Santiago. Más de dos tercios de los chilenos votaron el domingo por reemplazar la Constitución instaurada hace 40 años por la dictadura militar, reveló la autoridad electoral al tener contabilizadas el 99.4% de las mesas en un histórico plebiscito al que fueron convocados 15 millones de ciudadanos, la mayoría cansados de las desigualdades sociales y económicas que caracterizan a la nación sudamericana.

El Servicio Electoral precisó que con 7.4 millones de votos escrutados, el 78.2% —equivalente a 5.8 millones de sufragios— favoreció la opción apoyada por la oposición de centroizquierda de reemplazar la Carta Magna del dictador Augusto Pinochet (1973-1990) y un 21.7% —1.6 millones— optó por la propuesta de la mayoría del oficialismo derechista de mantenerla.

Los primeros resultados también revelaron que un 79% de los sufragios favoreció que la Ley Fundamental sea redactada por 155 ciudadanos electos, opción planteada por la disidencia, frente a un 20.76% que votó porque sea escrita por 172 personas, la mitad electos y la otra mitad de diputados y senadores en ejercicio.

Los chilenos que votaron en el extranjero también dijeron que quieren una nueva Carta Magna. Más de un 86% voto por el reemplazo. Unos 60,000 chilenos sufragaron en 219 mesas de votación en 65 países.

El resultado del referéndum es vinculante, es decir, debe ser acatado.

Lucía Damerth, licenciada en historia de la Universidad Católica y académica de la Universidad de Santiago, señaló a AP que “nadie, absolutamente nadie, salvo los sectores ultraricos han estado efectivamente vinculados al mantenimiento de la Constitución”, que es vista por la ciudadanía como “un elemento de mayores niveles de desigualdad y una herramienta obsoleta”.

Desde el mundo de los ambientalistas, Matías Asún, director nacional de Greenpeace Chile, felicitó el proceso de “participación democrática” de los chilenos y agregó que “el camino que iniciamos para construir una nueva Constitución es una oportunidad histórica para revertir las profundas inequidades e injusticias sociales y ambientales existentes en el país... para reconocer nuestro carácter plurinacional y priorizar la protección de la naturaleza”.

Poco antes, en un discurso al país, el presidente centroderechista Sebastián Piñera, que se oponía a una nueva Carta Magna, dijo que “este plebiscito no es el fin. Es el comienzo de un camino, que juntos deberemos recorrer para acordar una nueva constitución para Chile”.

Mientras Piñera hablaba, miles de chilenos se lanzaron a celebrar el resultado del referéndum en una céntrica plaza usada para los festejos y las protestas. Similares festejos se celebraban en plazoletas de la periferia de la ciudad.

Paulina León, de 30 años, dijo que “lo que pasó en el estallido social ahora se ve reflejado en el resultado del plebiscito. Yo fui parte de las marchas de hace un año y tengo que hacerme cargo de mi decisión y ayudar a que se construya una Constitución digna”, dijo feliz a The Associated Press mientras celebraba en la calle.

Felipe Caviedes, de 32 años, fue otro de los miles que salió a celebrar “porque soy parte de la diversidad social que estuvo marginada 30 años en este país y ahora, por fin, lo podemos crear nosotros. Ahora se vienen cambios de verdad”.

La presidenta de la conservadora Unión Demócrata Independiente, Jacqueline van Rysselberghe, que favorecía mantener la Carta Magna actual, dijo a la prensa que su colectividad fue la única de la alianza gobiernista que “que representó con una posición única al Rechazo y si nosotros representamos al 20% de Chile, la verdad es que creo que es una buena representación”.

Van Rysselberghe encabeza el único partido oficialista que cerró filas con el rechazo al cambio constitucional. En los otros tres partidos oficialistas hubo militantes que favorecían su cambio, incluso algunos ministros

El plebiscito, que se desarrolló en un ambiente de tranquilidad durante casi toda la jornada, tiene lugar a un año del violento estallido social y las gigantescas protestas subsiguientes contra las profundas desigualdades sociales en Chile que empujaron a un acuerdo político que convocó al referéndum, que se vivió en medio de estrictas medidas sanitarias debido a la pandemia que tiene a Chile con 500,000 contagiados y 13,800 fallecidos.

Empero, al atardecer unos 200 encapuchados se enfrentaban a la policía en la céntrica Plaza Italia. Los manifestantes eran dispersados con gases lacrimógenos y gruesos chorros de agua, pero se volvían a reagrupar. Más tarde, miles de personas empezaron a congregarse con ánimo festivo a la misma plazoleta, escenario de las manifestaciones en la capital chilena.

El arrollador triunfo del “Apruebo” marcará el inicio de un proceso constituyente que culminaría con un nuevo plebiscito a mediados de 2022 en que los chilenos votarán si aceptan el texto propuesto.

La decisión democrática de escribir una nueva Constitución pondría en el debate temas como cuál debe ser el papel del Estado en derechos como la salud y la educación. La Ley Fundamental vigente desde 1981 marca diferencias entre la salud pública y privada. Lo mismo sucede en la enseñanza. Además, permitió la privatización del sistema de pensiones, que entrega jubilaciones muy bajas para los que tienen menos dinero.

El modelo económico y social de libre mercado fue mantenido por la oposición de centroizquierda que llegó al poder tras la restauración de la democracia en 1990.

Las principales demandas expresadas en las protestas que siguieron al estallido de hace un año expresaron el descontento de una mayoría con las jubilaciones, la salud y la educación, entre muchas otras. Hasta ese momento Chile era considerado como uno de los países más modernos y prósperos de la región, cuando se desconocía la magnitud del descontento social.

También hace un año era impensable reformar la Constitución legada por la época de Pinochet porque exige 2/3 de los votos (66%) de diputados y senadores, porcentaje que no tienen ni el oficialismo ni la oposición.

La exigencia de la súpermayoría se extiende a otras leyes muy importantes. En Chile el agua puede ser usada por los dueños de los derechos de uso y un intento opositor por transformarla en un bien de uso público fracasó a comienzos de este año porque la oposición no tuvo los 2/3 de los votos. Sí está asegurado el consumo humano.

La oposición buscará enfrentar unida la elección de los constituyentes el 11 de abril de 2021, lo que no logró en la campaña electoral previa al plebiscito. El mismo objetivo perseguirá el oficialismo, que al interior de tres de los cuatro partidos de la alianza gobiernista tuvo sectores que favorecieron cambiar la Constitución.

La nueva Ley Fundamental propuesta por la convención que la redactará deberá ser aprobada o rechazada en un plebiscito con voto obligatorio que será convocado el segundo semestre de 2022.

Si gana el rechazo en el plebiscito del 2022 seguirá vigente la Constitución de la dictadura militar.