Un abogado de la viuda del expresidente haitiano Jovenel Moïse, acusada de su asesinato, dijo el miércoles a The Associated Press que cree que las acusaciones contra ella tienen motivaciones políticas.

El abogado estadounidense Paul Turner se mostró sorprendido por las informaciones aparecidas esta semana en los medios de comunicación en las que se detallaban las acusaciones contra Martine Moïse y decenas de otros sospechosos, entre ellos el ex primer ministro y el ex jefe de policía. También puso en duda que el informe del juez sea real o se haya finalizado, señalando que funcionarios del gobierno haitiano no se pusieron en contacto con su cliente como era preceptivo y que tanto él como otros abogados se están poniendo en contacto con ellos para aclarar la situación.

“Si hay una razón genuina para hablar con Martine ... podemos ponerla a su disposición si las circunstancias fueran justas y equitativas”, dijo Turner, añadiendo que podría hablar en línea. “O podemos reunirnos en Estados Unidos, donde sabemos que no va a haber problemas de seguridad”.

Turner dijo que cree que no se ha detenido a todos los implicados en el asesinato perpetrado en julio de 2021 en la residencia privada de Jovenel Moïse, y que Martine Moïse, que resultó herida en el atentado, y sus hijos siguen temiendo por sus vidas.

“Ella niega categóricamente cualquier implicación”, afirmó.

Turner también acusó al gobierno del primer ministro Ariel Henry de ordenar la acusación.

“¿Qué hacen? Acusan a la oposición que perciben. Definitivamente existe la percepción de que ella se presentaría o podría presentarse en el futuro”, dijo Turner. “Nada más tiene sentido”.

Dijo que nunca ha hablado de política con su cliente y que no sabe si tiene previsto presentarse a las elecciones.

Un portavoz de la oficina del primer ministro no respondió a los mensajes en los que se le pedían comentarios.

Haití ha retrasado repetidamente la celebración de unas elecciones generales mientras el país lucha contra un aumento de la violencia de las bandas y espera el despliegue de una fuerza policial keniana respaldada por la ONU que se ha retrasado por procedimientos judiciales en el país del este de África.

El informe de 122 páginas emitido por un juez haitiano que investiga el asesinato señala que el ex secretario general del Palacio Nacional, Lyonel Valbrun, declaró a las autoridades que recibió “fuertes presiones” de Martine Moïse para que pusiera el despacho presidencial a disposición del entonces primer ministro, Claude Joseph, porque lo necesitaba para “organizar un consejo de ministros”.

Según el informe, Valbrun también dijo que dos días antes del asesinato de su marido, Martine Moïse visitó el Palacio Nacional y pasó casi cinco horas, desde las 10 de la noche hasta las 3 de la madrugada, retirando “un montón de cosas”.

Según el informe, dos días después del asesinato del presidente, Valbrun declaró que Martine Moïse le llamó para decirle que “Jovenel no había hecho nada por nosotros. Tienes que abrir la oficina”. El presidente le dijo a Ti Klod que creara un consejo de ministros; convocará elecciones dentro de tres meses para que yo sea presidente, ahora tendremos poder”.

Se cree que Ti Klod hace referencia a Claude Joseph, también imputado en el caso. Éste ha rechazado las acusaciones y ha acusado al actual primer ministro de “instrumentalizar” el sistema judicial de Haití.

Tanto Joseph como Martine Moïse están acusados de complicidad y asociación criminal, mientras que el ex jefe de la Policía Nacional de Haití y otros sospechosos están acusados de cargos más graves, incluido el de asesinato.

Emmanuel Jeanty, abogado de Martine Moïse con sede en Haití, declaró en una carta dirigida a un funcionario de justicia local y compartida el miércoles con la AP, que si el informe del juez es real, no se siguió el debido proceso.

Turner añadió que se espera que Martine Moïse testifique en un próximo juicio en Estados Unidos, donde las autoridades federales han procesado a 11 sospechosos en el caso. Al menos tres de ellos han sido condenados.

Mientras tanto, más de otros 40 sospechosos, entre ellos altos cargos de la policía haitiana y 20 ex soldados colombianos, permanecen en prisión en Haití, a la espera de juicio.