Ciudad del Vaticano. El cardenal Angelo Becciu, antiguo sustituto de la Secretaria de Estado vaticana al que el pontífice destituyó en septiembre pasado por varios escándalos financieros, será juzgado junto a otras nueve personas por varios delitos relacionados con la compraventa de un edificio en el corazón de Londres, informó el sábado el Vaticano.

“El presidente del Tribunal Vaticano ha ordenado la citación a juicio de los acusados en el marco del asunto relacionado con las inversiones financieras de la Secretaría de Estado en Londres. El juicio comenzará en la audiencia del próximo 27 de julio”, indicó la Santa Sede en un comunicado.

Respecto al cardenal Becciu, “se procederá, según lo previsto por la normativa, por los delitos de malversación y abuso de oficio también en concurso, así como de soborno”.

Una amplia investigación judicial ha permitido establecer que la actividad de los inculpados supuso “pérdidas considerables para las finanzas vaticanas, habiendo utilizado también los recursos destinados a las obras de caridad personal del Santo Padre”, se explica en la nota.

El Vaticano destaca que esta iniciativa judicial está “directamente relacionada con las indicaciones y reformas de su Santidad, el papa Francisco, en la obra de transparencia y saneamiento de las finanzas vaticanas”.

Todos los procesados son miembros “del personal eclesiástico y laico de la Secretaría de Estado y figuras de la entonces Autoridad de Información Financiera, así como personajes externos, activos en el mundo de las finanzas internacionales”.

Además del cardenal Becciu, han sido imputados René Brulhart, Mauro Carlino, Enrico Crasso, Tommasi Di Ruzza, Cecilia Marogna, Raffaele Mincione, Nicola Squillace, Fabrizio Tirabassi y Gianluigi Torzi, además de las sociedades HP Finance LLC, Logsic Humanitarne Dejavnosti, D.O.O., Prestige Family Office SA y Sogenel Capital Investmen.

Entre los delitos que se les imputan figuran abuso de cargo, soborno, extorsión, malversación, corrupción, blanqueo de dinero, estafa, abuso, falsificación de documentos públicos cometidos por particulares y falsificación en escritura privada.

Las investigaciones, iniciadas en julio de 2019 a raíz de una denuncia del Instituto para las Obras de Religión y de la Oficina del Auditor General, han contando con la colaboración de Fiscalía de Roma y el Núcleo de Policía Económico-Financiera de la Guardia de Finanzas romana, así como de las fiscalías de Milán, Bari, Trento, Cagliari y Sassari y sus secciones de Policía Judicial.

La instrucción del caso, para la que se emitieron comisiones rogatorias en Emiratos Árabes Unidos, Gran Bretaña, Jersey, Luxemburgo, Eslovenia y Suiza, “han permitido establecer una amplia red de relaciones con los participantes en los mercados financieros que han generado pérdidas considerables para las finanzas vaticanas, habiendo utilizado también los recursos destinados a las obras de caridad personal del Santo Padre”.

“La iniciativa judicial está directamente relacionada con las indicaciones y reformas del papa Francisco, en la obra de transparencia y saneamiento de las finanzas vaticanas, que, según la hipótesis acusatoria, se ha visto contrarrestada por actividades especulativas ilegales y perjudiciales”, se añade.

Fue el propio Francisco el que el pasado 24 de septiembre y por sorpresa obligó a Becciu a renunciar a su cargo de prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y a los derechos del cardenalato por su posible implicación en varios escándalos financieros.