Caracas.- Las autoridades venezolanas sacaron de sus casas en mitad de la noche del martes a los líderes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma. Son las primeras medidas del presidente contra sus enemigos después de una criticada votación que le dio a su gobierno poder casi ilimitado.

La esposa de Leopoldo López compartió en Twitter lo que parecía ser un video de cómo se sacaba a su marido de casa pasada la medianoche.

“Se acaban de llevar a Leopoldo de la casa. No sabemos dónde está ni a dónde lo llevan”, tuiteó la esposa de López, Lilian Tintori.

Por su parte, los aliados del exalcalde de Caracas Antonio Ledezma difundieron en internet un video en el que agentes de seguridad se llevaban a un hombre que parecía ser el líder opositor mientras una mujer pedía a gritos ayuda de los vecinos.

“¡Se están llevando a Ledezma!, exclama la mujer. “¡Dictadura!”.

López fue detenido hace tres años tras protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, y condenado a más de diez años de prisión por acusaciones de que incitó a la violencia a los manifestantes. Fue liberado el mes pasado para cumplir el resto de su condena bajo arresto domiciliario. Ledezma, exalcalde de Caracas, también fue detenido en 2015 y estaba bajo arresto domiciliario.

Ambos habían compartido vídeos recientes en internet en los que condenaban la decisión de Maduro de celebrar unas elecciones el domingo a una Asamblea Constituyente que reescriba la constitución y transforme el sistema político venezolano.

Maduro dijo en la noche del lunes que no tiene ninguna intención de cambiar sus planes de redactar una nueva carta magna y perseguir a una serie de enemigos, desde canales independientes de noticias en Venezuela a hombres armados que, afirmó, habría enviado la vecina Colombia para sabotear los comicios como parte de una conspiración internacional encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"No me intimidan las amenazas y sanciones del imperio, no me intimida nada en este mundo", dijo el mandatario venezolano en un acto emitido en la televisión nacional, en el que dijo que no recibía órdenes del imperio y retó a Trump a imponer más sanciones.

Unas horas antes, Washington incluyó a Maduro en la creciente lista de funcionarios venezolanos de alto rango afectados por sanciones financieras, subiendo la presión con una táctica que hasta ahora no ha alterado el comportamiento del gobierno socialista venezolano.

Por ahora, el gobierno de Trump no ha cumplido las amenazas de sanciones contra la industria petrolera venezolana, lo que podría socavar al gobierno de Maduro pero también subir los precios del combustible en Estados Unidos y agravar la crisis humanitaria en el país sudamericano.

Las sanciones se aprobaron después de que las autoridades en Caracas dijeran que ocho millones de personas habían votado el domingo para crear la Asamblea Constituyente, una cifra cuestionada por analistas independientes. Varios gobiernos del continente americano y Europa tacharon la consulta de ilegítima.

El Consejo Electoral Nacional de Venezuela dijo el domingo que la participación en los comicios había sido del 41,53%, o 8,089.320 personas. Esa cifra implicaría que el partido en el gobierno obtuvo más apoyos que en cualquier votación nacional desde 2013, a pesar del hundimiento de la economía, la inflación disparada, el desabastecimiento de medicinas y la malnutrición.

Sondeos de opinión indicaron que en torno al 85% de los venezolanos tenía una mala opinión de la Asamblea Constituyente y un número similar desaprobaba la gestión de Maduro.

Los líderes opositores estimaron que la participación real era menos de la mitad de lo anunciado por el gobierno, en una votación supervisada por observadores de gobiernos aliados pero no por observadores electorales con reconocimiento internacional.

Un sondeo de salida basado en encuestas de 110 centros de votación realizado por el banco de inversiones neoyorquino Torino Capital y una empresa venezolana de opinión pública estimó que 3,6 millones de personas, o en torno al 18,5% de los votantes registrados, habían acudido a las urnas.

En el pasado, los datos del consejo nacional electoral se han considerado como fiables en general, pero en este caso su estimación se vio recibida con burlas y parecía que agravaría la polarización y el conflicto político que paraliza el país.

La Asamblea Constituyente tendrá la tarea de reescribir la constitución del país y tendrá competencias por encima de otras instituciones como el congreso, controlado por la oposición.

Maduro dijo que la nueva asamblea podría empezar a trabajar en una semana. Entre otras medidas, dijo que emplearía los poderes de la cámara para impedir que candidatos de la oposición se presenten a las elecciones a gobernador de diciembre, a menos que se sienten con su partido para negociar el final de unas hostilidades que han generado cuatro meses de protestas, con un saldo de al menos 120 muertos y casi 2.000 heridos.

Además de Estados Unidos, la Unión Europea y países como Argentina, Canadá, Colombia, México, Panamá, Paraguay, España y Gran Bretaña criticaron la votación del domingo. Maduro dijo haber recibido felicitaciones de los gobiernos de Cuba, Bolivia y Nicaragua, entre otros.

Maduro convocó la constituyente en mayo tras un mes de protestas contra su gobierno, que ha presidido durante sus cuatro años de mandato la caída del país en una crisis devastadora. Debido al declive en los precios del petróleo y a la corrupción y mala gestión generalizadas, la inflación venezolana y su tasa de homicidios están entre las más altas del mundo. La escasez generalizada de medicamentos y comida ha provocado muertes por causas evitables y hecho que la gente busque comida en las basuras.