Santiago de Chile.- La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las condenas a prisión, aunque modificó algunas penas, a 33 exagentes de la policía secreta, por los secuestros calificados de los últimos cinco desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, informaron fuentes judiciales.

Se trata de los casos Julián Peña Maltés, Alejandro Pinochet Arenas, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete y Julio Muñoz Otárola, militantes del Partido Comunista, que desaparecieron en septiembre de 1987 tras ser detenidos por la Central Nacional de Informaciones (CNI).

Los cinco pertenecían además al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), un grupo considerado el brazo armado del Partido Comunista, que recurrió a la lucha guerrillera contra la dictadura y el fallo de primera instancia fue dictado en octubre de 2013 por el juez especial Mario Carroza.

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El tribunal de alzada ratificó las condenas de quince años de prisión, como autores de los delitos, al general Hugo Salas Wenzel, exjefe de la CNI y al mayor Álvaro Corbalán Castilla, exjefe operativo del organismo represor, ambos actualmente en la cárcel, cumpliendo penas por otros casos de violaciones a los derechos humanos.

A diez años y un día fueron sentenciados Iván Quiroz Ruiz y Gonzalo Maass del Valle también como autores, mientras a otros 19 agentes, uno de ellos mujer, se les aumentó la pena desde cinco años y un día a diez años y un día de prisión.

Al exagente Luis Sanhueza Ross, el tribunal le mantuvo la pena de 5 años y un día de presidio, como autor de los ilícitos, en tanto que a otros dos se les elevó la pena de 3 años y un día a una de 5 años y un día, también como autores.

A otros cinco agentes se les elevó la pena de primera instancia, de tres años y un día, a cinco años y un día como cómplices de los delitos, mientras dos más recibieron una pena de tres años y un día de presidio, que podrán cumplir en libertad vigilada, como cómplices, elevándose la pena inicial de 541 días como encubridores.

En el aspecto civil, la Corte de Santiago confirmó que el Fisco debe pagar indemnizaciones por un total de 380 millones de pesos (unos 603,000 dólares) a los familiares de las víctimas.