Cuando las fuerzas de seguridad libias la rescataron este año, la joven somalí creyó que ese sería el final de su sufrimiento. Había pasado más de dos años de encierro y agresiones sexuales a menos de traficantes de personas conocidos por extorsionar, torturar y agredir a migrantes como ella que intentaban llegar a Europa.

En lugar de eso, la joven de 17 años dijo que las agresiones sexuales continuaron, sólo que ahora las cometían los guardas del centro gestionado por el gobierno en la capital de Libia, Trípoli, donde estaba retenida.

Ella y otras cuatro adolescentes somalíes que sufrieron abusos similares han pedido que se las libere del centro de detención de Shara al-Zawiya. Forma parte de una red de centros gestionados por el Departamento libio para Combatir la Inmigración Ilegal (DCIM, por sus siglas en inglés), respaldado por la Unión Europea en su campaña por convertir Libia en un baluarte contra el flujo migratorio de personas, sobre todo africanas, que cruzan el Mar Mediterráneo.

“Aunque no es la primera vez que sufro ataques sexuales, esto es más doloroso porque fue por la gente que debía protegernos”, dijo la joven a The Associated Press a través de un celular obtenido de contrabando.

“Tienes que ofrecer algo a cambio de ir al baño, o llamar a familia, o para evitar una golpiza”, dijo. “Es como estar retenida por los traficantes”. The Associated Press no identifica a las víctimas de agresión sexual y la joven también pidió no ser identificada, por temor a represalias.

Los contrabandistas y traficantes en Libia -muchos de ellos miembros de milicias- son conocidos desde hace tiempo por el brutal trato que propinan a los migrantes. Pero grupos de derechos y agencias de Naciones Unidas dicen que los abusos también se producen en las instalaciones oficiales que gestiona el CDIM.

“La violencia sexual y la explotación son rampantes en varios centros de detención (para migrantes) en todo el país”, dijo Tarik Lamloum, un activista libio que trabaja con la Organización Belaady de Derechos Humanos.

La agencia de refugiados de Naciones Unidas ha documentado cientos de casos de violaciones a mujeres en centros de detención del DCIM o prisiones de traficantes. Algunas quedaron embarazadas y dieron a luz durante su detención, dijo Vincent Cochetel, enviado especial de la agencia para el Mediterráneo Central.

Las cinco adolescentes son las únicas migrantes retenidas en Shara al-Zawiya, un centro donde los migrantes sólo pasan breves periodos de tiempo mientras se tramitan sus casos. Organizaciones de derechos humanos dicen que llevan semanas tratando de conseguir su liberación.

Después de que la rescataran de los traficantes en febrero, la joven de 17 años fue reunida con otras ocho jóvenes migrantes en Shara al-Zawiya. Cuatro de ellas fueron liberadas más tarde bajo circunstancias poco claras.

Una noche en abril, en torno a la medianoche, pidió a un guardia que la dejara ir al baño. Cuando terminó, el guardia la atacó y le aferró los pechos con fuerza, recordó.

“Me quedé petrificada y no sabía qué hacer”, dijo a AP. El guardia la manoseó, incluidas sus zonas íntimas, y después se desabrochó los pantalones e intentó desnudarla para violarla, dijo. El ataque prosiguió pese a que ella lloraba, forcejeaba y le suplicaba que se quitara de encima.

“Sólo se detuvo cuando acabó sobre mi ropa”, dijo. “Tuve suerte de que acabara rápido”.

Después, dijo entre lágrimas, el guarda le ordenó que limpiara la ropa que se había manchado de semen, dijo entre lágrimas.

Aterrada, regresó a su celda y le dijo a otra de las niñas lo que había ocurrido. Pronto supo que no había sido la única víctima. Todas ellas, de entre 16 y 18 años, habían sufrido abusos similares o peores por parte de los guardas, dijo.

Una niña de 16 años en la misma celda dijo a AP que había empezado a sufrir acoso sexual unos pocos días después de llegar al centro. Cuando pidió a un guardia que la dejara llamar a su casa, le dio un teléfono y la dejó salir para llamar a su madre. Cuando colgó, dijo, se puso detrás de ella y le agarró los pechos, explicó.

Ella le retiró las manos y empezó a llorar. El guardia sólo se detuvo al darse cuenta de que había otros empleados en el centro, dijo.

“Todos los días hacen esto”, dijo. “Si te resistes, te golpean o te privan de todo”.

El gobierno libio no ha respondido a peticiones de comentarios de AP.

Al menos dos de las niñas intentaron suicidarse a finales de mayo tras supuestas golpizas e intentos de violación, según el grupo local de derechos Libyan Crime Watch y agencias de Naciones Unidas.

Una de ellas, de 15 años, fue trasladada al hospital el 28 de mayo y atendida por el grupo Médicos Sin Fronteras, sólo para ser devuelta al centro de detención.

Maya Abu Ata, vocera de MSF Libia, confirmó que el personal había atendido a las dos pacientes en su clínica.

Los equipos de MSF “pidieron su liberación de detención y presionaron a agencias de protección y diferentes interlocutores. Sin embargo, sus intentos fueron infructuosos”, dijo.

ACNUR dijo estar trabajando con las autoridades libias para liberar a las cinco jóvenes que siguen en Shara al-Zawiya, así como su consiguiente evacuación de Libia.

El caso de las adolescentes en Shara al-Zawiya también renueva las preguntas en torno al papel de la UE en el ciclo de violencia que atrapa a los migrantes y solicitantes de asilo en Libia. La UE entrena, equipa y financia a la Guardia Costera libia para que intercepte a las personas que intentan cruzar el Mediterráneo Central hacia Europa. Se sabe que al menos personas 677 han muerto o desaparecido en lo que va de año en esa peligrosa travesía.

Casi 13.000 hombres, mujeres y niños han sido interceptados por guardacostas libios y devueltos a la orilla libia desde principios de año y hasta el 12 de junio, una cifra récord. La mayoría son trasladados a centros gestionados por el DCIM.

Grupos de derechos han documentado falta de atención sanitaria e higiene básica, alimento y agua en algunos de los 29 centros del DCIM, así como golpizas y torturas. El DCIM recibe apoyo, suministros e instrucción, incluido sobre derechos humanos, a través del Fondo para África de la Unión Europea, que asciende a 4.900 millones de euros.

Libia ha sido elogiada por Occidente por el cese el fuego alcanzado el año pasado por facciones rivales y por el nombramiento de un gobierno interino este año, lo que dio pie a visitas de mandatarios europeos y a la reapertura de algunas embajadas. Pese a la apariencia de una creciente estabilidad política, activistas y organizaciones de derechos humanos dicen que su acceso a los migrantes en los centros de detención se está reduciendo.

“Las armas callan, hay un cese el fuego (...) pero las violaciones de derechos humanos continúan sin freno”, dijo Suki Nagra, representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas para Libia, que sigue los reportes sobre abusos en Shara al-Zawiya.

Incluso cuando los casos están documentados y los acusados son detenidos, a menudo terminan en libertad por falta de testigos dispuestos a declarar por temor a represalias. Por ejemplo, Abdel-Rahman Milad, que estaba bajo sanciones de Naciones Unidas y fue detenido el año pasado por cargos de tráfico de personas y contrabando de combustible, salió libre en abril sin juicio.