Organizaciones de mujeres indígenas señalaron este lunes que el 79.2 % de los hogares indígenas de áreas rurales de Guatemala viven en condiciones de pobreza y presentaron una serie de recomendaciones al Estado para garantizar respeto a los derechos humanos.

“La discriminación racial persiste por la ausencia de voluntad política del Estado de Guatemala”, señala un comunicado difundido por el Movimiento de Mujeres Indígenas T ́zununija’.

Este movimiento, conformado por 85 organizaciones de mujeres, presentó un informe sobre la situación de las mujeres indígenas en Guatemala en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En este informe destacan que siendo Guatemala un país con más de 7 millones de pobladores indígenas, el 79.2 % vive en condiciones de pobreza, sobre todo en las áreas rurales del país.

Además, la organización señala que Guatemala no está alcanzando los compromisos en materia de derechos de mujeres indígenas que fueron pactados durante la firma de acuerdos de paz en 1996.

“El racismo que aún enfrentamos es estructural y atraviesa toda la institucionalidad del Estado”, indica el informe y asegura que en el pasado gobiernos han aprobado normativas para acordar la brecha de desigualdad pero no han sido aplicadas.

Por ejemplo, en 2014 el Gobierno del entonces presidente, Otto Pérez Molina, aprobó la “Política pública para la convivencia y la eliminación del racismo y la discriminación racial”.

Las organizaciones de mujeres indígenas aseguran que aunque la política es funcional esta se quedó estancada y recomendaron que ya no sea administrada por la presidencia sino que sea canalizada por algún ente ministerial capacitado.

DEFENSORAS DE DERECHOS CRIMINALIZADAS

El Movimiento de Mujeres Indígenas T ́zununija’ señala que entre 2019 y 2021 se registró la detención de 28 defensoras y activistas de derechos humanos de origen indígena en Guatemala.

“No existen medidas de protección individuales o colectivas culturalmente adecuadas para pueblos o personas indígenas en situaciones de riesgo”, indica el informe.

Durante 2022, la activista maya Nanci Sinto fue enviada a juicio por supuestamente realizar pintas en el edificio del Congreso de Guatemala durante una manifestación en el 2020.

Además, en julio pasado María Choc, una opositora de una minera de níquel ubicada en un pueblo maya del caribe guatemalteco, fue sentenciada a dos años de prisión conmutables por el delito de usurpación agravada.

El informe recomienda al Estado reconocer el papel importante de las mujeres defensoras a nivel comunitario y diseñar una política pública para defensores de derechos humanos.