Ante la posibilidad del paso de una tormenta tropical por Puerto Rico el gobierno ha certificado 324 refugios alrededor de la isla con capacidad para 42,000 personas que serían ubicados en los espacios guardando el distanciamiento físico requerido por las autoridades sanitarias para evitar contagios de COVID-19.

Así lo explicó a Primera Hora William Rodríguez, de la Administración de Vivienda Pública, al reiterar que los refugios abrirán a solicitud de los alcaldes o personal de Manejo de Emergencia Municipal. Precisó que de ordinario las solicitudes por parte de los ayuntamientos surgen entre 12 y 24 horas antes del paso del cualquier fenómeno atmosférico que amenace al territorio.

“Además, hemos distribuido a través de todo Puerto Rico más de 25,901 catres a los municipios y contamos con un inventario de 9,465 catres y, de ser necesario, hay otros 10,000 adicionales que tiene FEMA (Agencia Federal de Manejo de Emergencias)”, agregó.

Indicó que ante la petición de algunos alcaldes entre hoy y mañana se estarán distribuyendo catres adicionales en algunos pueblos.

Precisó que la administración de los refugios cambió la dinámica de años anteriores para responder a la emergencia de la pandemia. Para esto se trabajaron unas guías en coordinación con la Cruz Roja en las que se determinó garantizar el distanciamiento de seis pies entre los refugiados. Entre los refugios certificados se encuentran las escuelas determinadas por el Departamento de Educación como aptas para utilizarse, así como otros espacios comunitarios.

Como medida de prevención cada refugiado será sometido a cernimientos periódicos que incluyen toma de temperatura. Además, se les proveerá equipos de protección como mascarillas, face shield y hand sanitizer.

“Si alguna persona muestra síntomas (del novel coronavirus) se referirá al Departamento de Salud y será transferida al centro médico más cercano para que sea evaluado… mientras ese proceso se lleva a cabo habrán áreas de aislamiento para ubicar a estas personas”, explicó Rodríguez.

En cuanto a los albergues ubicados en el área sur -zona que resultó afectada por los terremotos y secuencia sísmica que afectan a la isla desde inicio de año- dijo que se han identificado en coordinación con los alcaldes lugares seguros para ubicar a refugiados.

“Todos los refugios han sido inspeccionados y ninguna escuela seleccionada pone en peligro a las personas”, sostuvo al mencionar que unas escuelas fueron sacadas de la lista de refugios desde mayo por determinación de unos ingenieros que inspeccionaron las estructuras.

Sobre la posibilidad de que los alcaldes utilicen facilidades como hospederías para algunos refugiados, dijo que es una determinación que se debe coordinar con el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), pero se debe notificar cualquier acción a la Administración de Vivienda Pública.

“Es importante obtener la información de esos refugios (alternos) porque nosotros notificamos a FEMA los refugios abiertos por si se declarara alguna emergencia o desastre se pueda desembolsar y reembolsar ese dinero que se invirtió… además, tenemos que coordinar el andamiaje de proveer alimentos”, acotó.

Actualmente, la Administración de Vivienda cuenta con más de 1,000 empleados para atender la administración de refugios, los cuales trabajarían en dos turnos de 12 horas. En cambio, Rodríguez especificó que nunca han tenido que activar a toda la plantilla, ni siquiera después del azote de los huracanes Irma y María, en 2017. Para ese entonces 15,000 personas estuvieron refugiadas en el país.