Quito. Dos coches bomba que explotaron en una zona comercial y financiera del norte de Quito y otros dos en el sur del país volvieron a poner la atención en el aumento de la violencia en la nación andina, que sufrió el asesinato de un candidato presidencial a pocos días de las recientes elecciones. Los ataques no dejaron víctimas ni heridos.

La explosión más fuerte ocurrió la madrugada del jueves afuera de una de las oficinas del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad situada frente a una universidad. Horas antes, la noche del miércoles, había estallado otro vehículo en una zona cercana donde anteriormente funcionaba la misma institución de control del sistema penitenciario, informó la policía.

Estos hechos estarían relacionados con “varios traslados de privados de libertad” que se realizaron la víspera, declaró a la prensa el director de investigación antidrogas de la policía, Pablo Ramírez. No identificó a ningún grupo criminal como responsable de los hechos.

En torno al caso fueron aprehendidas seis personas de nacionalidad ecuatoriana y colombiana que tenían antecedentes por extorsión, robo y asesinato. Tres de ellos habían sido detenidos 15 días atrás, sin embargo, fueron liberados con medidas sustitutivas, indicó la autoridad policial.

La violencia de las últimas horas, dijo el secretario de Seguridad Wagner Bravo a radio FMundo, es una reacción a las acciones del Estado para controlar la violencia en las cárceles y al traslado de seis presos posiblemente “involucrados en el asesinato del excandidato” presidencial Fernando Villavicencio ocurrido el 9 de agosto.

Bravo no dio más detalles de la movilización de esos reclusos, pero reveló que como otra acción de amedrentamiento al Estado se produjo la retención desde el miércoles de un grupo de policías y custodios en una cárcel del sur del país.

En un video difundido en redes sociales y admitido como real por las autoridades, un hombre acompañado de un grupo de policías y vigilantes penitenciarios pide a las autoridades “que no tomen decisiones que atenten contra los derechos humanos de las personas privadas de libertad”. Agrega que unas 30 personas están retenidas.

Pese a la consulta de los periodistas, el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad no se ha pronunciado acerca del secuestro de esos uniformados en la cárcel de Cuenca, 300 kilómetros al sur de la capital .

Entre los restos de las explosiones en Quito se encontraron cilindros de gas de uso doméstico, combustible, mechas lentas y tacos de dinamita, precisó Ramírez. La zona permanece acordonada.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, dijo al canal Teleamazonas que las explosiones estarían vinculadas con “acciones de seguridad que está tomando el gobierno”. Agregó que los antecedentes de los detenidos evidencian “la necesidad de que la justicia actúe de manera rápida, proba y con contundencia”.

“No vamos a ceder paso, que sea la paz, la calma y la seguridad la que vaya imperando en los ciudadanos”, enfatizó.

La policía confirmó que otros dos vehículos estallaron hacia la medianoche del miércoles en la provincia de El Oro, fronteriza con Perú. El primero en la pequeña localidad de Casacay, 370 kilómetros al suroeste de Quito, y el otro en la zona conocida como Bella India, sin dejar víctimas o daños. En ambos se usaron tanques de gas de uso doméstico. No se informó inicialmente si estos hechos están vinculados con lo ocurrido en la capital.

Los ecuatorianos están asediados por la violencia que las autoridades adjudican a enfrentamientos entre bandas que se disputan rutas y territorios para el expendio y distribución de drogas.

Los hechos de violencia han ocurrido principalmente en ciudades costeras como Guayaquil y Esmeraldas.

El sistema penitenciario perdió en los últimos años el control de las grandes cárceles, que han sido escenario de violentos disturbios que dejaron decenas de muertos, y ha optado por trasladar a los reclusos para reducir los conflictos entre las pandillas.

Las autoridades atribuyen el aumento de la violencia en el país durante los últimos tres años a un vacío de poder provocado por el asesinato en 2020 de Jorge Zambrano, alias “Rasquiña” o “JL”, líder de la pandilla local Los Choneros. Los miembros llevan a cabo asesinatos por contrato, realizan operaciones de extorsión, secuestros, mueven y venden drogas y gobiernan prisiones.

Los Choneros y grupos similares vinculados con cárteles mexicanos y colombianos pelean por los territorios, las rutas del narcotráfico y el control de los centros de detención, donde al menos 420 reclusos han muerto desde 2021.

Villavicencio, quien tenía una postura notoriamente dura contra el crimen organizado y la corrupción, fue ultimado a balazos al final de un concurrido mitin político en el norte de Quito a pesar de tener un grupo de seguridad que incluía policías y guardaespaldas.

Había acusado a Los Choneros y a uno de sus líderes, Adolfo Macías, a quienes vinculó con el Cártel de Sinaloa de México, de amenazarlo a él y a su equipo de campaña días antes del asesinato.

La Policía Nacional contabilizó 3,568 muertes violentas en los primeros seis meses de este año frente a las 2,042 reportadas durante el mismo período de 2022. El año pasado terminó con 4,600 muertes violentas, la tasa más alta de la historia del país y el doble del total de 2021.

Guayaquil ha sido el epicentro de la violencia, pero Esmeraldas, una ciudad costera del Pacífico, también es considerada una de las más peligrosas del país. Allí, seis vehículos gubernamentales fueron incendiados a principios de esta semana, según las autoridades.