El Ejecutivo de Barbados, liderado por la primera ministra, Mia Mottley, reconocerá las uniones civiles de parejas del mismo sexo si es aprobado en consulta popular, medida con la que el pequeño territorio caribeño quiere alejarse de los países más retrasados en reconocer los derechos de los homosexuales.

“La Administración de Mia Mottley hará lo correcto, entendiendo que esto también generará controversias”, dijo sobre la iniciativa la gobernadora general, Dame Sandra Mason, durante su discurso de apertura del nuevo mandato del Parlamento de Barbados.

“Estamos dispuestos a reconocer una forma de unión civil para parejas del mismo sexo a fin de garantizar que ningún ser humano en Barbados sea discriminado en el ejercicio de los derechos civiles”, dijo Mason.

“Barbados nació y se consolidó en la discriminación, pero ha llegado el momento de poner fin a la discriminación en todas sus formas. Deseo enfatizar que no se permitirá ninguna forma de matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que este asunto se llevará a referéndum. Mi Gobierno aceptará y se guiará por el voto de la ciudadanía”, matizó.

Dijo que si Barbados quiere figurar entre las naciones progresistas del mundo debe cambiar el modo en el que se trata la sexualidad y las relaciones humanas.

“Tenemos la esperanza de que, con el paso del tiempo, los cambios que ahora proponemos sean parte de la historia de nuestro país en materia de derecho, derechos humanos y justicia social”, agregó Mason.

En el prefacio de este anuncio, hizo referencia a otra legislaciones controvertidas como el sufragio universal de adultos y el derecho al voto de la mujer, la educación secundaria gratuita, el fin de los abortos clandestinos a través de la Ley de Terminación Médica del Embarazo y la Ley de Compra de Propiedad por Arrendamiento en el decenio de 1980, que abrió la posibilidad de la propiedad de la tierra a quienes antes no podían pagarla.

“Barbados tomó estas decisiones porque eran lo correcto y porque era la dirección correcta para nuestra cultura, circunstancias sociales y económicas. Ahora aceptamos estos derechos como esenciales y parte del tejido social y legal nacional. Sin embargo, en el momento en que se tomaron cada una de estas decisiones fue muy controvertida y hubo oposición acérrima”, concluyó.