La gobernadora Wanda Vázquez Garced firmó hoy dos medidas para pedir un periodo de transición de cinco años para seguir cabildeando en el Congreso a favor de la industria gallística y para que sigan las peleas de gallos en la Isla.

La gobernadora explicó que mientras no haya comercio interestatal de pollos y gallos y cualquier otro equipo o material utilizado en las peleas -según enmendada  la Ley 98-2007- no se entorpece el estatuto federal.

Con esa consideración, las autoridades federales no podrían procesar a quienes jueguen el “deporte de los caballeros”.

Vázquez explicó que la nueva ley atiende la preocupación del juez federal Gustavo Gelpí que destacó -en una demanda incoada por galleros- que las peleas de gallos tienen un impacto en el comercio interestatal porque atraen animales de pelea y espectadores de numerosos estados e involucra apuestas y otras actividades cuestionables.

También -dijo la gobernadora- se ordena un estudio al Departamento de Recreación y Deportes sobre las prohibiciones contenidas en el Animal Welfare Act para luego aprobar un reglamento sobre la práctica de las peleas de gallos.

Esta industria, según Vázquez, le deja al erario cerca de $120,000 al año entre licencias, documentos y multas, entre otros.

Entre el 2018 y 2019 hubo 71 galleras con licencia para operar y se hicieron 67,400 peleas, generando unos $9 millones en apuestas.

Mientras, la resolución conjunta del Senado 459 ordena a la gobernadora y a la comisionada residente Jenniffer González a gestionar en el Congreso la aprobación de un periodo de probatoria de cinco años en la aplicación de la prohibición a la Isla.

Luego de firmar las medidas, la gobernadora dijo estar dispuesta a iniciar un diálogo con las agencias federales y aseguró que las puertas de la Fortaleza están abiertas.

“Si ellos tienen un cuestionamiento con relación a la legislación estatal yo creo que lo debemos dialogar, porque aquí el gobierno de diálogo nos ha demostrado que podemos llegar a acuerdos sin que se afecte nadie”, expresó al aclarar que luego de los debidos análisis en derecho a las piezas legislativas “no se obviaron las disposiciones federales”.

“De ninguna manera puede entenderse que estos dos proyectos de ley son algún desafío a la jurisdicción federal”, insistió.

De igual forma, aceptó que el quiera cuestionar la ley lo puede hacer ante los tribunales pero que el gobierno defenderá las legislaciones.

En cuanto a si los federales piden en algún momento ayuda a la Policía para realizar alguna intervención con los galleros, Vázquez indicó que “en su momento tenemos que dialogarlo porque obviamente la jefa de la Policía de Puerto Rico es la gobernadora y tiene que hablar conmigo”.

Esto arrancó aplausos de los presentes.

De su parte, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, reconoció que la ley firmada por la gobernadora podría ser retada en los tribunales o quizás “haya alguna intervención… que sea la que lo lleve a los tribunales”.

Tras elogiar las medidas que impacta positivamente a “miles de familias en todo Puerto Rico”, a preguntas de la prensa, Rivera Schatz dijo que los galleros sí están preparados para producir espuelas aquí y cumplir con las regulaciones del nuevo estatuto local.

“Nuestros galleros han demostrado que tienen capacidad de generar en condiciones inhóspitas, empleos y actividad económica…”, sostuvo Rivera Schatz al mencionar que la legislación federal afecta no solo al que apuesta o juega gallos, sino al que cría y a cualquiera que tiene vínculos con la industria.

Por su parte, el deportista de gallos por los pasados 50 años, Rafael Durán, agradeció la firma de la moratoria por parte de la gobernadora pero advirtió que en cinco años “no resolvemos el problema… Hay que seguir luchando la pelea con los federales para que no se imponga esa prohibición en la isla”.

El empresario sostuvo que “la economía de Puerto Rico está arrodillada y aquí no se van a crear los empleos para que la gente que trabaje en la industria de los gallos pueda moverse a hacer otras cosas. Los estamos abogando al desempleo o a la dependencia”.

Alertó que los galleros tienen que estar vigilantes “al próximo golpe… Mientras estábamos luchando por esto, ya en el Congreso pasaron la Ley Pact que eleva el maltrato animal a nivel federal y las multas son mayores”, agregó.

Mientras, Juan Quintero, abogado retirado del servicio público y que forma parte del grupo Unidos por los gallos, expresó que el problema principal fue que los congresistas no tenían conocimiento del impacto de esta industria sobre el país y que cuando algunos nos visitaron no hubo vistas públicas.

Sobre qué mensaje distinto llevarían a los congresistas, que ya tienen una noción “equivocada” de lo que es la industria, Quintero expresó que “una vez se integren los cabilderos oficiales del gobierno se le va a llevar la información correcta… El problema de esto es cómo se compra la teoría de la crueldad, que es con lo que ellos convencen”, expresó al abundar que si un gallo, en el primer minuto de pelea, rehusa el combate la pelea no se celebra.

De otro lado, Orlando Vargas, presidente de la Junta de Directores del Club Gallístico de Puerto Rico -sede de Isla Verde- expresó que ambas medidas “nos dan un instrumento que no teníamos hace una hora para seguir fomentando la industria y el deporte. Vamos a continuar la lucha de mano con la gobernadora para ver si puede llegar al Congreso americano y seguir ampliando nuestra industria”.

Mientras, Gerardo Mora, director ejecutivo de la Comisión de Asuntos Gallísticos, expresó que la industria gallística genera más empleos en la isla que una multinacional.

“¿Cómo es posible que en el siglo XXI nos quiten lo que por derecho nos dio un gobernador norteamericano en el 1934 (Robert H Gore)?”, cuestionó al mencionar que muchos municipios dependen de esta industria para sustentar su economía.