Su empeño en lograr que los más de 53,000 inquilinos de los residenciales públicos tengan un mejor servicio de los administradores de estas comunidades llevará al Departamento de la Vivienda a establecer un centro de llamadas para atender sus quejas y a colocar a más empleados en el área de monitoreo para evaluar el desempeño de las 12 compañías contratadas para liderar los 328 proyectos de vivienda pública, informó la designada secretaria de la Vivienda, Ciary Pérez Peña.

Este enfoque lo prestarán, ya que dijo que cuando era subdirectora de Distrito en la Oficina de la Comisionada Residente, visitó con la ahora gobernadora Jenniffer González Colón los residenciales y observaron fallas en el cumplimiento de las empresas con los residentes.

A modo de ejemplo, explicó que “nosotros los seres humanos, cuando tenemos algo afectado en el hogar, como una filtración o como el fallo en un lavamanos, el fallo en el fregadero, en un inodoro, nosotros actuamos inmediatamente, verdad, porque es el hogar, es donde nosotros vivimos. Yo digo que la misma calidad de vida que nosotros nos brindamos a nosotros mismos es la que merecen los residentes de los residenciales públicos”.

“Si existe un agente administrador que tiene los fondos para hacer estas reparaciones, si existen unos empleados de los agentes administradores para hacer estos trabajos, ¿por qué tiene el residente que tener que esperar semanas y meses para que le puedan reparar su apartamento? Así que nosotros, esto es una de las cosas que vamos a estar monitoreando bien de cerca y ver de qué manera podemos hacer cumplir a los agentes administradores en que los servicios se tienen que dar, y se tienen que dar inmediatamente. Nosotros venimos a servirle a esos residentes de los residenciales públicos. No venimos a servir a los agentes administradores. Así que nosotros tenemos ya planes”, añadió.

Entre esos planes, la secretaria adelantó que reforzarán los contratos que se tienen que hacer próximamente, cuando lancen el requerimiento de propuestas que está pendiente para seleccionar a los administradores de los residenciales.

Informó que en estos contratos “queremos poner más ataduras a cumplir con residentes”.

Pérez Peña informó que en la actualidad se imponen multas, que los administradores pagan sin hacer cambios en sus servicios a los residentes.

Además, ha solicitado a Vivienda Pública el desarrollo de un plan de acción en el área de monitoria que evalúe y lleve a mejorar los servicios.

Por último, reveló su propuesta de crear un centro de llamadas en los que el residente podrá “dejarnos saber cuál es su situación y en qué momento lo notificó a la agencia administradora para nosotros, entonces, poder estar más de cerca monitoreando en efecto ese servicio que necesita ese residente”.

Otro trámite que está pendiente es conocer cuántas unidades de vivienda están disponibles en los residenciales, pues aseguró que la agencia tiene lista de espera de solicitudes de familias. No pudo detallar de cuántas son, pero explicó que a una familia se le da la opción de anotarse hasta en tres residenciales, lo que aumenta la cifra de solicitudes.

Pese a haber comenzado a desarrollar estos planes, la secretaria adelantó que la ahora gobernadora se propone nombrar a otra persona como administrador de la Administración de Vivienda Pública. Cuando se nomine a la persona, dijo que permanecería como presidenta de la Junta de Gobierno de esta dependencia adscrita al Departamento.