Bucarest. Un Tribunal de Bucarest condenó hoy a largas penas de cárcel a los trece responsables del incendio de una discoteca de la capital rumana en el que el 30 de octubre de 2015 perecieron 65 personas, un siniestro que desencadenó una fuerte protesta ciudadana y la caída del jefe de Gobierno.

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La dueña de la empresa a cargo del espectáculo de fuegos artificiales que provocó el incendio en el club Colectiv, situado en un sótano, fue sentenciada a doce años y ocho meses de prisión, informa la agencia rumana Agerpres.

 Los tres propietarios de la discoteca siniestrada recibieron penas de once años y ocho meses cada uno por su responsabilidad en las deficiencias de seguridad del local.

 Los jueces también sentenciaron al alcalde del Sector 4 de Bucarest, Cristian Popescu Piedone, a ocho años y medio de prisión, al considerar que era la máxima autoridad para otorgar el permiso de funcionamiento de la discoteca.

 Nueve años y dos meses deberán estar encarcelados los dos funcionarios que habían inspeccionado previamente el recinto, por haber dado su luz verde a pesar de que no reunía los estándares requeridos por la ley.

 Dos expertos en fuegos artificiales que trabajaron en el espectáculo han recibido penas de diez años al término del juicio, que comenzó en septiembre de 2017.

 Además, el tribunal ha ordenado a las instituciones responsables de negligencia en este caso una indemnización de 50 millones de euros a los supervivientes y las familias de las víctimas mortales.

 Las sentencias pueden ser recurridas en una instancia superior.

 La tragedia del Colectiv conmocionó en su día a la sociedad rumana y provocó una ola de indignación contra las prácticas corruptas y la incompetencia, a la que se atribuyó el hecho de que la discoteca estuviera abierta pese a no cumplir las normas de seguridad mínimas.

 El siniestro puso también al descubierto las carencias de los servicios de emergencias rumanos y la falta de medios de la sanidad rumana para tratar a los heridos con quemaduras, algunos de los cuales debieron ser trasladados a otros países europeos para recibir tratamiento.

 Las protestas multitudinarias de la ciudadanía acabaron forzando la dimisión el 5 de noviembre de 2015 del entonces primer ministro del Partido Social Demócrata, Victor Ponta.