Ginebra. Los niños desarraigados y víctimas de alguna forma de desplazamiento forzoso, sea por guerras, el cambio climático, el hambre o la violencia e inestabilidad en sus países, han superado los 43 millones, una cifra sin precedentes y que crece de forma alarmante, alerta la experta dedicada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a esta problemática.

Esa cifra corresponde a las estimaciones hasta mediados del año pasado, por lo que no considera a los niños desplazados por la guerra en Gaza ni a los desplazados en los últimos meses en otras situaciones de conflicto, explicó en una entrevista con EFE la representante del secretario general de la ONU sobre la violencia contra los niños, Najat Maalla.

Las instituciones dedicadas a defender los derechos de los niños consideran que la cifra real es más elevada porque muchos de ellos “son invisibles, olvidados o quedan fuera del radar”.

El primer gran problema que afrontan esos niños es que se ven confrontados “a la ausencia de sistemas de protección”, lo cual los hace presas fáciles del tráfico de personas, de abusos sexuales o de una privación de la libertad de duración indeterminada, mientras que otros simplemente desaparecen y no se vuelve a saber de ellos.

Maalla, quien acaba de presentar su informe anual al Consejo de Derechos Humanos que se reúne en Ginebra, consideró que esta situación no se revertirá mientras los países no inviertan suficientemente en sistemas de protección para esta categoría de menores, que incluye a los desplazados internos, los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes, muchos de los cuales además son apátridas porque no tienen documentos para acreditar una nacionalidad.

A la experta, que se reporta directamente al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, le preocupa la forma en la que está influyendo el contexto político actual en la desprotección de los niños: “En muchos países se está girando a la derecha y esto hace que se vea a estos niños como irregulares, ilegales a los que hay que deportar o meter en instalaciones cerradas”.

“Por esta razón, mi informe de este año se centra en esta situación, porque hoy es más urgente que nunca considerarlos antes que todo como niños con derechos que no terminan en una frontera”, recalcó.

Maalla mencionó que un problema adicional y grave es que en las fronteras los niños se encuentran con autoridades migratorias y de seguridad y no con servicios sociales y de protección infantil que son los que deberían encargarse de sus casos.

“Insistimos en que son los servicios de protección los que deben estar en primera línea en las fronteras para recibir a los niños, y no las fuerzas de seguridad o entidades migratorias”, sostuvo.

Prácticamente todos los Estados del mundo, con la elocuente excepción de Estados Unidos, han ratificado la Convención Internacional de los Derechos del Niño, lo que los obliga a proteger a todos los menores de 18 años, vengan de donde vengan, pero la representante de la ONU sostiene que una de las raíces del problema es “la forma en que se define la minoría de edad”.

Pediatra de formación, Maalla sostuvo que “se ven muchas violaciones en materia de definición de la minoría (de edad), en primer lugar, porque no se toman en consideración sus papeles (si los tienen) porque de entrada se piensa que son falsos”.

“Enseguida, los exámenes que se realizan no son adaptados y, más allá de eso, los casos se dejan sin resolver a la espera de que cumplan los 18 años y se les pueda deportar”, lamentó la experta marroquí, cuyo trabajo es apoyado por un grupo de países denominado “grupo de amigos de los derechos del niño”, entre los que se encuentra España, que el año pasado contribuyó financieramente a su misión.

Gracias a ese apoyo, Maalla se pudo reunir en el último año con 2,500 niños a los que presentó su informe en un formato especialmente adaptado, con el uso de historietas y un lenguaje sencillo.