Caracas. Organizaciones no gubernamentales de Venezuela señalaron este viernes que la activista Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental (ONG) dedicada a asuntos militares Control Ciudadano, cumplió seis meses detenida sin haber podido, hasta el momento, designar a sus abogados de confianza.

“La defensora fue acusada por el Ministerio Público (MP, Fiscalía) sin derecho a designar sus abogados de confianza”, escribió la ONG Provea en la red social X.

La organización indicó que a San Miguel le impusieron una defensa pública cuando fue presentada en tribunales.

Entretanto, la ONG Laboratorio de Paz indicó que a la activista se le han “violentado” sus derechos a la defensa y al debido proceso.

Relacionadas

  1. Gobierno de Maduro acusa al Centro Carter de apoyar un “golpe de Estado” en Venezuela

  2. La ONU llama a “resolver disputas electorales por medios pacíficos” en Venezuela

  3. Maduro: “Estados Unidos debe sacar sus narices de Venezuela”

  4. ¿Qué pasó en Venezuela?

“Rocío San Miguel es una defensora de derechos humanos en Venezuela, desde hace seis meses se encuentra arbitrariamente tras las rejas”, sostuvo en la misma red social.

Por su parte, la ONG Espacio Público dijo que la detención de San Miguel, la “persecución hacia activistas, prensa y críticos no deja de aumentar en Venezuela”.

San Miguel, acusada por el MP de tener un supuesto vínculo con una conspiración que incluía un plan de magnicidio contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue detenida en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, cuando se disponía a viajar en compañía de su hija.

El fiscal general, Tarek William Saab, dijo el 19 de febrero que San Miguel “entregó información” sobre sistemas de defensa militar a un embajador de la Unión Europea (UE) y a embajadas de otros tres países.

El pasado 3 de julio, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, afirmó que, en el último año, su institución ha documentado un incremento de “las amenazas, el acoso y los asaltos contra actores de la sociedad civil, periodistas, sindicalistas y otras voces críticas”.

Türk denunció, al menos, 38 casos de “detención arbitraria” en este sentido y mencionó los casos concretos de San Miguel y Carlos Julio Rojas, “detenidos desde el 9 de febrero y el 15 de abril, respectivamente, sin acceso a una defensa de su elección”.