En medio de protestas que por momentos se tornaron tensas, la nueva Junta de Supervisión Fiscal (JSF), celebró su primera reunión -breve pero sustanciosa- en la que se determinó que de ahora en adelante prácticamente todas las agencias, corporaciones y sistemas de retiro, estarán bajo su mandato. 

También se eligió a su nuevo presidente, José Carrión III. Se trata de  un experto en seguros, cuñado del comisionado residente Pedro Pierluisi, y un miembro activo del Partido Republicano en Estados Unidos.

La reunión duró menos de media hora y se realizó en el edificio Alexander Hamilton de Nueva York. 

Varias personas protestaron a la entrada de los miembros al recinto y una vez iniciada la sesión.

“¡Eso suena a esclavitud! ¡Esto es una vergüenza! ¡No tienen derecho a hacer esto!” gritaban los manifestantes mientras los miembros de la JSF parecían no inmutarse.

En la transmisión en vivo no se no mostraron a los manifestantes. Tampoco se informó de arrestos.

Mientras tanto en San Juan, un grupo de manifestantes impidó el paso a una actividad en el Hotel Caribe Hilton donde la jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos, la puertorriqueña Sonia Sotomayor, era la oradora principal. Se esperaban unas 500 personas en ese acto.

El grupo de manifestantes bloqueó la entrada y debido a la falta de estacionamientos previos al hotel se formó un ataponamiento que según el coronel Reinaldo Bermúdez, comandante de área de San Juan, se extendía desde la Isleta hasta el centro comercial Plaza Las Américas.

Poco antes de las 9:00 de la mañana y ante la llegada del comandante al hotel, los ánimos se exacerbaron y hubo empujones, gritos e insultos.

Cinco personas fueron arrestadas, incluyendo dos menores de edad. Al cierre de esta   edición se desconocía qué cargos presentaron en su contra y si prosperaron. Los arrestados fueron identificados como: Eduardo Canovas Morales, de 65 años, Luis Rogelio Torres, de 25 y Wade Colondres Ortiz, de 38. Los menores tienen 19 años cada uno.

Adentro, Sotomayor indicó que no hablaría sobre la manifestación. Solo exhortó al público a que busquen información sobre todo lo que está pasando.

"No puedes tener una opinión si no te educas", fue lo único que declaró la jueza en relación al tema.

Uno de los primeros acuerdos de la JSF fue exigir al gobierno de Puerto Rico informes detallados mensuales de los gastos de cada agencia, de las obligaciones para el pagode deuda y cuáles de esas se cumplieron. También deberán someter informes detallados del uso de fondos federales.

La JSF además decidió que para adoptar cualquier medida sería necesario el voto a favor de al menos cuatro de sus seis miembros. Aunque el gobernante es el séptimo integrante de la JSF, no tiene poder de voto. 

El presidente ejecutivo se elegirá más adelante y según Carrión se espera que sea alguien “de consenso”.

La misión primordial del organismo es lograr la reestructuración de la deuda pública estimada en $69,000 millones.

Tras el encuentro Carrión aseguró que la extensión del periodo límite para el pago de la deuda “está sobre la mesa, pero no hemos tomado una determinación todavía”.

A pesar de los poderes casi absolutos que tendrá la JSF, Carrión indicó a los medios que es importante tener un gobierno que colabore. 

“Tenemos que tener mucha deferencia con el gobierno electo del pueblo de Puerto Rico y esperamos... sentarnos con el equipo económico del gobierno entrante y del gobernador actual para llevar a cabo decisiones juntos”, afirmó, al tiempo en que prometió transparencia en sus decisiones.