En medio de un torbellino de denuncias de irregularidades en la compra de pruebas rápidas para detectar el coronavirus a sobreprecio y a personas ligadas al Partido Nuevo Progresista (PNP), la gobernadora Wanda Vázquez anunció este jueves una serie de medidas correctivas que incluyeron la cancelación de todo contrato que tenga el gobierno con Apex General Contractors o vinculados al abogado de la empresa, Juan Maldonado; la selección de un funcionario federal que asista en el proceso de compras del Departamento de Salud, y la orden de que todo secretario de agencia tenga que firmar contratos mayores a $1 millón.

De paso, la primera ejecutiva afirmó que es “cuestionable” la investigación que realiza la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes por estar dirigidas por legisladores y un asedor que no apoya su candidatura a la gobernación, les dio un espaldarazo a los miembros del task force médico implicados en la compra irregular de las pruebas a la empresa Apex y aseguró que esta controversia no la apartará de su interés de lograr la gobernación en las próximas elecciones generales.

Las expresiones las emitió durante una extensa conferencia de prensa realizada en La Fortaleza, luego de una semana de guardar silencio pese a que cada día surgían más revelaciones del proceso irregular en el que la empresa Apex obtuvo el contrato. En el evento estuvieron presentes los secretarios de Estado, Elmer Román; de Hacienda, Francisco Parés; de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero; del Trabajo, Briseida Torres; de Salud, Lorenzo González; de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy, así como de Educación, Eligio Hernández.

En general, Vázquez planteó que la controversia por la compra de pruebas rápidas a la empresa Apex por $38 millones “es una situación bien penosa. Es algo que no debió haber ocurrido en términos de que haya sembrado tantas dudas en medio de un proceso de crisis como el que vive el pueblo puertorriqueño”.

Sin embargo, defendió que se haya dado paso el proceso de compra. Aludió a había una necesidad del pueblo para que hubiese pruebas disponibles que determinasen el número de contagios con este virus que ha paralizado al mundo.

“¿Qué era la urgencia? Tener las pruebas para hacerle la prueba a todo el mundo”, señaló.

Se le cuestionó a la primera ejecutiva por qué razón no se han realizado trámites para comprar más pruebas rápidas luego de este fallido intento con la empresa constructora. Respondió que “tenemos las pruebas disponibles para los que tengan los síntomas”.

De hecho, se distribuyó una gráfica del Departamento de Salud que expone que habían distribuido al 4 de abril 7,725 pruebas rápidas y al 31 de marzo unas 1,100 pruebas moleculares en centros de salud.

Otras 200,000 pruebas rápidas, compradas a la empresa Mainland, se distribuyen actualmente en centros de salud, asilos de envejecientes y el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, detalló el titular de Salud.

Responsabiliza a Maldonado

Pero, ante la sombra que ha creado el proceso que se dio el pasado 26 de marzo para adquirir un millón de pruebas a un costo de $36 cada una, Vázquez culpó directamente al abogado de Apex, quien fue subsecretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y director de la Autoridad del Transporte Marítimo (ATM) bajo la administración de Ricardo Rosselló Nevares, de haberse querido aprovechar del pueblo de Puerto Rico y crear ese “penoso” escenario en el que se encuentra actualmente sumido el gobierno.

Según ha trascendido de investigaciones periodísticas y del proceso de vistas públicas que realiza la Cámara de Representantes, Maldonado envió un mensaje de texto al coordinador del task force médico, Segundo Rodríguez, referido por un exasesor del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, Eduardo “Tito” Laureano.

La exsecretaria auxiliar en Administración del Departamento de Salud, Adil Rosa, testificó el martes pasado ante la Comisión cameral de Salud que Rodríguez le pasó el número de Maldonado para que se iniciara el cuestionado proceso de compras.

“Lo más que me molesta es que una persona en medio de una necesidad como esta haya tratado de aprovecharse de la necesidad y del pueblo de Puerto Rico, y eso yo no se lo voy a permitir ni a este señor ni a esta empresa ni a nadie. Y, por eso, yo le doy la bienvenida a las investigaciones”, afirmó la gobernadora.

Aludió que Maldonado hizo una “representación falsa” para haber hecho creer que la empresa podía tener en cinco días estas pruebas en la Isla, cuando ni siquiera habían contactado a la empresa que alegaron que se las proveería, Promedical.

“Esa persona le mintió al pueblo de Puerto Rico… Él (Maldonado) es el responsable de todo esto”, denunció Vázquez.

Añadió que “si esa persona lo hizo con ese conocimiento (de que no podía cumplir), yo no lo quiero en ningún sitio en el gobierno, por eso los contratos o relaciones que tengan que ver con estas personas no las quiero en el gobierno”.

Por tal razón, Vázquez anunció que ordenó al secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, a cancelar todos los contratos que tuvieran relación con Maldonado o Apex. No indicó cuáles eran. Solo trascendió que el contrato que tiene vigente Apex con el gobierno es para proveer servicios en el Hospital Universitario Ramón Ruiz Arnau, conocido como el Hospital Regional de Bayamón.

También dijo que todo contrato de Laureano, quien fue el primero en la línea que recomendó a Apex, también se cancelaría. Sin embargo, este no tiene en la actualidad ningún contrato activo.

Sale en defensa del task force

Pese a que tronó contra Maldonado y Laureano, la gobernadora defendió al coordinador del task force médico, aun cuando estuvo inmiscuido en la cadena de persona que llevaron a que se pactara un contrato con Apex.

“Aquí nosotros estamos beneficiándonos de este criterio médico y, sí, ese criterio médico tiene nuestra confianza”, afirmó, al establecer que Rodríguez y el grupo de galenos que conforman el task force han cumplido con su responsabilidad de asesorar bien al gobierno para lidiar con la pandemia.

Pidió que se le dé la oportunidad de ser escuchado para que pueda explicar lo ocurrido. No obstante, Rodríguez fue cuestionado el pasado Jueves Santos por varios periodistas en un programa emitido por la Corporación para la Difusión Pública (WIPR) sobre la situación y alegó que toda la controversia era un “chisme”.

Vázquez sentenció en la conferencia de prensa que “lo que hemos escuchado es argumentaciones de una sola parte… Deben escucharlo a él también”.

Medidas para evitar más irregularidades

Para evitar que situaciones similares ocurran en un futuro, la gobernadora informó que buscarán a algún funcionario federal que de manera gratuita asesore al secretario de Salud en los procesos de compras.

Estableció que la persona, cuyo nombre no develó, no será un síndico. Comentó que actuará de manera similar a la exfiscal federal, Rosa Emilia Rodríguez, que asesora al gobierno sobre el uso de fondos federales.

También informó que ordenó que todo secretario o jefe de agencia firme los contratos por un monto mayor a $1 millón. Esto se debe a que el contrato de Apex no fue firmado por ningún funcionario con jerarquía. La firma que aparece fue la de Guarina Delgado, una funcionaria del Negociado de Manejo de Emergencia.

“Nuestra prioridad es la transparencia y que todos los procesos se lleven de la manera correcta. No vamos a permitir que actuaciones siembren duda ni que pongan en riesgo la integridad de esta administración”, señaló la mandataria.

También enfatizó en que en su gobierno no se permitirá el “amiguismo y conexiones” para lograr contratos.

Críticas a la Comisión de Salud

Asimismo, la gobernadora urgió a que se realicen investigaciones “objetivas” sobre toda esta controversia. Lo hizo en medio de fuertes críticas a la labor que realiza la Comisión cameral de Salud para indagar en la controversia.

Aludió que esa investigación es “cuestionable”, porque no se le ha dado la oportunidad al coordinador del task force médico a testificar y porque se le ofreció inmunidad a una testigo que no lo había solicitado.

“Esto es una cuestión política”, afirmó.

Dijo que entre los actores principales de estas vistas públicas están legisladores que apoyan a su contrincante político dentro del PNP, Pedro Pierluisi. Mientras, denunció que uno de los asesores de la Comisión, el exlegislador Edwin Mundo, también es parte de la campaña de Pierluisi. Específicamente, es su asesor electoral.

“Allí están las personas del otro candidato que muy tristemente se han aprovechado de una necesidad del pueblo, de una emergencia para poder generar toda esta situación… Todos estos representantes, ¿a quién apoyan? ¿A quién le han tirado en las redes sociales? A Wanda Vázquez. Por lo tanto, son personas identificadas con el otro candidato. Así que el pueblo juzgue”, denunció.

No se quita

Vázquez, sin embargo, dijo que no se amilanará y que proseguirá con su aspiración a lograr la candidatura a la gobernación por el PNP.

“Tengo que decirles a todo los que están tirando esa bola de humo que están equivocados. Wanda Vázquez sigue para representar al pueblo, Wanda Vázquez sigue para representar los mejores intereses de este pueblo. Pese a todas las cosas que quieren hacer, todas las imputaciones y todo lo que puedan hacer para desviar la atención… Wanda Vázquez sigue hacia adelante. Así que lo que yo les puedo decir es que no me amilanan, porque yo con Dios por delante voy a seguir adelante por este pueblo”, precisó.

Como reacción a sus denuncias, Pierluisi emitió unas declaraciones escritas en las que reclamó transparencia de parte del gobierno de Vázquez.

“En su conferencia de prensa, la gobernadora optó por tratar de intimidar y atacar la integridad de las gestiones investigativas de legisladores electos por el pueblo, quienes están inmersos en la búsqueda de la verdad que reclama nuestra gente. Es inaceptable que, en busca de restarle credibilidad al proceso, la gobernadora quiera politizarlo. Es igual de inaceptable querer minimizar la responsabilidad de su administración. Los que recibieron la propuesta en cuestión, ignoraron ofertas más económicas y emitieron un pago por adelantado sin verificar la veracidad de la propuesta, fueron funcionarios y consultores de su administración. Vamos a enfocarnos en que se sepa toda la verdad y, más importante aún, que esto no se vuelva a repetir. Eso es lo que Puerto Rico merece”, puntualizó.