Diez personas, incluido un presunto capo reclamado por Estados Unidos, han asesinadas en Sinaloa, en el noroeste de México, en hechos relacionados con la captura del narcotraficante Ismael “Mayo” Zambada, lo que llevó a reforzar la seguridad en la zona con 600 militares.

Cuatro de los homicidios se registraron el pasado viernes y seis más el sábado, detalló el lunes en una rueda de prensa el gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en el centro de una polémica tras ser involucrado por Zambada en los hechos que rodearon su detención en Estados Unidos.

Los crímenes están vinculados “al entorno que se está dando después del 25 de julio, cuando ocurrió la captura de dos personajes de las organizaciones delincuenciales”, añadió el gobernador.

Se refería a Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo del encarcelado narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, detenidos tras aterrizar ambos en un avión privado en Nuevo México. Tanto México como Estados Unidos niegan haber planificado la operación.

“El Mayo”, jefe histórico y cofundador del Cártel de Sinaloa junto al Chapo, aseguró recientemente en una carta que fue secuestrado y entregado por Guzmán López, también integrante de esa banda, quien lo había invitado a una reunión con Rocha.

El gobernador de Sinaloa rechaza esa versión, señalando que el 25 de julio estaba en Los Ángeles.

Una de las personas asesinadas el fin de semana es, según medios locales, Martín García Corrales, presunto colaborador de Zambada y por quien Estados Unidos ofrecía una recompensa de cuatro millones de dólares.

El gobernador no confirmó si uno de los asesinados es García Corrales, a quien una corte del Distrito Sur de Nueva York acusó en 2023 de conspiración para importar fentanilo y posesión de ametralladoras y “dispositivos destructivos”, según una ficha publicada por el Departamento de Estado estadounidense en su sitio web.

Esa reseña identifica a García Corrales como un “estrecho colaborador” de Zambada, por quien Washington ofrecía 15 millones de dólares.

Refuerzan seguridad en Culuacán, Sinaloa, tras captura de “El Mayo”

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su habitual conferencia de prensa que su gobierno desea que “no se agrave la situación en Sinaloa”, estado que tras la captura de Zambada se ha mantenido “muy estable en cuanto a violencia”, añadió.

Sin embargo, el lunes fueron enviados 600 soldados para “reforzar la seguridad en Culiacán”, capital del estado, según una fuente castrense.

Los uniformados recorrieron las principales calles de la ciudad, encabezando la columna vehículos equipados con armamentos de grueso calibre.

Se trata del segundo envío de tropas a la región tras la captura de Zambada, que ha hecho temer por una guerra entre la facción que él lideraba y la que encabezan “los chapitos”, como son conocidos los hijos del Chapo, que purga cadena perpetua en Estados Unidos.

Un día después del arresto fueron desplegados 200 efectivos de las fuerzas especiales del Ejército en previsión de una “disputa” entre bandas, según dijo entonces un oficial.

Hasta la semana pasada la situación en Sinaloa se mantenía en relativa calma, pese a que el Mayo había acusado a Guzmán López de llevarlo a Estados Unidos contra su voluntad.

En la carta difundida por su defensa el pasado 10 de agosto, el Mayo llamó a evitar una confrontación armada, lo que expertos en seguridad como Mike Vigil, exagente de la DEA, consideraron una maniobra para no debilitar al Cártel de Sinaloa frente a su gran enemigo, el Cártel Jalisco Nueva Generación.

De hecho, Vigil cuestionó el ánimo pacifista de Zambada. “¿Cuándo le ha importado la violencia?”, planteó el exagente, quien cree que Guzmán López entregó al Mayo porque estaba negociando beneficios para él y su hermano Ovidio, extraditado a Estados Unidos, y en “venganza” porque un hermano y un hijo de Zambada declararon contra el Chapo en su juicio en Nueva York.

Renuncia fiscal de Sinaloa tras asesinato del diputado electo Héctor Cuén

Sara Quiñónez, fiscal de Sinaloa, presentó su renuncia después de que autoridades federales desacreditaron su investigación sobre la muerte del diputado electo Héctor Cuén, vinculado por Zambada en su detención.

Según sus pesquisas, Cuén fue asesinado en un intento de robo en una gasolinera, mientras que el Mayo sostiene que lo mataron durante el encuentro en el que fue secuestrado para llevarlo a Estados Unidos.