Representantes de la multinacional Walmart en Puerto Rico catalogaron este martes a la Ley 72, que transforma el sistema contributivo de nuestro País e impone un impuesto al valor agregado (IVA), como una supuesta condena de "pena de muerte" para su empresa, que estima tendría que pagar $5.8 millones en exceso de impuestos en el 2016 sobre lo que ya tributan.

Así lo planteó en su argumento inicial el abogado de la empresa, Neal Manne, en el primer día de juicio en el Tribunal Federal en el caso de Walmart Puerto Rico contra el secretario de Hacienda, Juan C. Zaragoza, al cuestionar la constitucionalidad de la ley del 2015.

"La Ley 72 impone la pena de muerte a Walmart en Puerto Rico por un crimen del que no hay evidencia que se cometió. La Constitución de Estados Unidos no lo permite y la corte federal tiene jurisdicción para detenerla", señaló Manne.

Debido a que el juez federal José A. Fusté emitió una orden de mordaza a las partes y otra orden para proteger documentos confidenciales, el público ni la prensa en sala pueden ver la prueba presentada. Por ello no se informa sobre qué cantidad en impuestos ha pagado Walmart al Gobierno de Puerto Rico.

El recurso de Walmart Puerto Rico contra el Departamento de Hacienda fue presentado en el Tribunal Federal el pasado 4 de diciembre y cuestiona la constitucionalidad de la Ley 72 de 2015. El demandante reclama que la corte ordene la paralización de dicho estatuto. La parte demandante alega que la Ley 72 viola la cláusula de comercio interestatal, la de igual protección, así como la ley de relaciones federales. La tasa contributiva es estimada por la empresa en 91.5%. La empresa alega que esa tasa sería la más alta en cualquier sitio donde operan y, de mantenerse, sería "devastador" para la compañía.

La Ley 72 enmendó varias secciones del Código de Rentas Internas y cambió la tributación sobre las compras de las megatiendas entre las compañías matrices y sus oficinas en Puerto Rico, lo que se conoce como "transfer pricing". La parte demandante alega que la ley atenta específicamente contra Walmart Puerto Rico y piden al tribunal que la paralice.

El impuesto es a compras que hacen a las subsidiarias, que suman alrededor de $685 millones.

Por su parte, una de las abogadas de Hacienda, Susan Seabrook, rechazó que la Ley 72 afecte a Walmart Puerto Rico y argumentó que el Tribunal Federal no tiene jurisdicción en este caso.

El primer testigo en la mañana fue el gerente de impuestos de Walmart Puerto Rico, Antonio Echevarría Villafañe, quien estimó que su empresa pagaría un supuesto exceso en impuestos de $5.8 millones en 2016 sobre lo que ya tributan al proyectar que bajo la nueva ley la tasa contributiva sería de 114.2%, cuando en la demanda estimaban que era 91.5%. Estimó que tendrían que pagar $126 millones de impuestos en tres años. Alegó que los impuestos serían mayores a las ganancias, pero no se presentaron números en sala porque los documentos no se están publicando.

A preguntas de la abogada Seabrook, Echevarría Villafañe aceptó que tienen atrasos en sus estados financieros y que los están revisando. Dijo además que en las planillas de 2011 y 2012, tuvieron un crédito contributivo del Gobierno.

La segunda testigo del día fue la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Melba Acosta, a quien Manne le preguntó sobre el informe de estado de emergencia que se presentó ante el Congreso de Estados Unidos y otros documentos sobre la precaria situación fiscal de la Isla.

El abogado también trajo a colación un informe de la Oficina del Comisionado de Seguros sobre la liquidez del Gobierno, pero Acosta dijo que le faltaban "tres ceros", que tenía errores, por lo que no era confiable.

Fue entonces que uno de los abogados de Hacienda, José González Castañer, objetó la línea de preguntas por traer documentos de asuntos internos que debían verse en una vista ejecutiva y que la evidencia que llevó Manne ya era suficiente.

Manne planteó que la situación se podría solucionar si se estipulaba que Puerto Rico es insolvente.

"Si aceptan la insolvencia, podemos seguir (con otro tema)", manifestó Manne.

González Castañer dijo que no podían estipularlo, por lo que el juez federal José A. Fusté denegó su objeción.

Acosta confesó que mientras fue secretaria de Hacienda, nunca le reportaron irregularidad en los impuestos que Walmart Puerto Rico debía pagar.

El juicio continúa mañana, miércoles, y se es posible que termine esta misma semana.

Walmart Puerto Rico Inc. opera 55 tiendas en la Isla, incluyendo los Walmart Supercenters, Walmart, los Sam’s Club, Super Ahorros y Supermercados Amigo, aunque en enero cerraron 11 de sus tiendas. La empresa, según Echevarría, emplea a 13,400 personas, y alegan que recaudan casi $100 millones por concepto del Impuesto de Ventas y Usos (IVU) anualmente.