La exgobernadora Wanda Vázquez Garced respondió este jueves a la anulación de la orden de mordaza que emitió el juez federal Raúl Arias Marxuach en el caso que enfrenta por un alegado esquema de soborno para financiar su campaña primarista en 2020.

“En el día de hoy he sido notificada que el Honorable Juez Arias Marxuach del Tribunal Federal acogió la petición que presenté y elimina la Orden de Mordaza impuesta. Al presente, me encuentro con mi equipo legal analizando el contenido y alcance de la nueva Orden emitida”, sostuvo la ex primera ejecutiva en declaraciones escritas.

“En su momento brindaré declaraciones adicionales, como siempre lo he hecho, de frente a mi pueblo y hablando con la verdad. Gracias a todos por sus mensajes de apoyo”, afirmó.

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Durante horas de la mañana, se reveló que el juez Arias Marxuach levantó “por el momento” la orden protectora hacia la exgobernadora, el exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Mark Rossini, y el banquero venezolano Julio Herrera Velutini, que tenía la intención de limitar las expresiones de los acusados y su representación legal para proteger su derecho a un juicio imparcial.

No obstante, el mismo fue retado por las partes imputadas luego que estos alegaran que la mordaza les limitada la capacidad de defenderse de la “cobertura mediática desfavorable”, argumento que llevó a la Fiscalía federal a llegar a un acuerdo unánime.

“La Corte no tiene particular interés en vigilar el discurso de las partes involucradas en este caso, sino que solo busca proteger la Sexta Enmienda de los demandados a un juicio justo”, lee el documento.

Vázquez Garced fue imputada hace un mes de varios cargos por defraudar el gobierno, soborno con fondos federales y fraude electrónico. Junto a la exmandataria, también fueron acusados Herrera Velutini y Rossini.

Además, entre los imputados, también se encontraron el empresario y exadministrador de Vivienda, John Blakeman, y la presidenta y directora ejecutiva de Bancrédito, Frances Díaz Bosse. Sin embargo, estos llegaron a un acuerdo de culpabilidad con los fiscales federales en marzo de este año.