Brasilia. El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, no reconoció el martes los resultados de las elecciones que perdió ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, en sus primeros comentarios desde que se dieron a conocer los resultados hace dos días.

Pero después, el jefe de gabinete, Ciro Nogueira, dijo a los periodistas que Bolsonaro lo autorizó a comenzar el proceso de transición.

En su breve discurso, el presidente no mencionó los resultados de las elecciones, aunque dijo que continuará siguiendo las reglas de la Constitución.

“Siempre me han etiquetado como antidemocrático y, a diferencia de mis detractores, siempre he jugado dentro de las cuatro líneas de la Constitución”, afirmó Bolsonaro, flanqueado por más de una docena de ministros y aliados, ante periodistas en la residencia oficial.

Bolsonaro perdió la contienda del domingo por un margen estrecho, al obtener el 49.1% de los votos por 50.9% de Lula, según la autoridad electoral nacional. Fue la carrera presidencial más reñida en el país desde la reinstauración de la democracia en 1985, y representa la primera vez que Bolsonaro pierde una elección en sus 34 años de trayectoria política, que incluye siete contiendas por un escaño en la cámara baja del Congreso.

El mandatario derechista ha cuestionado reiteradamente la fiabilidad del sistema electoral de su país, asegurando que las máquinas de votación electrónicas son propensas al fraude. Nunca presentó evidencia alguna, ni siquiera cuando el tribunal electoral se lo ordenó.

Eso llevó a muchos analistas políticos a advertir que Bolsonaro parecía sentar las bases para rechazar los resultados de la elección.

En los últimos días, y sin una declaración pública de Bolsonaro, camioneros y otros de sus simpatizantes bloquearon cientos de vialidades del país. Muchos afirmaron que las elecciones habían sido fraudulentas e incluso algunos pidieron la intervención de las fuerzas armadas y la disolución del Congreso y del Supremo Tribunal Federal.

El Supremo Tribunal Federal había ordenado el martes a la policía federal de caminos despejar las carreteras.

La mayoría de los jueces del tribunal respaldó la decisión, la cual acusa a la policía de caminos de “omisión e inercia”. El incumplimiento supone que su director puede ser multado con hasta 100.000 reales (más de 19.000 dólares) por hora, ser destituido e incluso ser arrestado.

Los fiscales federales en los estados de Sao Paulo y Goiás dijeron que habían abierto investigaciones sobre los bloqueos, pero aún quedaban más de 260.

“No hay duda de que, aunque no sea el responsable directo de estas acciones, todo lo que él ha hecho como presidente avivó esto, especialmente el cuestionamiento del proceso electoral y de las papeletas”, aseguró Williams Gonçalves, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

“Bolsonaro está completamente aislado. Todos los responsables de las demás instituciones ya han reconocido los resultados electorales”, agregó.

En Sao Paulo, el estado más poblado y con la economía más grande de Brasil, los congestionamientos viales en las inmediaciones del aeropuerto internacional provocaron la cancelación de decenas de vuelos.

En redes sociales circulaban videos de viajeros caminando con sus maletas en medio de la noche a lo largo de la autopista hacia el aeropuerto para tratar de alcanzar sus vuelos. El acceso se restableció parcialmente a partir de la mañana del martes, pero funcionarios del aeropuerto dijeron que el acceso seguía siendo complicado, ya que aún había atascos de tráfico.

Ahí, Dalmir Almeida, un manifestante de 38 años, dijo a The Associated Press que después de completar tres días de paro, él y otros inconformes conducirán sus camiones hacia los cuarteles militares para pedir su apoyo. “El ejército estará a nuestro favor”, aseguró.

En otro bloqueo en el estado de Sao Paulo, los manifestantes prendieron fuego a neumáticos. Varios manifestantes estaban envueltos en la bandera brasileña, cuyos colores han sido utilizados por el movimiento conservador de la nación en las manifestaciones. Se podían ver enormes filas de autos serpenteando a lo largo de la carretera.

Los temores de una escalada crecieron en momentos en que el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra — un importante aliado de Lula que ha ocupado desde hace tiempo lo que considera tierras vacantes o sin explotar — pidió a sus partidarios que organizaran manifestaciones en varios estados para despejar los caminos.

El gobernador de Sao Paulo, Rodrigo Garcia, dijo en conferencia de prensa que se había terminado el tiempo de negociaciones y no descartaba el uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales.

“A partir de este momento, vamos a aplicar lo que determinó la decisión (del Supremo Tribunal Federal), comenzando con multas de 100.000 reales por hora para cada vehículo que participe en esta obstrucción”, declaró.

En Minas Gerais, un estado clave durante las elecciones, un video en redes sociales mostraba a un manifestante diciéndole a un reportero de O Tempo que la elección fue “fraudulenta” y que habrá más protestas. “No nos detendremos mientras no tengamos una respuesta de nuestro presidente”, aseguró el hombre. “Queremos a Bolsonaro en 2023 y durante los próximos años”, agregó.

En Itaboraí, una región en el estado de Río de Janeiro, un reportero de Associated Press vio a camioneros arrodillándose frente a los policías y rehusándose a evacuar.

Usuarios de redes sociales, incluyendo varios grupos en Telegram y WhatsApp con nombres como “Paralización”, compartieron sus exigencias de que las fuerzas armadas tomen las calles o de que el Congreso y el Supremo Tribunal Federal sean disueltos, y que Bolsonaro permanezca en el cargo.

Después de los comicios, la autoridad electoral bloqueó alrededor de una veintena de grupos de Telegram que promovían un golpe de Estado militar y pedían a sus más de 150.000 seguidores que organizaran protestas, según el portal noticioso UOL.

La decisión del martes del Supremo Tribunal Federal permite que las fuerzas policiales estatales regulares refuercen a la policía federal de caminos, y los gobernadores de los estados de Río de Janeiro y Sao Paulo ordenaron su despliegue, según varios reportes de prensa. Lo mismo ocurrió en 2018, cuando un paro de camioneros paralizó al país durante 11 días.

Bolsonaro cuenta con un amplio apoyo de las fuerzas policiales y no estaba claro qué tan efectiva sería su participación en las protestas.

El Partido de los Trabajadores, al que pertenece Lula, acusó a la campaña de Bolsonaro de desplegar la fuerza policial para crear congestionamientos viales y disuadir a la población de votar el día de las elecciones, y en redes sociales se publicaron videos de agentes que detenían autobuses.

Alexandre de Moraes, quien preside la autoridad electoral de la nación, dijo que los votantes sí llegaron a las urnas y que los retenes de la policía simplemente los demoraron.

La huelga de camioneros de 2018 provocó un aumento en los precios de los alimentos y dejó los estantes de los supermercados vacíos, mientras que las gasolineras se quedaron sin combustible. La protesta causó pérdidas multimillonarias y puso de manifiesto el gran poder que poseen los conductores de camiones, particularmente cuando se organizan a través de las redes sociales.

Bolsonaro, legislador en ese momento, era un partidario abierto de los camioneros, que se convirtieron en una de sus bases electorales. Este año, su gobierno limitó los impuestos interestatales al combustible a fin de ayudar a bajar los precios y lanzó un programa de ayuda financiera para los camioneros meses antes de los comicios.