Dos empleados públicos, en representación de más de 10 mil servidores públicos elegibles para acogerse al retiro incentivado bajo la Ley 80 de 2020, clamaron hoy en la Legislatura por un acuerdo con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

Hasta el momento, ninguno de los empleados cobijados por la Ley 447 o la Ley 1 se han podido acoger al retiro incentivado dispuesto en la Ley 80 porque los ahorros que alegaba el gobierno que se obtendrían con el estatuto han sido cuestionados por la JSF. Según la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) y la Administración de Retiro, unos 6,598 empleados de los 10,553 elegibles, no cualifican porque están clasificados como empleados esenciales.

Según la Ley 80, son elegibles para el programa de retiro incentivado los servidores públicos cobijados por la Ley 447, que son aquellos que fueron empleados del 30 de marzo de 1990 hacia atrás y los de la Ley 1, que entraron al gobierno entre abril de 1990 a diciembre de 1999.

“Ya hemos dado la milla clásica”, sostuvo Ángel Fernando Maldonado Morales, quien compareció a una vista pública de la Comisión de Gobierno del Senado que evalúa las razones que han ocasionado el impasse entre el gobierno y la JSF que han impedido que la Ley 80 se ponga vigor.

“Estoy representando a los empleados públicos de la Ley 447 y de la Ley 1, Queremos nuestro retiro”, dijo Maldonado Morales que labora hace 34 años en el Registro de la Propiedad en San Germán. Sostuvo que se enteró “por las vistas públicas que la papa caliente se la siguen pasando los entes gubernamentales”.

Dijo que, según las agencias del gobierno, AAFAF, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y bajo los parámetros de la Administración de Retiro hay unos 10,553 empleados que cualifican y de estos 3,955 son los no esenciales. “Llegaron a la conclusión de que existe la economía para dejar ir a esa gente y los restantes 6 mil y pico se quedarían pendiente de que se logren unos acuerdos porque el gobierno tendría que reemplazar esas plazas esenciales”, indicó Maldonado Morales.

“Todos nosotros los empleados públicos, bajo la Ley 447 y bajo la Ley 1, que sobrepasamos hace rato los 30 años de servicio, es cuando comienzan las enfermedades en nuestro cuerpo”, dijo para agregar que, a pesar de sus condiciones de salud, “siempre realizo el trabajo con esmero y amor”.

“Estamos solicitándole al gobierno de Puerto Rico y a la JSF que traten de llegar a un acuerdo para la implementación de la Ley 80 que se firmó el 3 de agosto de 2020 por la gobernadora Wanda Vázquez”, dijo por su parte, Juan Molinary Cintrón, portavoz de la página Ley 447 y Ley 1, Queremos Nuestro Retiro

“El gobierno decía que la Ley 80 generaría ahorros por $1,400 millones por los próximos 30 años, pero la discrepancia con la JSF es abismal”, sostuvo. Agregó que la JSF alega que la puesta en marcha de la Ley 80 generaría un gasto de $200 millones al año.

“Los empleados de la página enviamos una propuesta a la Legislatura basada en un tipo de legalización del cannabis medicinal y las máquinas de videojuegos que están apagadas para que se tomen en consideración como fuente de repago para las pensiones de los servidores públicos elegibles de estas dos ley”, indicó.

Por su parte, el senador Ramón Ruiz Nieves dijo que someterá una resolución conjunta para establecer que se le dé paso bajo la Ley 80 a los empleados que están definidos bajo la categoría de servicios no esenciales.

“El gobierno tendría ahí un ahorro de un 50 por ciento y obligaría a las agencias a empezar a trabajar con la reingeniería de puestos para permitirle dar paso a los empleados. Si cuando se estableció la Ley 80 se hubiese empezado a trabajar en las agencias con una reingeniería de puestos para cubrir esas áreas a la salida de los empleados, tal vez, hoy en vez de nosotros estar hablando de 3,955 empleados, estuviésemos hablando de los 10,553 que fueron evaluados”.

Sostuvo el senador que a la fecha de hoy “nadie puede decir que las agencia estén trabajando en un plan de reingeniería para sustituir a los que están definidos como servicios esenciales”.

Ruiz Nieves dijo que la JSF ha dicho que si da paso al retiro de estos 6,598 empleados no se conseguirá el ahorro que promulga la Ley 80. “El 50% de los ahorros no va a existir porque eso lo tengo que colocar en el nuevo reclutamiento, más un 35% adicional”, sostuvo.

El legislador también dijo que está pendiente en la Legislatura un proyecto de su autoría de enmiendas a la Ley 80 a fin de que se incluya a otro grupo empleados públicos. “Cuando se hizo la Ley 80 se excluyó a gran parte de los empleados públicos de la Ley 447 y la Ley 1”, indicó para agregar que en aquel momento fueron excluidos, los departamentos de Estado, Justicia, Hacienda, Educación, Trabajo, Transportación y Obras Públicas y Desarrollo Económico.

“Estamos hablando que el grueso grande de los empleados públicos están en esas agencias que se excluyeron de la Ley y se le daría paso con esta enmienda”, detalló.

La Federación de Alcaldes, por su parte, dijo que la Comisión de Gobierno debe emitir recomendaciones y de ser necesario enmiendas a la Ley 80 que permitan a los municipios llevar a cabo procesos escalonados para aquellos empleados que soliciten y cualifiquen al programa de retiro incentivado.

También, dijo que se debe extender el término de retención dispuesto en la Ley 80 para aquellos empleados esenciales a un período de hasta cinco años, donde luego de dicho plazo pueda el gobierno el municipio garantizarle los beneficios de retiro incentivado al empleado y no afectar el servicio público.