CARACAS. Los rivales del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que han tomado las calles día tras día, han encontrado a una heroína inesperada: la fiscal jefe que ayudó a meter a muchos de ellos en prisión. 

Hasta hace poco, Luisa Ortega estaba considerada como una incondicional del gobierno socialista, responsable de docenas de detenciones con cargos falseados contra manifestantes contrarios al gobierno. Pero ahora se ve respaldada por la oposición y los partidarios desencantados del fallecido Hugo Chávez por su decisión de romper con Maduro, el sucesor designado por el “El Comandante”. 

Roberto Marrero, uno de los abogados del preso político más destacado del país, Leopoldo López, se encontró a sí mismo entre los miles de personas que acudieron a una reciente manifestación en apoyo de Ortega, cuya oficina procesó a López. 

“Cada Mandela necesita un De Klerk”, dijo, refiriéndose al presidente blanco que supervisó el fin del Apartheid en Sudáfrica. 

La aceptación de Ortega en la oposición venezolana, aunque estratégica e incómoda, subraya una sombría realidad tras tres meses de protestas paralizantes pero por ahora infructuosas: destituir a Maduro requerirá ganarse a algunos de sus aliados. 

Ortega, la desertora de mayor nivel por ahora, aporta una combinación única de historial revolucionario impecable, conocimiento de primera mano sobre el funcionamiento interno del gobierno y un cargo semiautónomo que pone trabas a las iniciativas del gobierno para centralizar el poder y aplastar a la oposición. 

“Lo que más preocupa al gobierno es un cisma en el movimiento gobernante”, señaló Francisco Toro, editor del blog opositor Caracas Chronicles. “En ese sentido, ella una amenaza mayor que 200,000 personas en la calle”. 

Hasta hace poco, los venezolanos no sabían mucho de esta abogada de 59 años, a la que habían visto en la televisión estatal durante años siguiendo de cerca la línea del gobierno. 

Ortega, hija de un ganadero en las llanuras centrales de Venezuela, estudió derecho en la ciudad de Valencia, donde ayudó a organizar protestas de estudiantes y trabajadores textiles a finales de la década de 1970 como miembro de la rama legal de una guerrilla clandestina conocida como el Partido de la Revolución Venezolana. 

Douglas Bravo, que dirigió el ahora disuelto grupo marxista, la recuerda como trabajadora y talentosa, y dijo que siempre defendió los principios de la democracia, el respeto a los derechos humanos y el antiimperialismo. 

Cuando Chávez asumió la presidencia del país en 1999, Ortega se mudó a Caracas para trabajar como asesora legal en un canal de televisión estatal. En 2002 se convirtió en fiscal federal y gestionó algunos de los casos más importantes, como el procesamiento de personas que organizaron un breve golpe contra Chávez ese año. 

En 2007 fue nombrada fiscal general y en 2014 fue reelegida para el cargo por la Asamblea Nacional, entonces afín a Maduro, derrotando a un candidato rival que según reportes era cercano a la primera dama, Cilia Flores. 

Su transformación ocurrió de forma gradual, según su esposo, el legislador socialista Germán Ferrer. 

Tras la muerte de Chávez en 2013, Ortega se molestó cuando altos cargos del gobierno maniobraron para sofocar algunas pesquisas de corrupción, señaló Ferrer. También empezó a distanciarse, en ocasiones de forma pública, de la estrategia policial cada vez más dura de Maduro en barrios pobres, así como el empleo de armas de fuego y milicias progobierno para controlar las protestas. En 2016 conmocionó a muchos al publicar estadísticas de homicidios, algo no se había hecho en varios años y que abochornó al gobierno al revelar el aumento de la violencia. 

Sin embargo, en su mayor parte mantuvo sus reparos lejos de la vista del público. 

Ferrer, socio en la rebelión cuidadosamente planeada de su esposa, dijo que ambos eran conscientes de que habría consecuencias cuando se salieran de la línea oficial. 

La oportunidad llegó a finales de marzo cuando el Tribunal Supremo, lleno de jueces cercanos al gobierno, despojó de sus últimas competencias a la Asamblea Nacional, ahora controlada por la oposición. La decisión desencadenó unas protestas en las que por ahora han muerto más de 90 personas y unas 1,500 resultaron heridas. Ortega rompió su silencio y acusó al gobierno de una “ruptura” democrática. 

Desde entonces ha ido subiendo el nivel de sus críticas, acusando al gobierno de “terrorismo de estado” y a Maduro de desmantelar la democracia venezolana con sus planes de reescribir la constitución impulsada por Chávez. 

También ha presentado cargos contra el jefe de la guardia nacional y la policía de inteligencia, acusándolos de violaciones de derechos humanos en la represión de las protestas. 

Muchos opositores sospechan que la fiscal tiene acceso a información perjudicial sobre corrupción en el círculo interno de Maduro, aunque ella no ha dado indicios de que vaya a jugar esa carta. 

Ortega envuelve sus críticas en el lenguaje de Chávez cuando habla con los venezolanos, muchos de los cuales aún veneran al carismático líder. Los sondeos dicen que están hartos de Maduro, pero que también desconfían de una oposición dominada de forma tradicional por la élite. 

El gobierno ha respondido con intentos de desacreditar y destituir a Ortega. 

Ferrer señaló que en los días posteriores a la ruptura de su esposa con Maduro, el gobierno le retiró la escolta de 10 guardaespaldas armados y ante su oficina aparecieron autos de la temida policía de inteligencia. 

Cuando pidió al Supremo que anulara el apresurado nombramiento de 13 magistrados designados en los últimos días de la legislatura anterior, los líderes del partido socialista reclamaron que la procuradora pasara una evaluación psiquiátrica. También iniciaron un proceso en el Supremo para destituirla en una aparente violación de la Constitución, que indica que sólo el parlamento puede contratar y despedir al máximo responsable de las fuerzas de seguridad en el país. 

No todo el mundo está convencido de su transformación. Algunos opositores dicen que Ortega intenta limpiar su imagen antes de retirarse para evitar ser blanco de las sanciones estadounidenses impuestas a otros jueces y procuradores venezolanos. Tampoco le han perdonado su papel en la persecución de manifestantes durante la represión de las protestas contra el gobierno en 2014. 

“Sus acciones presentes no borran por arte de magia su responsabilidad sobre violaciones de derechos cometidas durante su mandato”, dijo José Miguel Vivanco, director para las américas de Human Rights Watch. “Pero su pasado no empaña la relevancia de la excepcional contribución que está haciendo hoy para utilizar el poder de su cargo para ayudar a exponer la maquinaria represiva de Maduro”.