Guatemala. La detención de un reconocido periodista guatemalteco bajo señalamientos de lavado de dinero desató una serie de reclamos de activistas, políticos, religiosos, empresarios y comunicadores contra las autoridades de Guatemala tras considerarlo un abuso del sistema de justicia contra opositores y críticos del gobierno del presidente Alejandro Giammattei.

Las autoridades arrestaron la noche del viernes en su casa a José Rubén Zamora Marroquín, director de El Periódico, un medio que ha realizado investigaciones sobre corrupción en la administración de Giammattei. El periodista ha recibido reconocimientos internacionales como el premio Maria Moors Cabot en 1995 y en el Premio Internacional Rey de España en 2021.

“Es un plan orquestado, donde ahora no se persigue a corruptos, sino que a opositores”, expresó Eleonora Muralles, activista y defensora de derechos humanos, que agregó que hay una estrategia para cooptar el sistema de justicia y armar pruebas y casos contra opositores al gobierno de Giammattei.

La Conferencia Episcopal de Guatemala indicó en un comunicado de prensa que lo sucedido con Zamora siembra dudas sobre hasta dónde se sigue contando con un Estado de derecho efectivo en Guatemala.

“Los autoproclamados argumentos de justicia y de imperio de la ley son percibidos por muchos ciudadanos y profesionales del derecho más motivados por un espíritu de venganza que como actos imparciales de la administración de justicia”, afirmó la Conferencia.

Los religiosos también señalaron como responsables de este tipo de acciones a la Fundación Contra el Terrorismo, una organización de activistas de ultraderecha integrada por personas que defienden a militares acusados de crímenes de guerra y acusados de corrupción, quienes presentan denuncias y son atendidas de forma expedita por el Ministerio Público y el Organismo judicial.

La conferencia subrayó que el papel protagónico de la Fundación, en este caso y otros de persecución a operadores de justicia, le da un papel hegemónico que deja en condiciones de precariedad y sometimiento a las organizaciones de justicia.

Durante más de nueve horas, la fiscalía allanó el viernes la vivienda de Zamora Marroquín, a quien la fiscalía acusa de lavado de dinero. Los agentes incautaron dos teléfonos, dijo el periodista a su llegada a los tribunales a la medianoche del viernes.

El taller donde se imprime el matutino también fue allanado y ocho trabajadores fueron retenidos por más de 16 horas, mientras la fiscalía revisaba computadoras y busca documentos en oficinas del periódico. En sus redes sociales, el medio indicó que la fiscalía intentó detener la impresión de su periódico, que finalmente fue publicado.

El Periódico es uno de los medios que más investigaciones anticorrupción ha realizado sobre el gobierno de Giammattei. Entre sus pesquisas están los supuestos sobornos recibidos por el presidente de manos de ciudadanos rusos a cambio de apoyos o la presunta compra fraudulenta de vacunas contra el COVID-19. Giammattei ha negado las acusaciones.

Zamora Marroquín ha declarado a periodistas que iniciará una huelga de hambre en rechazo a su detención, luego que una juez de turno ordenó que permanezca en prisión y fijó para el lunes su audiencia de primera declaración.

“Tengo 36 horas sin comer ni tomar agua”, denunció.

Varios periodistas y activistas protestaron el sábado frente a los tribunales de justicia para exigir que sea liberado el periodista.

La fiscalía también detuvo a la auxiliar fiscal Samari Carolina Gómez, a quien acusa de revelar información confidencial a Zamora. La fiscal aseveró a The Associated Press la noche del viernes que su actuación siempre ha estado apegada a la ley.

Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, dijo a medios locales que Zamora fue detenido por delitos de lavado de dinero en su calidad de empresario y no por su labor periodística. Curruchiche fue sancionado por el Departamento de Estado estadounidense, acusado de obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia del país.

Según el diario, Consuelo Porras, que encabeza el Ministerio Público, dijo que investigaría a este medio tras la difusión de publicaciones en que señala actos de corrupción de políticos, entre ellos el presidente, quien ha dicho que es amigo de la fiscal.

El Departamento de Estado estadounidense también sancionó a Porras en 2021, acusándola de obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia y le retiró la visa de entrada a ese país.

El congresista demócrata Jim McGovern se dijo consternado por el arresto de Zamora y reiteró que “el periodismo no es un delito”.