Sin mencionar la controversia con la que inició sus gestiones en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) por haber firmado una orden a favor de los dueños de residencia de La Parguera que realizaron construcciones ilegales, Waldemar Quiles Pérez se presentó este sábado ante el Senado en la vista pública para evaluar su confirmación.

Las primeras preguntas de los legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) también obviaron la controversia.

Entre los datos destacados que mencionó es que la agencia dedicada a la protección del ambiente todavía hace sus trámites en papeles.

“Mis retos en el DRNA incluyen sin limitarse la falta de procedimiento en las áreas y el cúmulo de papeles que se generan, a falta de un sistema automatizado confiable”, reveló.

Añadió que “lo anterior me ha motivado a implementar un plan de trabajo que inició con la identificación de necesidades en cada área u oficina, así como metas a corto y largo plazo para cumplir con la política pública de este gobierno. A tono con lo establecido en la Ley 416 del 2004, conocida como la Ley de Política Pública Ambiental, reconociendo la importancia y relación entre los factores sociales, económicos y ambientales, procuro lograr el desarrollo sustentable, incluyendo la más efectiva protección del ambiente y los recursos naturales, el uso más prudente y eficiente de los recursos para beneficio de toda la ciudadanía, un progreso social que reconozca las necesidades de todos y el logro y mantenimiento de altos y estables niveles de desarrollo económico. Esa es la razón por la que repito constantemente que el desarrollo económico y la protección de los recursos naturales tienen que ir de la mano”.

Quiles Pérez resumió que trabajó por tres décadas en el Ejército de los Estados Unidos y en el 2011, trabajó en el DRNA como secretario Oficial de Recursos de Agua y Minerales. Tras el huracán María, pasó a trabajar en la Agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y regresó al DRNA como director de la Oficina de Recuperación y secretario auxiliar de Operaciones.

La controversia principal de Quiles Pérez surgió a las pocas horas de ser designado, ya que firmó una orden administrativa que archivaba todos los casos de construcciones ilegales en La Parguera, en Lajas. La decisión tomó gran atención, ya que una de las residencias a las que se les achacó construcción ilegal fue la de los suegros de la gobernadora Jenniffer González Colón.

Su orden establecía en primera instancia que se determinó “el archivo de los casos relacionados a los asuntos establecidos en la presente Orden Administrativa por convertirse académicos”.

Los senadores, de inmediato, llamaron a una vista pública en la que le cuestionaron a Quiles Pérez su decisión. Tras la vista, el nominado decidió enmendar la orden.

El cambio establecía que “se ordena a Oficiales Examinadores y Jueces Administrativos que, luego de los trámites de rigor y de conformidad a lo establecido en el Reglamento de Procedimientos Administrativos de del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales y en las Reglas de Procedimiento de Vistas Administrativas de la Junta de Calidad Ambiental, evalúe la aplicabilidad de las disposiciones de la presente Orden Administrativa a las circunstancias particulares de cada caso ante su consideración y, de entenderlo procedente, ordene el archivo de los casos relacionados con las disposiciones establecidas en la presente Orden Administrativa por convertirse en académicos”.

Además de Quiles Pérez, el Senado evaluó esta tarde los nombramientos de Astrid Piñeiro Vázquez, designada directora de la Oficina para el Desarrollo Económico y Comunitario; Facundo Miguel Di Mauro Vázquez, designado director de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico, así como José Reyes Cañada, nominado director del Negociado del Sistema de Emergencia 911.