Con la destitución por unanimidad de la fiscal general de Venezuela la Asamblea Constituyente demostró el sábado que irá tras los opositores, tal como había advertido el presidente Nicolás Maduro. 

En menos de 24 horas el organismo dejó claro que sus poderes son virtualmente ilimitados. A primera hora de la mañana agentes de seguridad blindaron el acceso al Ministerio Público a la fiscal Luisa Ortega Díaz, removida poco después en la cámara al grito de “traidora” y “la justicia llegó”. 

Diosdado Cabello, líder del oficialismo y uno de los 545 delegados de la Asamblea Constituyente, justificó la destitución de Ortega Díaz, a quien prohibieron salir del país y embargaron todos sus bienes. 

"Ortega se había convertido en centro de la injusticia", dijo Cabello, quien advirtió de que otra de sus promesas, la eliminación de la inmunidad parlamentaria de los miembros de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, está muy cerca. 

“Hay personas que han hecho uso abusivo de la inmunidad parlamentaria... para encender un país, para incendiarlo”, agregó sobre los congresistas que impulsan a marchar en las calles contra el gobierno. Los legisladores advirtieron que sólo abandonarán sus escaños por la fuerza. 

Gobiernos y grupos de defensa de los derechos humanos han denunciado constantes ataques contra Ortega Díaz, que será reemplazada provisoriamente por Tarek William Saab, un aliado de Maduro y recientemente sancionado por Estados Unidos por no proteger a los manifestantes de abusos en su papel de Defensor del Pueblo. 

Pese a las críticas de la comunidad internacional a la Constituyente, que según Estados Unidos consagra la “dictadura de Maduro”, Washington descartó por ahora una intervención militar en el país sudamericano, dijo el principal asesor de seguridad del presidente Donald Trump en una entrevista el sábado. 

Por decisión del Tribunal Supremo de Justicia, Saab había asumido en julio algunas de las potestades de la Fiscalía. La destitución de Ortega en la Constituyente también se inspiró en una sentencia de esa corte. 

Ortega Díaz, simpatizante por años con el expresidente Hugo Chávez pero divorciada del oficialismo hace unos meses, investigaba a varios miembros de la fuerza pública por abrir fuego contra los manifestantes alzados contra el gobierno desde abril en protestas que han dejado más de 120 muertos, casi 2.000 heridos y más de 500 detenidos. También pidió investigar un supuesto fraude durante la elección de la Constituyente. 

Más temprano, Ortega Díaz había denunciado que cuerpos de seguridad le impidieron ingresar a su despacho en la sede del Ministerio Público. 

"No me dejan pasar, lamentablemente ustedes no vieron cómo me empujaron, cómo me atacaban con los escudos para que no entrara a la sede del Ministerio Público", dijo Ortega Díaz a periodistas. También aseguró que golpearon a sus escoltas. 

El abogado constitucionalista Hermann Escarra, miembro de la Constituyente, dijo a periodistas que Ortega Díaz "quedaría sometida a la jurisdicción penal” y que “asumirá su defensa de acuerdo a los tratados internacionales. En Venezuela hay un Estado de derecho". 

La declaración de emergencia en el Ministerio Público podría extenderse por tres o cuatro meses, agregó. 

En tanto, el Mercosur suspendió este sábado a Venezuela del bloque económico por violar las normas democráticas con la convocatoria de la Asamblea Constituyente, un gesto interpretado como autoritario y que recibió un duro rechazo de la comunidad internacional. 

La Asamblea Constituyente, fiel a Maduro y con el mandato de reformar la carta magna, empezó a trabajar el sábado y se fijó un plazo funcionamiento de hasta dos años. 

Escarra comentó que ese plazo "permitirá no sólo la redacción de la nueva constitución, sino también tomar las decisiones de orden económico que está pidiendo el país a gritos" y "restaurar el Estado de derecho, la no impunidad y la justicia”. 

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenó la “violación flagrante” de la independencia institucional de la fiscal. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares de protección para Ortega Díaz, al afirmar que corre peligro. 

Activistas de la oposición han sido encarcelados en los últimos días y otros parecen estar buscando el exilio. Maduro acusa a sus oponentes de “terroristas” y asegura que la Constituyente es la mejor manera de restaurar la paz. 

La oposición boicoteó la elección de la Constituyente del domingo alegando que las reglas beneficiaban al gobierno. La indignación aumentó cuando la empresa que presta los servicios de voto electrónico en Venezuela dijo que las elecciones habían sido manipuladas. Según el Consejo Nacional Electoral, la participación fue de ocho millones de electores mientras que una encuesta independiente sugiere que fueron menos de cuatro millones. 

La Constituyente está formada por sindicalistas, trabajadores y ciudadanos con discapacidades pero también miembros de la familia de Maduro y antiguos ministros. La comunidad internacional, incluido Estados Unidos, el Vaticano, la Unión Europea y varios países de la región, desconocen a la Asamblea. 

Venezuela atraviesa la tensión política en medio de una crisis dominada por una galopante inflación de tres dígitos, una severa escasez de alimentos, medicinas y otros productos básicos y una contracción económica que según estimaciones del Fondo Monetario Internacional podría alcanzar este año el 12%.