El primer ministro de Portugal, António Costa, dimitió este martes por la investigación en su contra por posible prevaricación, corrupción activa y pasiva, y tráfico de influencias en negocios de litio e hidrógeno, aunque aseguró que no ha cometido ningún acto ilícito.

“En estas circunstancias, obviamente, presenté mi dimisión a su excelencia el presidente de la República”, afirmó el socialista en una intervención televisada, en la que señaló que el cargo de primer ministro no es compatible con la “sospecha de la práctica de cualquier acto criminal”.

Costa dijo que se vio “sorprendido” este martes con la información de un proceso criminal en su contra y se mostró “totalmente disponible” para colaborar con la Justicia, pero negó las acusaciones y subrayó que se marcha “con la conciencia muy tranquila”.

“Quiero decir, y miro a los ojos a los portugueses, que no me pesa en la conciencia la práctica de cualquier acto ilícito o ni siquiera acto censurable”, apuntó el político, quien, no obstante, considera que debe dimitir porque “la dignidad de funciones de primer ministro” no es compatible con ninguna sospecha.

Tras su renuncia, los próximos pasos a seguir serán decididos por el presidente, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, que tiene el poder de disolver la Asamblea de la República y convocar elecciones si lo considera necesario.

Costa no quiso avanzar ni desmentir si será candidato en unas eventuales elecciones: “Lo último que haré será condicionar o pronunciarme públicamente sobre la decisión que el presidente tomará”.

El Ministerio Público anunció este martes en un comunicado que investigaba a Costa y a varios miembros de su Gabinete por supuestos crímenes de prevaricación, corrupción activa y pasiva, y tráfico de influencias, por un caso vinculado con negocios de litio e hidrógeno.

La Fiscalía llevó a cabo el registro de “espacios utilizados por el jefe de Gabinete del primer ministro” y apuntó que varios sospechosos han hablado de la implicación de Costa en el caso por “desbloquear procedimientos”.

La investigación, en la que se han registrado más de 40 lugares, se centra en las concesiones de explotación de litio en las minas de Romano y Barroso, en el norte del país; además de un proyecto de una central de producción de energía a partir de hidrógeno y otro para la construcción de un centro de datos, ambos en Sines.

La Fiscalía ha emitido órdenes de detención contra el jefe de gabinete del primer ministro, el alcalde de Sines y dos de sus administradores en la sociedad “Start Campus” y contra un abogado, que serán presentados ante la Justicia para ser interrogados.

También fueron declarados “arguidos” (sospechosos formales, una figura previa a la acusación) el ministro de Infraestructuras, João Galamba, y el presidente del Consejo Directivo de la Agencia Portuguesa del Ambiente.