La gobernadora Wanda Vázquez convirtió en ley una medida que devuelve a los empleados públicos la cantidad de días acumulados en licencias por vacaciones y por enfermedad que se les habían quitado bajo la Ley 26 de 2017.

Con la medida, explicó la gobernadora, “todos los empleados públicos a tiempo completo tendrán derecho a acumular dos días y medio de vacaciones por cada mes de servicio, hasta un máximo de 60 días laborales al finalizar cada año natural, y un día y medio de licencia por enfermedad por cada mes de servicio”.

“Con la firma de esta ley damos paso a que los servidores públicos del gobierno de Puerto Rico, que son el recurso más importante que tiene nuestro gobierno, acumulen la misma cantidad de días que tenían previo al 2017”, comentó la gobernadora.

Vázquez aseguró que la medida “no conlleva un impacto adicional al presupuesto, dado a que se limita al disfrute del beneficio de la acumulación de los días de ambas licencias”. Citó las opiniones de AAFAF (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal) y OGP (Oficina de Gerencia y Presupuesto) que aseguran que no impactan el presupuesto. Agregó que “los máximos de acumulación y el pago de liquidación de días en exceso de 60 días, no se alteran”.

La gobernadora indicó que hay estudios que reflejan que hay una relación positiva entre los días de vacaciones y descanso que disfrutan los trabajadores y su productividad. Admitió que “las reducciones de este beneficio, no han representado una economía real para el gobierno, mientras que representan condiciones de trabajo menos favorables”.

“Esta ley para restituir el beneficio le hace justicia y reconoce la labor de todos nuestros servidores públicos”, afirmó Vázquez.

Esta medida, sin embargo, ya fue rechazada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) cuando fue debatida y luego aprobada en la Legislatura. De hecho, el pasado 25 de noviembre la JSF envió una carta a la gobernadora y los presidentes de Cámara y Senado expresando sus reservas con esa y otras medidas aprobadas por la Legislatura, por considerarlas “inconsistentes con el plan fiscal aprobado”.

La gobernadora admitió que la JSF tendría eventualmente la última palabra sobre el asunto y podría revertir el beneficio aprobado.

“La facultad nuestra es informar adecuadamente con la verdad, y hablarle claro a la gente. Mi verdad y la verdad de la rama legislativa es que se hizo el análisis que no tiene impacto fiscal… No puedo anticipar lo que vaya a hacer la Junta. Lo que puedo decir es que el análisis que se hizo desde el Ejecutivo es que no tiene impacto fiscal. Obviamente la Junta siempre va a tener la determinación final. Si ellos lo cuestionan pues nosotros tendremos una respuesta para demostrarle a ellos que obviamente no tiene impacto fiscal, que yo entiendo que debe ser la mayor preocupación de la Junta”, comentó la gobernadora.

Luego del anuncio de la gobernadora, la JSF, a través de su portavoz, Edward Zayas, explicó que ahora la Junta tiene que espera que le envíen la certificación de las leyes recién firmadas, para lo cual tienen siete días, según establece la ley federal Promesa. Luego, “la Junta tendrá que pasar juicio sobre ellas (las leyes aprobadas), básicamente teniendo en consideración si son consistentes o no con el plan fiscal certificado ya establecido”.

Zayas agregó que, una vez el equipo técnico de la Junta revise a fondo lo aprobado, “si la Junta entiende que es consistente, no tiene problema ninguno”.

Por otro lado, el presidente cameral, Carlos “Johnny” Méndez justificó el cambio de postura alegando que han cumplido estrictamente con los planes fiscales, se han hecho los sacrificios necesarios para aumentar los recaudos en el gobierno y se ha recuperado la confianza, por lo que “es momento de hacerle justicia a los empleados públicos restituyéndole derechos”. Agregó que era el primero de los recortes que estarían revisando “para restituir aquellos que se puedan restituir”, incluyendo el plan médico de los trabajadores públicos.