salvadoreña, Alexandra Hill, y la directora del Cuerpo de Paz, Carol Spahn. El embajador de Estados Unidos en El Salvador, William Duncan, estuvo presente en el acto.

Spahn, agradeció a los voluntarios por asumir este “nuevo reto” en El Salvador y dijo que esperan que ayuden a fortalecer los lazos entre los dos países y puedan crear oportunidades para jóvenes salvadoreños. Desde su creación en 1962, más de 2,300 voluntarios del Cuerpo de Paz han sido parte de proyectos de desarrollo comunitario y juvenil en El Salvador.

Por su parte el embajador Duncan destacó que los voluntarios del Cuerpo de Paz trabajarán junto a los habitantes de sus comunidades para impulsar proyectos que reflejen sus necesidades y aspiraciones.

Los representantes del Cuerpo de Paz de Estados Unidos abandonaron El Salvador en 2016, en uno de los momentos más violentos del país desde el fin de la guerra civil que terminó en enero de 1992. La organización anunció entonces en un comunicado que “debido a la situación de seguridad en curso”, los miembros que conformaban la misión abandonarían el país.

En el 2015, El Salvador estaba considerado uno de los países más violentos del mundo, con un registro de 106 muertes violentas por cada 100,000 habitantes.

El 27 de marzo de 2022, después del asesinato de 62 personas en un solo día, el Congreso aprobó un estado de excepción, una de las políticas de mano dura del gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas que por más de tres décadas aterrorizaron a los salvadoreños.

El estado de excepción que se mantiene vigente suspende derechos fundamentales como el de ser informado de los motivos de la detención o el de tener acceso a un abogado.

Bajo ese régimen, además, las fuerzas de seguridad pueden intervenir las telecomunicaciones sin orden judicial y se prolonga la detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.

Como parte de la estrategia de combate a las pandillas, el Congreso también aprobó reformas al Código Penal para convertir en delito la pertenencia a una pandilla, lo que conlleva penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas pueden recibir condenas de hasta 60 años.

Bajo el régimen de excepción, más de 81,900 supuestos pandilleros o colaboradores han sido capturados, según cifras oficiales, la mayoría por el delito de agrupaciones ilícitas y con detención provisional sin condena en firme. Más de 7,000 personas han sido liberadas por las autoridades debido a falta de pruebas para establecer vínculos con estructuras criminales.

En 2023, el país cerró con 214 homicidios, entre ellos 38 muertes de presuntos pandilleros en supuestos enfrentamientos con policías o militares. En lo que va del año la policía ha registrado 116 homicidios que incluyen la muerte de tres presuntos pandilleros también en supuestos enfrentamientos con la policía o las Fuerzas Armadas.

Según cifras oficiales, en lo que va de 2024 se reportan más de 200 días sin homicidios y una considerable reducción de la violencia criminal en el país centroamericano que en 2015 era considerado uno de los países más violentos del mundo con 6,656 homicidios.

En el marco de la política de Bukele, varias organizaciones no gubernamentales también han denunciado en reiteradas ocasiones abusos a los derechos humanos, una de las más recientes reportó 6,426 denuncias de violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción.