Una docena de policías estatales fueron arrestados por asesinar presuntamente a 19 personas, entre ellos varios migrantes guatemaltecos, cuyos cuerpos aparecieron baleados y calcinados cerca de la frontera con Estados Unidos a finales de enero, anunciaron las autoridades mexicanas el martes.

Los 12 agentes estaban detenidos y enfrentan cargos de homicidio, abuso de la autoridad y falso testimonio, explicó el fiscal general del estado de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica.

El suceso revivió el recuerdo de la espantosa masacre de 72 migrantes cerca de la localidad de San Fernando, en el mismo estado plagado de bandas, en 2010. Aquellas muertes fueron perpetradas por un cártel del narcotráfico, mientras que es probable que a muchos les resulte más impactante que las del 22 de enero fuesen cometidas supuestamente por agentes.

El fiscal no explicó los motivos que podrían haber tenido los policías, aunque en México, agentes locales y estatales corruptos están a menudo a sueldo de los cárteles. Estas bandas suelen cobrar a los traficantes de migrantes por cruzar sus territorios y secuestran o matan al grupo del que no haya pagado o lo haya hecho a rivales.

Los cuerpos fueron hallados apilados en una camioneta calcinada en Camargo, al otro lado del río Bravo frente a Texas, en una zona marcada durante años por las sangrientas guerras territoriales entre los restos del cártel del Golfo y el antiguo cártel de los Zetas.

Por el momento solo cuatro de los muertos han sido identificados — dos guatemaltecos y dos mexicanos —, dijeron las autoridades, que no revelaron sus nombres. Pero familiares de uno de los fallecidos mexicanos dijeron que trabajaba como traficante de migrantes.

De los 19 cuerpos examinados por los expertos, 16 eran hombres, uno mujer y los otros dos estaban tan quemados que no se pudo determinar aún su género.

Los resultados forenses confirmaron los temores de las familias en una comunidad indígena rural en Guatemala, que dijeron haber perdido el contacto con 13 migrantes cuando se dirigían hacia Estados Unidos.

El vehículo con los cuerpos tenía 113 disparos, pero las autoridades estaban confundidas por el hecho de que apenas se hallaron casquillos de bala en el lugar. Inicialmente, esto llevó a los investigadores a especular con que los tiroteos podrían haber ocurrido en otra parte y que la camioneta fue llevada al lugar, donde se le prendió fuego.

Pero Barrios Mojica dijo que los sospechosos sabían que los restos podrían delatarlos, así que probablemente los recogieron.

“Cobra fuerza la teoría de la alteración de la escena del crimen, debido de la ausencia de casquillos y municiones”, afirmó el fiscal.

En su descripción de las horas previas a los asesinatos, Barrios Mojica señaló que la camioneta que llevaba a las víctimas posiblemente formaba parte de un convoy más grande de vehículos que llevaban a migrantes de Guatemala y El Salvador a cruzar la frontera de Estados Unidos de forma ilegal. En esos coches había también hombres armados para ofrecer protección.

El fiscal no descartó que el motivo de los asesinatos pudiese ser una disputa entre cárteles, que luchan por el territorio y el derecho a cobrar a los traficantes de personas por pasar por “sus” zonas.

La masacre es el último capítulo en la historia de corrupción policial en Tamaulipas. La mayoría de las ciudades y localidades de la región vieron como sus policías municipales se disolvían hace unos años porque sus agentes solían estar en la nómina de los cárteles. Se suponía que la respuesta era una fuera policial estatal más profesional, una creencia que se derrumbó con las detenciones anunciadas el martes.

Los familiares de migrantes de la provincia guatemalteca de San Marcos están tan convencidos de que 13 de los 19 fallecidos son sus seres queridos que algunos ya armaron altares tradicionales para los muertos, con flores y fotografías.

Algunos dijeron que fueron contactados por el traficante que llevó al grupo de 10 hombres y tres mujeres al norte para decirles que sus familiares estaban muertos. Según los parientes, perdieron el contacto con los desaparecidos alrededor del 21 de enero.