Amnistía Internacional (AI) alertó este miércoles que la crisis de derechos humanos en El Salvador provocada por la implementación de un régimen de excepción para combatir a las pandillas, podría profundizarse en el segundo mandato del presidente Nayib Bukele.

La organización señaló en un comunicado que después de dos años del régimen de excepción y del comienzo de una serie de reformas a la legislación penal, el Estado salvadoreño persiste en evadir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos al sostener estas medidas como el principal elemento en su estrategia de seguridad.

“La persistencia del Gobierno de Nayib Bukele en mantener el régimen de excepción, la adopción de medidas desproporcionadas, y la negación, minimización y ocultamiento de las graves violaciones de derechos humanos denunciadas, revela su falta de voluntad para cumplir con su deber de respetar y promover los derechos humanos en el país”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en una nota de prensa.

AI señaló que la tendencia del Estado Salvadoreño a minimizar, ocultar, deslegitimar y negar los señalamientos provenientes de diversos actores, tanto nacionales como internacionales, con respecto a las graves violaciones que se han documentado en El Salvador, sugiere que durante el segundo mandato del presidente Bukele “podría haber una profundización de la crisis que se ha observado durante los últimos años”.

Advirtió que, de no corregir el rumbo, “la instrumentalización del proceso penal y la instauración de una política de tortura en el sistema penitenciario podrían perpetuarse, provocando un aumento en las ya alarmantes cifras de violaciones al debido proceso, muertes bajo custodia del Estado y la precarización de la situación de las personas privadas de libertad”.

“La comunidad internacional debe reaccionar de manera robusta, articulada y contundente para condenar cualquier modelo de seguridad pública que se base en la violación de los derechos humanos”, agregó Piquer.

La polémica medida de régimen de excepción, que por el momento ha contribuido a la disminución de homicidios en El Salvador y que ha dejado más de 78,500 detenciones, cumple este miércoles dos años de su implementación, ya que fue decretada el 27 marzo de 2022 tras una oleada de asesinatos en un fin de semana.

El régimen goza de la aceptación de una buena parte de la población, en especial de los ciudadanos que viven en comunidades y barrios históricamente afectados por la violencia de las pandillas, y elevó la popularidad del presidente Nayib Bukele.

No obstante, organizaciones no gubernamentales han recibido más de 6,000 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y han registrado la muerte de más 200 detenidos bajo custodia estatal.