Santiago de Chile. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, reconoció hoy que en el país austral se practica el aborto de forma clandestina y defendió el proyecto de su Gobierno que busca despenalizar la interrupción del embarazo en tres causales.

"Hay una conversación de cosas no dichas: en Chile hay aborto", afirmó la mandataria este domingo en una entrevista concedida a radio La Clave.

La presidenta aseguró que las chilenas con recursos económicos practican el aborto con garantías sanitarias mientras que los que no los tienen deben exponerse a procedimientos médicos inadecuados que ponen en riesgo sus vidas.

"La gente que tiene buenos recursos lo hace en buenas condiciones, y la gente que no los tiene lo hace en malas condiciones y con riesgo para la mujer", aseveró.

Unas declaraciones muy similares a las que hizo el pasado diciembre la exministra de salud, Helia Molina, en las que aseguraba que "en todas las clínicas cuicas (elegantes), muchas familias conservadoras han hecho abortar a sus hijas. Las personas con más dinero no requieren de leyes, porque tienen los recursos".

Tras hacer estas afirmaciones y desatar una polémica, la exministra renunció a su cargo para evitar que la controversia pudiera distraer al gobierno de su tarea.

Por otra parte, Bachelet recalcó que la iniciativa lanzada por su gobierno, que prevé la despenalización del aborto en caso inviabilidad fetal, riesgo de vida de la madre y violación, busca "preservar la dignidad de la mujer".

Asimismo, añadió que las encuestas muestran que "más del 70 % de los consultados están de acuerdo con todas las causales" aunque la presidenta admitió que se trata de un tema "sobre el que hay opiniones distintas".

"Nos estamos haciendo cargo de temas de salud y también de temas de la dignidad de la mujer, y queremos que la mujer, de manera informada, pueda tomar una decisión", agregó Bachelet.

La iglesia católica y representantes de partidos de derechas han manifestado repetidamente su oposición a la aprobación.

En Chile, el aborto terapéutico existió durante la mayor parte del siglo pasado, pero la dictadura de Augusto Pinochet lo convirtió en delito en 1989, en las postrimerías de su régimen de 17 años.

Las mujeres que viven embarazos complejos y dolorosos y que toman la difícil decisión de interrumpirlos, se ven empujadas a viajar al extranjero o arriesgarse a abortos clandestinos e inseguros, poniendo en riesgo su vida y exponiéndose a la criminalización; o bien, se ven obligadas a continuar embarazos contra su voluntad.

Actualmente, Chile es uno de los pocos países del mundo que mantiene una prohibición legal absoluta del aborto. 

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