Lima. Dina Boluarte juró el miércoles como presidenta de Perú e hizo un llamado al diálogo para instalar un gobierno de unidad nacional, mientras la Fiscalía confirmó la detención del ahora expresidente Pedro Castillo por el presunto delito de rebelión por “quebrantar el orden constitucional”.

La abogada, de 60 años, asumió en reemplazo de Castillo, quien fue destituido horas antes “por permanente incapacidad moral” tras intentar cerrar el Parlamento.

Luego de jurar en la sede del Congreso y ya con la banda presidencial, la nueva mandataria escuchó el himno nacional y dirigió un mensaje a los presentes.

“Se ha producido un intento de golpe de Estado.... que no ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle. Este Congreso de la República ha tomado una decisión y es mi deber actuar en consecuencia. Asumo el cargo de presidenta de la república siendo consciente de la enorme responsabilidad que me toca y mi primera invocación.... es convocar a la más amplia unidad de todas y todos los peruanos”, sostuvo.

Boluarte es la primera mujer en alcanzar la presidencia en más de 200 años de nación independiente y era la vicepresidenta de Castillo desde que éste asumió el poder en julio de 2021. También había ejercido hasta hace casi dos semanas el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

La nueva mandataria, que domina el quechua y el español y al igual que el centroizquierdista Castillo tampoco tenía experiencia en cargos políticos, trabajó como funcionaria del Registro Nacional de Identificación desde 2007 hasta 2021 y no tiene apoyo de una bancada en el Parlamento.

Boluarte convocó a un proceso de diálogo “entre todas las fuerzas políticas representadas o no en el Congreso” y sostuvo que “es imprescindible retomar la agenda de crecimiento económico con inclusión social, también de manera impostergable la reforma política que nuestro país requiere urgentemente”.

La nueva jefa de Estado debe completar el mandato de Castillo hasta el 28 de julio de 2026.

En tanto, la pagina de internet oficial del gobierno de Perú detalló que Castillo fue detenido por el presunto delito de rebelión y que la diligencia fue supervisada por la Fiscal General, Patricia Benavides Vargas, quien leyó un pronunciamiento de la Junta de Fiscales Supremos que condenó “el quebrantamiento del orden constitucional” y afirmó que “ninguna autoridad puede ponerse por encima de la constitución.

Castillo fue destituido por 101 votos a favor, seis en contra y 10 abstenciones poco después de que disolviera el Legislativo e instalara un gobierno de emergencia, en la mayor crisis política del país en más de dos décadas.

La maniobra fue calificada de “golpe de Estado” por el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y la Defensoría del Pueblo. A su vez, las Fuerzas Armadas y policiales le retiraron su apoyo.

El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, dijo en diálogo con periodistas en Washington “rechazamos categóricamente cualquier acto que atente contra la democracia dentro del Perú. Esto no es sólo una preocupación de los Estados Unidos... Esto lo hemos planteado dentro de la Organización de los Estados Americanos”.

El Consejo Permanente de la OEA celebró una reunión de último momento para analizar la situación en Perú, en la que varios Estados miembros expresaron su preocupación y pidieron respeto a las instituciones democráticas. En el encuentro no se votaron resoluciones ni se determinaron acciones.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que la OEA apoya la institucionalidad y que “el llamado a la paz interna y la calma es primordial”. “La Secretaría General de la OEA se declara del lado de la democracia, el Estado de Derecho y la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades”, expresó Almagro tras recordar que el gobierno de Perú hizo oídos sordos a un informe reciente con recomendaciones de diálogo entre todos los sectores que efectuó un grupo de alto nivel de la organización que visitó el país.

Almagro dijo que al disolver el Congreso, Castillo incurrió en un acto “inconstitucional”.

Castillo salió del palacio presidencial en un automóvil que se trasladó por el centro histórico de Lima y luego ingresó a una dependencia policial. En una fotografía difundida por la policía -que luego fue removida de su cuenta de Twitter- se lo podía observar dentro de la estación sentado en un sillón y rodeado de fiscales y agentes.

Más temprano en un mensaje por la televisión pública había anunciado la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes que debía elaborar una nueva carta magna en un plazo de nueve meses.

Pero rápidamente perdió el respaldo de casi todos los integrantes del gobierno que poco después renunciaron, entre ellos el jefe del ejército, su primera ministro, el canciller y el ministro de Economía.

Castillo también había dispuesto que a partir de la fecha se gobernaría mediante decretos ley y ordenado un toque de queda nocturno. A su vez anticipó la reorganización del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia.

Flavia Freidenberg, politóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, afirmó que “lo que ha ocurrido en el Perú es un golpe de Estado con todas sus letras” y que “nada de lo anunciado por el expresidente Pedro Castillo es permitido por la constitución”.

La académica agregó que “las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional cumplieron con lo que manda la constitución: respetar el orden constitucional” y que lo mismo ha ocurrido con el nombramiento de Boluarte porque el Congreso ha seguido “el caminito que establece la constitución”.

Esta es la segunda vez en tres años que un presidente peruano cierra el Congreso. En 2019 el entonces mandatario Martín Vizcarra cerró el Parlamento pero fue removido de su cargo un año después en noviembre de 2020 cuando hubo tres jefes de Estado en una semana en medio de protestas en las calles que dejaron dos muertos y 200 heridos.

La Fiscalía investiga a Castillo en seis casos preliminares, la mayoría por presunta corrupción, y su hipótesis es que el ahora exmandatario usó su poder para lucrar a cambio de otorgar obras públicas. Castillo ha negado las acusaciones.

El primer presidente de origen rural en 200 años de república modificó cinco veces su gabinete con más de 60 cambios de secretarios, lo que provocó una parálisis de varias políticas de gobierno.

Desde 2016 Perú vive una crisis política caracterizada por Parlamentos y presidentes de turno que buscan eliminarse por desacuerdos entre sí. En 2019 Vizcarra (2018-2020) disolvió el Congreso y convocó a elecciones legislativas. En 2020 el nuevo Legislativo removió a Vizcarra. El nuevo presidente, Manuel Merino, duró menos de una semana y renunció por las marchas populares. Francisco Sagasti llegó al poder y tras nueve meses entregó el puesto al actual mandatario.

En medio de la lucha por el poder, la sequía más potente en medio siglo golpea los Andes dificultando la siembra y alimentación del ganado. Al mismo tiempo la gripe aviar ha matado a más de 18.000 aves marinas silvestres y ha provocado al menos un contagio en una granja. Además, desde hace una semana el país sufre una quinta ola de infecciones de COVID-19.