LA PAZ, Bolivia. Partidarios del expresidente Evo Morales tomaron como rehenes a más de 200 militares y se apropiaron de armamento y municiones en la región cocalera del Chapare, informó el gobierno del país andino, mientras los disturbios generados por una investigación por presuntos abusos del exlíder continuaban por tercera semana.

El Ministerio de Relaciones Exteriores calificó a las personas que tomaron a los militares como miembros de “grupos irregulares”. No dijo más, pero el viernes el presidente Luis Arce señaló que quienes protestaban y atacaban a las unidades castrenses eran partidarios de Morales.

En un comunicado dirigido a la comunidad internacional, la cancillería indicó que la apropiación de armamento y la toma de rehenes “se constituye en una amenaza y un riesgo para toda la población boliviana de imprevisibles consecuencias”.

El viernes, Arce denunció que “grupos armados afines a Morales tomaron por asalto tres unidades militares” y “rehenes” en el Chapare. En un mensaje por la red X, antes Twitter, el mandatario denunció que esos grupos “han tomado el lugar donde se encuentra el armamento militar en esas unidades, lo que constituye un acto criminal”. Dijo que ello era un delito de traición a la patria.

El Chapare está ubicado en la región central de Cochambaba, feudo político de Morales y la más castigada por los cortes carreteros. El viernes, desde esa zona donde se resguarda, Morales se declaró en huelga de hambre “hasta que el gobierno acceda a establecer mesas de diálogo por la crisis económica y los temas políticos con la participación de organismos internacionales y países amigos”. También sugirió a sus partidarios considerar una pausa y abrir el paso de las carreteras, sin embargo, los manifestantes decidieron continuar.

La cancillería señaló que “una huelga de hambre solo es una estratagema para reducir el impacto negativo de la medida sobre el líder de la protesta y para llamar la atención de la comunidad internacional” y que esta “retórica radical” del exmandatario busca “acortar el mandato” de Arce.

El conflicto estalló hace tres semanas cuando se conoció una orden de la fiscalía para detener a Morales por el supuesto abuso de una menor de 15 años cuando él aún era mandatario en 2016. Es investigado por estupro, trata y tráfico de menores.

El domingo 27 de octubre, el político de 65 años denunció que su auto fue baleado cuando se dirigía a un programa de radio en esa zona. El ministro de Gobierno Eduardo del Castillo dio otra versión: dijo que Morales se resistió a la requisa de una patrulla antidroga y huyó.

Cientos de camiones con alimentos, mercadería de exportación y combustibles están atrapados en las carreteras. Los gremios empresariales hablan de millonarias pérdidas, el ministro de Desarrollo Rural, Yamil Flores estimó en 970 millones de dólares las pérdidas por los cortes de ruta.

La Paz y otras ciudades están desabastecidas de carne que viene del oriente y los precios han escalado, agravando la crisis económica que golpea a los bolivianos. La semana pasada, productores arrojaron a la calle flores, leche, verduras y fruta que se pudrieron por los bloqueos.

Varios sectores, entre ellos el alcalde de La Paz, Iván Arias, han pedido al gobierno que declaré estado de excepción a Cochabamba. El gobierno ha evitado sacar masivamente a militares a despejar las carreteras. Opositores dicen que el gobierno muestra debilidad para enfrentar el conflicto en medio de una economía en crisis con alzas en el costo de vida y escasez de combustibles.

Morales acusó a su heredero y sucesor Arce de “armar” un caso judicial para sacarlo de la carrera presidencial de 2025. Arce acusa a Morales de “boicotear” su gestión para agravar la crisis por razones “personales” y anunció que su gobierno no permitirá la impunidad. La pelea entre ambos líderes fracturó al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS) que afronta la peor crisis que amenaza su hegemonía política en 18 años de gobierno.