Los fiscales del Departamento de Justicia y personal de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) deberán estar presente en toda vista de causa probable para arresto por violación a la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, conocida como la Ley 54, pues así los obliga una nueva ley firmada este martes por el gobernador Pedro Pierluisi.

Según el anuncio hecho por el mandatario, estos funcionarios no podrán dejar solos a los agentes de la Policía y deberán presentar a las salas judicial “sin discreción alguna”.

Este avance se impulsó luego de que Andrea Ruiz Costas se presentara antes dos jueces del Tribunal de Primera Instancia de Caguas en búsqueda de una orden de protección junto a un agente de la Uniformada sin obtener ningún resultado a su favor. La mujer fue asesinada a finales de abril de este año por su expareja, Miguel Ocasio Santiago. Este último se suicidó a principios de mes en la cárcel.

Pierluisi recordó que tras este sonado caso “ordené al Departamento de Justicia la presencia de fiscales en este tipo de casos, pero ahora estoy haciendo un mandato por ley. Este gobierno continuará tomando acciones afirmativas y correctivas para brindar mayor seguridad a las víctimas de la violencia de género, y que puedan tener el apoyo y la protección necesaria del Estado”.

El proyecto del Senado 358, convertido en ley hoy, es de la autoría de la senadora Migdalia González.

Además de esta medida a favor de las víctimas de violencias de género, Pierluisi destacó que creó, mediante Orden Ejecutiva, del Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité PARE), que está realizando vistas públicas alrededor de la Isla para conocer de primera mano la situación que enfrentan las víctimas de violencia de género y buscarle solución.

Por otra parte, se informó que el gobernador firmó una medida legislativa de la senadora Migdalia Padilla que garantiza la permanencia y el fortalecimiento del programa de cooperativas juveniles en las escuelas públicas.

Asimismo, dio paso al Proyecto del Senado 148, de la senadora independentista María de Lourdes Santiago, el cual extiende hasta los 21 años la elegibilidad de los estudiantes que pueden recibir servicios del Programa de Educación Especial del Departamento de Educación. Anteriormente, era hasta los 18 años.

La finalidad, según se explicó, es armonizar el ordenamiento aplicable y se garantiza igual protección de ley a las personas con discapacidad que se encuentran en su proceso educativo formal.

Asimismo, el gobernador firmó una medida del senador Juan Zaragoza que extiende el periodo de vigencia de dos años a cinco años de la licencia de aprendizaje a todo ciudadano con algún tipo de discapacidad física significativa.

Pierluisi también convirtió en ley el Proyecto del Senado 68, del senador Thomas Rivera Schatz, para que todo ciudadano que desde julio de 2020 no ha podido renovar su licencia como consecuencia de los cierres Centros de Servicios al Conductor (CESCO) a causa de la pandemia del COVID-19, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) les devuelva el dinero cobrado por concepto de renovación de licencia tardía. Esto aplicaría a quienes hayan hecho la solicitud de citas a través del portal cibernético de CESCO, dentro del término de 30 días desde el vencimiento de la vigencia de la licencia.

En torno a los municipios, el gobernador firmó el Proyecto del Senado 306, de la senadora Marially González Huertas, para facultarles a recibir por traspaso, venta en pública subasta, cesión, donación o transferencia, equipo o propiedad que sea declarado excedente. También, el primer ejecutivo firmó la Resolución Conjunta del Senado 30 para reasignar al municipio de Hormigueros $2,174.44 para realizar obras y mejoras permanentes.

Otras piezas legislativas en las que el gobernador estampó su firma son el Proyecto del Senado 21, del senador José Luis Dalmau Santiago, que busca brindar mayores oportunidades de rehabilitación y acceso a programas de desvío, así como el Proyecto del Senado 67, del senador Rivera Schatz, que dispone que todos los funcionarios nombrados por el primer mandatario cuyos nombramientos requieren el aval del Senado y en algunos casos de la Cámara de Representantes, envíen a la Asamblea Legislativa sus respectivas credenciales en un máximo de 15 días.

Todas estas medidas fueron aprobadas en la pasada Sesión Ordinaria que culminó en junio y enviadas por la Asamblea Legislativa a La Fortaleza la semana pasada para la evaluación del gobernador.