Mandalay. Residentes en Mandalay, la segunda ciudad más grande de Myanmar (Birmania), ayudaron el sábado a trabajadores ferroviarios en huelga a abandonar sus viviendas estatales luego de que las autoridades les notificaron que debían irse si seguían respaldado las protestas contra el golpe de Estado del mes pasado.

Los voluntarios cargaron los muebles y otras pertenencias de los funcionarios en camiones, camionetas y autos.

Los empleados del servicio estatal de tren se declararon en huelga el mes pasado, aliados clave en los inicios del movimiento de desobediencia civil contra el alzamiento militar del 1 de febrero que derrocó al gobierno electo de Aung San Suu Kyi. El régimen militar trató de hacerles volver a sus puestos a través de la intimidación, incluyendo una patrulla nocturna que efectuó disparos hace unas semanas en la zona donde viven en Mandalay y un cateo en otra zona residencial de Yangón.

Las protestas contra el golpe continuaron el sábado en ciudades y pueblos en todo el país, incluyendo Mandalay y Yangón.

El golpe revirtió años de lentos avances hacia la democracia en el país luego de cinco décadas de dictadura militar. La junta ha respondido a las persistentes huelgas y protestas con una represión cada vez más violenta y medidas para controlar la información que llega al exterior.

El acceso a internet sufre graves restricciones, la publicación de diarios privados está prohibida y las autoridades han arrestado a un gran número de manifestantes, reporteros y políticos.

La Asociación de Asistencia a Presos Políticos verificó 235 decesos y dijo que el total real -incluyendo los casos más difíciles de confirmar- “probablemente sea mucho más alto”. El grupo independiente ha confirmado además que 2,330 personas han sido arrestadas o acusadas desde el golpe, y 1,980 siguen así.

Además del uso de la fuerza letal para tratar de dispersar las concentraciones, las fuerzas de seguridad han llevado a cabo una campaña de hostigamiento, robando en las viviendas que catearon, dijo el grupo, que también las acusó que emplear a los detenidos como escudos humanos cuando intentaban desmantelar las manifestaciones.

Numerosos reportes en redes sociales, que incluyen vídeos, mostraron a efectivos de las fuerzas de seguridad vandalizando autos estacionados en la calle.

Las agencias de Naciones Unidas UNICEF y UNESCO, y la ONG Save the Children, emitieron un comunicado el viernes calificando la ocupación de centros educativos en todo el país por parte de las fuerzas de seguridad como una grave violación de los derechos de los niños.