La defensa de la gobernadora Wanda Vázquez Garced solicitó esta tarde la desestimación e impugnación de su caso ante el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) por entender que no se siguieron los procedimientos adecuados y que no existe evidencia de que cometió algún delito.

La investigación que vincula a la primera ejecutiva del País, la senadora Evelyn Vázquez y otros funcionarios gubernamentales, en términos generales, está basada en posibles irregularidades e infracciones a Ley de Ética Gubernamental y al Código de Reglamentaciones Federales por el manejo de suministros a damnificados de los terremotos reportados a principios de año en el sur y suroeste del Puerto Rico.

“La gobernadora, de ese informe, no se desprende que haya cometido algún delito”, manifestó el abogado de la mandataria, Edgar Vega Pabón, en entrevista telefónica.

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Además, el licenciado explicó que “no surge de la resolución que se haya convocado” a una de las integrantes del PFEI a la reunión en la que se discutió el informe referido por el Departamento de Justicia.

El pasado 20 de julio, el PFEI le notificó una resolución a la gobernadora –suscrita por la presidente Nydia Cotto Vives y por Rubén Vélez Torres, miembro del panel– informándole la designación de un panel para iniciar una investigación en su contra.

Específicamente, la miembro que no se estipula en la resolución si participó de la decisión o se inhibió es la licenciada Ygrí Rivera Sánchez.

“Esa ley [Ley 2 de 1998, que crea la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente] requiere que eso tres seres humanos se sienten en una mesa y tomen una decisión”, señaló la defensa de la primera ejecutiva del País.

Como único el panel tendría la autoridad para que dos de sus miembros elijan unánimemente es en caso de una inhibición y que no haya un juez alterno que le sustituya.

“La ley 2 de 1988 sobre el PFEI, requiere que los tres miembros del Panel tomen sus decisiones colegiadamente y por mayoría simple. Como único tienen autoridad para decidir únicamente dos de sus miembros es en caso de inhibición y que no haya un juez alterno que sustituya al que se inhiba. Si la Lcda. Rivera Sánchez fue convocada y se inhibió del proceso, así debería surgir de la Resolución. En un cuerpo colegiado de tres integrantes como lo es el PFEI no puede obviarse livianamente a uno de sus componentes como si no existiera y tomarse una decisión únicamente por dos de sus miembros”, reza el documento de 13 páginas sometido a eso de las 3:15 p.m.

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Aparente apoyo a Pierluisi

Por otro lado, Vega señaló que uno de los miembros del panel que votó a favor de iniciar la pesquisa contra Vázquez Garced sería correligionario de Pedro Pierluisi.

“A parte de eso, nos llega información que Rubén Vélez Torres, el segundo que vota con la presidente y que constituye mayoría, sigue la campaña del oponente en primarias de nuestra clienta”, señaló.

También, dijo que la hija de Vélez Torres, Zhamira Vélez Ortega, es una empleada del Departamento de Corrección y Rehabilitación, pero que trabaja en destaque como ayudante del alcalde de Arecibo, Carlos Molina, aliado del ex comisionado residente en Washington en las primarias. Además, calificó a Vélez Ortega como una activista en la campaña de Pierluisi.

“Ese juez debió inhibirse también”, apuntó Vega.

La defensa de la gobernadora sometió un “exhibit” en el que aparecería Vélez Ortega en una caravana portando una bandera de Pierluisi.

“Dicha información, cuando menos, crea una apariencia de conflicto de intereses cuando se evalúa en el contexto de la contienda primarista. ¿Divulgó el Lcdo. Vélez Torres esta información al Panel? ¿Consideró inhibirse? No sabemos, pero lo cierto es que el voto que decidió que se designara un FEI contra la aquí compareciente fue el del Lcdo. Vélez Torres”, añade la solicitud de desestimación.

Referido “atropellado”

Asimismo, Vega destacó que el referido de Justicia fue realizado por la entonces secretaria Dennise Longo Quiñones el mismo día que la gobernadora le solicitó la renuncia a través del secretario de la Gobernación, Antonio Pabón Batlle.

“Desde que se le solicitó la renuncia a la Secretaria de Justicia saliente en adelante, dicha funcionaria sabía que no gozaba de la confianza de la Gobernadora y la única gestión oficial que estaba autorizada a realizar era la redacción y firma de su carta de renuncia. Cualquier acto oficial, más allá de ello, constituyó una actuación ultravires e inoficiosa, incluyendo el referido de última hora al PFEI. Tan atropellado fue el proceso del referido, que no fue hasta el lunes 6 de julio de 2020, que se coordinó que el mismo fuera llevado al PFEI… El informe de la investigación preliminar fue entregado al PFEI sin acompañar la evidencia como requiere la ley, la cual no se entregó hasta el día 13 de julio de 2020. Evidentemente ese referido no estaba listo y se preparó a última hora sin la autoridad de ley requerida”, se lee en el documento.

El abogado de Vázquez Gacerd manifestó que un examen forense de las computadoras utilizadas podría indicar cuándo fue que realmente se prepararon esos informes y negó que la destitución de Longo Quiñones fuera por la recomendación del FEI contra su clienta.

“La gobernadora tiene el derecho constitucional y la facultad absoluta de dejar vacante o despedir a cualquier secretario”, apuntó.

Otra denuncia del licenciado fue la filtración ayer del informe confidencial que preparó el Departamento de Justicia sobre las investigaciones que realizaron sobre el manejo de suministros durante la emergencia de los terremotos.

Señaló, también, que en ese informe se hace mención de la investigación realizada en la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) que habría culminado en abril y para la cual se tomaron sanciones contra los empleados involucrados.

El portavoz de prensa del PFEI, Luis de la Cruz, confirmó que la oficina recibió la solicitud de desestimación y que ahora lo que procedería es una evaluación de los miembros del panel, para luego hacer alguna expresión.