La Asamblea de Ecuador se apresta a decidir el jueves si aprueba, rechaza o archiva la denominada Ley de Interrupción del Embarazo por Violación, que busca normar una decisión de la Corte Constitucional que en abril del año pasado despenalizó el aborto en los embarazos productos de una violación.

La decisión de ese organismo constitucional fue producto de la sostenida lucha de grupos feministas y de mujeres que denunciaban miles de casos anuales de violación y de la criminalización del aborto, que por otras causas es castigado con penas de cinco a siete años años de cárcel para las madres y con uno a tres años para quien les ayude a practicarlo.

Para aprobar la denominada Ley de Interrupción del Embarazo por Violación, que se debate desde noviembre pasado, los legisladores requieren de al menos 70 votos. Ese organismo se encuentra polarizado acerca del tema y con sus bancadas dejando en libertad a sus integrantes.

Uno de los puntos más críticos que se debate en la Asamblea, donde los legisladores están entrampados en medio de criterios de expertos, de religiosos y de grupos a favor y contra de la iniciativa, es el plazo que en se podría interrumpir la gestación que va desde las seis hasta las 18 semanas, dependiendo de la edad de la madre y si ella vive en zonas urbanas o rurales.

Ana Vera, de la fundación Surkuna, activista por los derechos de las mujeres, dijo a The Associated Press que una ley que garantice el derecho al aborto por violación “va a asegurar la posibilidad de las mujeres y niñas de decidir si quieren continuar o interrumpir el embarazo. Eso es fundamental”.

“Ninguna mujer debería ser forzada a la maternidad, pero tampoco a un aborto clandestino. Prohibir el aborto no ha evitado que cualquier mujer aborte, poniendo en riesgo su salud y vida mediante procedimientos inseguros, o las ha condenado a una maternidad forzada sin una vida digna ni para las madres ni para los niños en un ambiente sin amor”, destacó.

Añadió que las mujeres o niñas que quieran seguir con la gestación deberían tener el acompañamiento estatal, con un parto digno, atención psicológica para tratar el trauma de la violación y apoyo obstétrico, y las mujeres que decidan abortar deberían tener esos mismos derechos.

La Fiscalía de Ecuador registró entre 2016 y 2020 más de 27,000 denuncias de violación. En 2016 se produjeron 4,884 casos, en 2017 fueron 5,045, en 2018 se reportaron 5,667 y en 2019 hubo 6,034. Para 2020 se redujo a 5,450, pero la baja no se atribuye a la reducción del delito, sino a que las víctimas no podían salir por las políticas para enfrentar la pandemia de coronavirus.

Los grupos Pro Vida se oponen radicalmente al proyecto aduciendo que la vida debe respetarse desde la concepción. Han hecho manifestaciones y marchas con decenas y cientos de participantes vestidos de blanco en defensa de los no nacidos.

Uno de los integrantes de grupos Pro Vida, Jaime Pallares, afirmó a la AP que es lamentable que la Asamblea haya dado paso a un proyecto de ley que despenaliza el aborto por violación sin dar alternativas humanas para la mujer y el niño en camino “como la adopción, entonces es un proyecto que no permite proteger la vida del niño por nacer, y solo contempla el derecho de la mujer decidir sobre su cuerpo”.

“Yo soy adoptado, a mí dejaron vivir. No sé si soy producto de un gran amor o de una violación, o incesto, y hoy tengo una vida feliz y productiva, entonces pregunto a los asambleístas por qué deciden sobre la vida de otros. Les pregunto si mi vida no merece ser vivida”, manifestó.

Vera relató que Surkuna apoya con asistencia multidisciplinaria a una niña de 11 años que fue víctima de una violación múltiple en su entorno familiar, en un pueblo rural del noroeste de la capital, y a consecuencia de ello quedó embarazada. Tiene cerca de nueve meses de gestación y ella no quiere a su hijo, al cual desea dar en adopción, pero eso no ocurrirá de inmediato debido a los engorrosos trámites burocráticos.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Derechos Humanos, anualmente más de 3,000 niñas entre 10 y 14 años quedan embarazadas, mientras que el 12% de jóvenes entre 10 y 19 años han estado embarazadas al menos una vez.

Aunque los legisladores aún no han aprobado la ley ya mencionada, al menos 21 mujeres han logrado abortos seguros recurriendo a recursos legales interpuestos por organizaciones de mujeres.

Entre los países americanos que permiten la interrupción del embarazo sin ninguna condición están Argentina, Uruguay y Cuba. Estados Unidos y Canadá también lo permiten, mientras que en Bolivia, Colombia y Perú es posible en casos de violación o incesto, entre otros. En contraste, en Brasil, Guatemala, México, Panamá, Paraguay y Venezuela, se prohíbe el aborto, excepto cuando amenaza la salud de la madre, aunque en algunos estados mexicanos han añadido otras causas.

El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana prohíben la interrupción del embarazo sin excepciones.

En caso de que la ley sea aprobada, el presidente Guillermo Lasso, quien se ha confesado como defensor de la vida desde la gestación, tendrá la posibilidad de veto de parte o todo lo resuelto por el órgano legislativo. En campaña, el ahora mandatario ofreció respetar a quienes no coinciden con su pensamiento.