Con movilizaciones en al menos ocho ciudades de México, varias decenas de periodistas salieron el martes a protestar para exigir justicia por los homicidios de Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y José Luis Gamboa ocurridos este mes, dos de ellos en Tijuana y en la misma semana, evidenciando cómo la situación de violencia que golpea a la nación latinoamericana ha alcanzado a los comunicadores.

La jornada de protesta comenzó frente al palacio presidencial, en el centro de la capital, donde se colocó un puñado de cámaras en el suelo y sobre una de las barandas de protección se pegaron fotografías de Maldonado, Martínez, Gamboa y otros periodistas asesinados acompañadas de flores blancas y pequeños carteles que decían “somos prensa; no disparen”.

Las protestas se replicaron en algunas ciudades de los estados de Veracruz, San Luis Potosí, Durango, Nayarit, donde decenas de periodistas se concentraron de manera pacífica en plazas y calles entre carteles que decían “no se mata la verdad” y “ni un periodista más asesinado”.

En total, hay previstas un total de 28 concentraciones bajo el lema “Periodismo en riesgo”, protestas que pretenden ser también virtuales en plena pandemia con los lemas #NiSilencioNiOlvido #NoseMataLaVerdad #PeriodismoEnRiesgo.

Aunque los actos no se prevén grandes, la multitud de sedes las hacen simbólicas y multiplicarán una exigencia que algunos medios llevan décadas repitiendo.

“Emocionalmente quedamos devastados”, afirmó la reportera y activista Sonia de Anda, integrante del colectivo “Yo sí soy periodista” de Tijuana, al hablar de cómo ha afectado a los periodistas de la ciudad norteña, fronteriza con Estados Unidos, los asesinatos de Martínez y Maldonado ocurridos el 17 y 23 de enero.

De Anda afirmó que tras los recientes homicidios entre los periodistas de Tijuana hay “mucho temor”, y agregó que “salimos a trabajar porque tenemos que salir”.

La periodista reconoció que en la ciudad fronteriza la violencia ha escalado debido a la lucha de grupos criminales. Sobre el caso de Maldonado, precisó que aún no se conoce el móvil de su asesinato, pero sostuvo que es una “víctima de la libertad de expresión”.

El semanario Zeta de Tijuana publica desde hace más de 30 años una página en negro en cada edición para exigir que se busque al autor intelectual del asesinato de uno de sus directores en 1988. Este martes, saldrá a la calle para exigir justicia por los últimos homicidios, entre ellos el de su colaborador, Martínez.

“Vamos a salir a manifestarnos, vamos a llorar, vamos a sufrir”, dijo Adela Navarro, directora de Zeta, en el programa por Internet Los Periodistas, del reportero Julio Astillero.

Como recordaron muchos de los convocantes, incluida Navarro, las muertes de los comunicadores, sólo son un ejemplo de la inseguridad y la impunidad que viven todos los mexicanos en un país en el que la cifra de homicidios no baja de unos 30,000 al año.

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió el martes en que habrá justicia por los últimos crímenes al plantear que en su gobierno no hay impunidad, aunque los datos parecen indicar lo contrario.

Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, en un reciente encuentro con integrantes del mecanismo de protección de periodistas y defensores de derechos humanos, reconoció que más del 90% de asesinatos quedaban impunes.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), una organización con sede en Nueva York, eleva el porcentaje al 95%, según explicó su representante en México, Jan-Albert Hootsen, quien recordó que, además, cientos de agresiones que no llegan al asesinato ni siquiera se denuncian y sólo se saben cuando los ataques incrementan su gravedad.

Cuando la atención mediática se eleva, como en el caso de Javier Valdez, asesinado en 2017 en Sinaloa, donde los dos autores materiales están sentenciados y la fiscalía federal ya pidió a Estados Unidos la extradición del autor intelectual, un narcotraficante en proceso en ese país.

Tanto el CPJ como otras organizaciones de defensa de la prensa como Reporteros sin Fronteras o Artículo 19 afirman que esa es la excepción.

El semanario Zeta es el ejemplo. Navarro recordó que, a casi 34 años del asesinato del codirector fundador de ZETA, Héctor Félix Miranda, el autor intelectual del crimen sigue impune. Igual que quienes atentaron contra otro de los fundadores de esta revista de investigación, Jesús Blancornelas, y mataron a su escolta Luis Valero en 1997. O los que asesinaron a uno de sus editores en 2004, Francisco Javier Ortiz.

¿Qué sigue?, se preguntaba Navarro antes de salir a la calle a pedir justicia.

En lo que va de la actual administración, desde diciembre de 2018, hay al menos 32 informadores asesinados y 15 desaparecidos, según el recuento del CPJ.