SAO PAULO.  El megaescándalo de corrupción que implica a gran parte de la clase política y la élite económica de Brasil ha provocado el auge de un sector de su renqueante economía: la venta de brazaletes electrónicos para controlar a los reos. 

Empresarios adinerados o políticos implicados en la investigación “Autolavado” suelen cumplir sus condenas en arresto domiciliario, bien por un acuerdo judicial para declarar o tras apelar sus condenas. Esto hace que el uso de los dispositivos de control sea mucho más habitual, y no solo en reos de alto perfil, sino que se hacen más presentes para los jueces, que los utilizan cada vez más en otros casos para aliviar la peligrosa sobrepoblación de los penales brasileños. 

"Gracias a la investigación, ahora hay más jueces que conocen los brazaletes y los requieren en sus decisiones”, dijo Marcelo Ribeiro de Almeida, director de Synergy, una empresa de Sao Paulo líder del sector. "Nuestro sobrecargado y poco efectivo sistema penitenciario ha creado esta oportunidad de negocio". 

Desde su inicio en marzo de 2014, la pesquisa anticorrupción "Autolavado" se ha cobrado múltiples víctimas en la élite del poder brasileño. Altos ejecutivos de la petrolera estatal Petrobras y de empresas constructoras como Odebrecht formaron un cártel que decidía sobre la concesión de contratos inflados y sobre qué políticos y funcionarios debían recibir sobornos. En el curso de una década, se pagaron más de $3,000 millones de dólares en sobornos, según las autoridades. 

En los últimos tres años, el juez federal Sergio Moro, el principal juez al frente de la investigación, decretó el arresto domiciliario de casi 30 políticos importantes y líderes empresariales, a menudo después de alcanzar acuerdos que ayudaron a desmantelar la trama. El pequeño número de reos de alto perfil tuvo un efecto amplificado en toda la nación. 

Cuando comenzó la pesquisa, menos de 10,000 presos estaban en arresto domiciliario en unos pocos de los estados más ricos del país, según las empresas que proporcionan las pulseras electrónicas. Hoy en día hay más de 24,000 condenados que portan estos dispositivos en 22 de las 27 regiones. Se espera que la cifra supere las 120,000 personas en cinco años. Uno de los motivos es su costo: monitorear a un reo con un brazalete cuesta alrededor de $200 mensuales, aproximadamente una cuarta parte de lo que supondría tenerlo en rejas. 

El precio de los dispositivos en sí oscila entre los 30 y los 120 dólares, y pesan alrededor de 450 gramos (menos de una libra). El brazalete incorpora una banda sensible que se coloca alrededor del tobillo y alerta a los supervisores en el caso de que ser retirada. 

En la centralita de llamadas de Synergy en Sao Paulo, unos 20 trabajadores controlaban recientemente a los prisioneros desde las pantallas de sus computadoras. 

 “Señora Adriana, ¿cómo está?”, preguntaba uno de los operarios. “¿Por qué abandonó la zona restringida?”. 

Pero el uso de las pulseras plantea una duda sobre la imparcialidad de la decisión: ¿Por qué los ricos o poderosos tienen la oportunidad de cumplir sus condenas en sus cómodas viviendas mientras los pobres tienen que soportar la prisión? 

La población reclusa de Brasil es la cuarta del mayor del mundo, con más de 600,000 reos en un sistema que suele colocar a los condenados por delitos administrativos y otros no violentos en las mismas penitenciarías que capos del narcotráfico o líderes de pandillas violentas. Los penales suelen estar bastante por encima de su capacidad, infestados de ratas e incapaces de proporcionar servicios de salud básicos o incluso papel sanitario. Los disturbios registrados en varias prisiones antes este año causaron al menos 125 muertos. 

"Algunos reclusos van a grandes mansiones donde pueden hacer lo que quieren”, señaló el exsecretario de Seguridad Nacional Jose Vicente da Silva. "¿Dónde está el castigo en esos casos?". 

Otros cuestionan la efectividad de las pulseras. 

"Los vendedores privados están convencidos de que los dispositivos de control electrónicos pueden reducir la delincuencia, la reincidencia y la recaída. Pero las evidencias sobre los brazaletes electrónicos en Norteamérica y Europa siguen evolucionando”, dijo Robert Muggah, director de investigación del centro de estudios brasileño Instituto Igarape. 

A pesar de las críticas, es probable que el sector siga en auge mientras la pesquisa “Autolavado” no da señales de detenerse. 

Entre los reos que portan este tipo de brazaletes está el exsenador Delcidio do Amaral, cuyo testimonio implicó a políticos de todo el arco parlamentario. Otros están en arresto domiciliario a la espera de juicio, como Rodrigo Rocha Loures, que está acusado de llevar mordidas al presidente Michel Temer, o Jose Dirceu, que fue jefe de gabinete del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

Las cuatro principales empresas brasileñas que ofrecen este servicio tienen tanto éxito que algunas se están expendiendo a otras naciones latinoamericanas. 

Una de las razones es su tecnología: las pulseras brasileñas tienen dos tarjetas SIM, lo que ayuda a superar importantes fallas en la conexión celular. La policía también visita con regularidad a los presos en sus casas, que es cuando los fallos en el sistema se vuelven más perceptibles. 

En agosto, un video de un cateo policial en la ciudad nororiental de Maceio mostró a un recluso que había roto su pulsera siendo detenido de nuevo por un delito de narcotráfico.