La despenalización del aborto en Honduras, una práctica totalmente ilegal en el país en todas sus formas, sería un avance para garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres, afirmaron este jueves a Efe activistas feministas que exigen su legalización.

Despenalizar el aborto sería “un avance en tema de salud sexual y reproductiva en Honduras, donde actualmente contamos con cifras alarmantes alrededor de embarazo adolescente”, dijo hoy a Efe Jennifer Osorto, activista de la organización feminista Optio.

Sin embargo, Osorto reconoce que en el país centroamericano “no hay voluntad política y judicial” para la despenalización de esta práctica, la cuarta causa de muerte materna en Honduras, donde cada año se producen entre 50,000 y 80,000 abortos de manera clandestina.

Hace casi un año la Corte Suprema de Justicia de Honduras admitió a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por colectivos feministas contra un decreto de ley que prohíbe de forma absoluta el aborto luego de que el Parlamento blindó el artículo 67 de la Constitución que ya rechazaba la interrupción del embarazo por cualquier causa.

Derogar ese decreto representaría un avance para garantizar los derechos de la mujer en Honduras, incluido el aborto, y que la lucha de organizaciones feministas “está dando pasos significativos”, señaló Osorto.

Pese a que es una batalla cuesta arriba, la mujer alberga la esperanza de que Honduras llegue a tener una Corte Suprema de Justicia “justa con las mujeres” y se legalice el derecho al aborto seguro.

“Tratamos de verlo como una línea esperanzadora, pese a que ya llevamos casi un año de que se admitió el recurso de inconstitucionalidad y no se ha dado una respuesta, tratamos de tener esa esperanza viva y esperamos que se tome en cuenta lo que hemos presentado ante el Supremo”, explicó Osorto.

DISMINUIR CLANDESTINIDAD

En enero de 2021, el Parlamento de Honduras aprobó un proyecto de ley que prohíbe de forma absoluta el aborto en el país, donde uno de cada cuatro partos es de una menor de 19 años, pese a la oposición de organizaciones feministas locales.

El aborto es penalizado en Honduras en todas sus formas desde 1997 y varias iniciativas que buscan despenalizarlo en tres supuestos: riesgo de vida de la mujer, inviabilidad fetal y violación, no han tenido eco entre los diputados.

La despenalización del aborto en estos tres casos ayudaría, según la activista, a disminuir la mortalidad materna y su clandestinidad, así como los embarazos no deseados.

“Es una gran necesidad (despenalizar el aborto), es una cuestión de salud pública, se debe abordar desde una línea jurídica integral y científica”, subrayó Osorto.

Honduras forma parte del grupo de seis países de la región que prohíbe el aborto en todas las circunstancias y que completan El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Surinam.

SALVAR VIDAS

Los grupos feministas han presentado ante el Supremo hondureño “opiniones calificadas y expertas, internacionales, en el ámbito de salud, derechos humanos y penal, para que conozcan de qué se trata cuando hablamos de despenalizar el aborto para salvar la vida de la mujer”, indicó a Efe Neesa Medina, activista de la organización Somos Muchas.

“En Honduras, un país donde al no existir educación sexual integral, acceso pleno a anticonceptivos, estar prohibido el anticonceptivo de emergencia y con un 95 % de impunidad en casos de violaciones, las tasas de embarazos no deseados son altísimas”, señaló.

De despenalizarse esta práctica, las mujeres y niñas tendrían la posibilidad de “no someterse a un embarazo resultado de una violación” y contribuiría a disminuir las tasas de mortalidad materna, precisó la activista de Somos Muchas, un colectivo que defiende el derecho a decidir y lucha en contra de la criminalización del aborto en Honduras.

Medina dijo que los movimientos feministas promueven la despenalización para que las mujeres que se enfrentan a una de las tres causas puedan “decidir si continúan o no su embarazo, tomando toda la información necesaria”.

Despenalizar el aborto “no va obligar a ninguna mujer o niña, si no es su decisión, a interrumpir su embarazo” y tampoco “va aumentar el número de abortos”, acotó la activista feminista.