Una visita este martes a dos escuelas del área norte central de la Isla, como parte de una vista ocular del Senado, dejó ver un contraste en la aplicación de medidas para combatir el COVID-19 en el regreso a las clases presenciales, así como deficiencias evidentes de parte de algunas agencias encargadas de dar apoyo y mantenimiento a las escuelas.

El senador Rubén Soto Rivera, presidente de la Comisión de Salud del Senado, se presentó en la escuela Fernando Callejo, en el pueblo de Manatí, y la escuela Francisco Felicié, en el barrio Breñas de Vega Alta, como parte de los trabajos relacionados con la Resolución del Senado 146, que ordena una investigación abarcadora sobre la prestación de servicios de salud, públicos y privados, en entidades públicas y privadas a través de Puerto Rico.

Si bien era denominador común en ambos planteles un compromiso de sus empleados para tratar de asegurar la protección de los estudiantes al mismo tiempo que se garantiza su enseñanza, el resultado en términos de organización y observación de la recomendación de distanciamiento social era bastante diferente.

El otro punto en común fue que en ambas escuelas alguna agencia no había cumplido con poner todo al día, a pesar de que el gobierno y el Departamento de Educación han dicho, repetidamente, que todas las escuelas estaban listas y en condiciones para el inicio del curso escolar, que marcaba además el reinicio de las clases presenciales luego de un año de clases a distancia por la pandemia.

En la Fernando Callejo, desde la entrada, la seguridad del plantel exigió evidencia de vacunación, verificación de temperatura, limpieza de manos con sanitizador y anotarse en un registro.

La directora del plantel, Yolanda Crespo López, y la enfermera escolar y “autoridad de salud en la escuela”, María M. Rodríguez Rodríguez, detallaron que la escuela tiene a sus 375 estudiantes tomando clases bajo un sistema híbrido, con un grupo lunes y miércoles, y el otro martes y jueves. El viernes se alternan los grupos.

Afirmaron que 100% del personal está vacunado y entre los estudiantes mayores de 12 años hay un porciento elevado de vacunados, aunque también hay al menos cuatro que han presentados exenciones y algunos padres haciendo gestiones para que sus hijos reciban clases de manera remota. La escuela mantiene registros con la confirmación de vacunación de cada estudiante vacunado, los permisos para hacerles pruebas aleatorias, así como otra información relacionada a la situación del COVID-19.

Al plantel solo se está permitiendo entrada a los padres de estudiantes de educación especial y, en situaciones particulares a otros padres, pero a la oficina y luego que los estudiantes abandonan salen de la escuela.

Los salones tienen un número reducido de estudiantes, observando distanciamiento, y por toda la escuela y en cada salón de clases hay dispositivos para mantener las manos limpias. Además, frente a los baños hay también personal velando para que los estudiantes cumplan con el protocolo de sanidad.

Hay un área de aislamiento y un protocolo claro que detalló la enfermera para cualquier caso sospechoso que pueda ocurrir en la escuela. Hasta el momento, sin embargo, no han tenido ninguno.

Las únicas dificultades, sin embargo, eran asuntos fuera del control del dedicado personal.

Por un lado, la cancha bajo techo que usa la escuela para hacer educación física, que pertenece al municipio de Manatí, sigue en mal estado, esperando para ser reparada luego de los daños que sufriera con el huracán María en septiembre de 2017.

Además, tres salones de educación especial están sin aire acondicionado, y los aires acondicionados de la biblioteca y el salón teatro están dañados.

“Este año recibí estudiantes de educación especial que por sus condiciones no pueden ir con la corriente regular. Algunos tienen condiciones sensoriales que no toleran las mascarillas. Con este calor, tenemos esos salones sin aire, y necesitamos esas tres consolas de aire para esos salones”, suplicó la directora.

Además, la enfermera, como cientos de otras personas que laboran en la primera línea de respuesta a la pandemia, no ha recibido el segundo estímulo que se aprobó para estos trabajadores.

“Tenemos la certeza de que esta escuela (Fernando Callejo) no solamente cumple con todos los protocolos, sino que también el personal se ha mostrado con conocimiento vasto de lo que se puede arreglar. Las peticiones se habían hecho anteriormente también”, afirmó Soto Rivera.

El senador reveló que la Oficina para el Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP) había dicho que atendería el asunto de los aires acondicionados dañados para el lunes pasado, pero no lo hizo. Reclamó que “tienen que cumplir con la petición, máxime cuando tienes un personal tan comprometido como el que hemos visto hoy, no solamente la directora, la enfermera, sino el componente de los maestros, el personal de mantenimiento, el personal de seguridad”.

“Es inaceptable que no podamos tener en un plazo de 30 días tres consolas de 36,000 btu, que el costo no es oneroso, cuando se ha dado tanto y tanto dinero para el COVID-19. Deberían de tener subastas abiertas de manera tal que puedan cumplir con las necesidades. Debieron haber estado ya instaladas. Creo que en ese sentido la OMEP ha fallado”, lamentó.

En la Segunda Unidad Francisco Felicié Martínez, también la seguridad y el enfermero escolar Alfred Colón Martínez, exigieron a la entrada prueba de vacunación, toma de temperatura, sanitización de manos a la entrada, y por doquier había equipo para medir temperatura y mantener las manos limpias.

De manera similar, el personal está 100% vacunado y la mayor parte de los estudiantes mayores de 12 años también. La entrada de padres está igualmente limitada y para hacerlo tiene que estar “vacunado y citado, y va directo a la oficina, sin contacto con los estudiantes”.

Sin embargo, en los salones había una cantidad de estudiantes que no permitía un distanciamiento adecuado. En algunos salones había hasta 23 o 24 estudiantes.

Al momento, la escuela no tiene director o directora. Según explicó Luz Delia Torres Serrano, superintendente auxiliar de la región y quien está por el momento a cargo desde hace dos semanas, la escuela, que tiene una matrícula de 524 estudiantes de kínder a octavo grado, está dando clases presenciales todos los días.

A la hora de almuerzo y salida de clases, por más que se esforzaban los maestros y el resto del personal, no había control sobre los cientos de niños y, aunque la mayoría mantenía su mascarilla puesta, algunos pocos se la retiraron. Otros se salían de las rutas a seguir marcadas en el suelo, y por momentos se aglomeraban y no había nada de distanciamiento entre ellos.

Según explicaron la superintendente auxiliar, la maestra de elemental Xahymara Vélez Ithier Medina y la directora del consejo escolar y maestra de educación especial Carmen Avilés, la escuela en algún momento evaluó un horario diferente para poder acomodar mejor a los estudiantes, pero no pudieron hacerlo porque en ese momento solo tenían tres conserjes, con uno de ellos a tiempo parcial. Luego lograron incorporar otros cinco conserjes privados.

No obstante, a diferencia de la otra escuela, en esta no había personal frente a los baños para velar el cumplimiento de medidas sanitarias. Peor todavía, uno de los baños está cerrado y botando aguas usadas, por “un problema de años” que tiene el plantel con su pozo muro.

“Se ha hecho la petición año tras año a (la Autoridad de) Edificios Públicos”, reclamó una maestra sobre la situación del baño con aguas usadas desbordadas.

La escuela también padece que la cancha “está en pésimas condiciones” y no se puede usar. Además, hay problemas de alumbrado y una situación con la electricidad que no permite remplazar los aires acondicionados, que gestionó la comunidad escolar, a pesar que “desde 2019 se solicitó un estudio de carga, y no fue hasta la semana pasada que vinieron y dijeron que no aguanta más carga y sugirieron hacer una petición para que le den más carga a la escuela. Pero si tardaron dos años para esto, pues imagínese”.

“Aquí hay una preocupación con el distanciamiento. No se puede cumplir con el distanciamiento por la cantidad de estudiantes. Evidentemente concluyo que, a diferencia de la transición que hubo en la escuela Fernando Callejó, aquí la transición no ocurrió igual, toda vez que no se tienen los recursos necesarios para poder atender la cantidad de estudiantes que tiene de demanda esta escuela. Aquí no hay un director como tal escolar en propiedad todavía. No tenemos un maestro de educación física todavía en propiedad, la convocatoria está abierta. Es evidente que no ha habido una planificación en la asignación de los recursos para la directora interina poder operar en la capacidad que requiere. Creo que hay una falla crasa del Departamento de Educación”, afirmó el senador, con evidente preocupación.

“Por otro lado el componente que atiende la infraestructura, que en este caso es Edificios Públicos, evidentemente se colgaron. El no tener una facilidad... tener unos baños con aguas negras (usadas), que la presidente del consejo escolar nos certifica que es un problema que data de años. Hubo 18 meses para poder corregir eso, donde estaban las áreas despejadas”, comentó Soto Rivera, calificando de “cuestionable que haya tanto dinero disponible y esto no se resuelva”.

El senador agregó que se comunicaría ese mismo día con el secretario de Educación para dejarle saber la situación que había encontrado.

La superintendente auxiliar sostuvo que “el personal está dando la milla extra y en términos académicos se están ofreciendo las clases que es una parte fundamental”, pero aceptó que “hay detalles que se tienen que corregir”. De hecho, comentó que “no estoy de acuerdo con el horario” y consideró que se debería evaluar alguna alternativa como la de horario híbrido que acababa de sugerir el senador, como opción para tener menos estudiantes en los salones.

Soto Rivera reconoció que, en visitas previas a otras escuelas, han encontrado que “algunas no están en condiciones” para recibir estudiantes, y agregó que las comisiones de la Región Norte y Salud investigarán “que los contratos que tenían los contratistas adscritos a OMEP no estuviesen cobrando si no estaban dando el servicio. Porque ahí sí pudiera haber algún delito”.

“Por eso estamos haciendo una auditoría en varias escuelas del distrito de Arecibo y del país. Hoy comenzamos en Manatí, luego vamos a la escuela de Breñas, y así seguiremos haciendo distintas auditorias”, afirmó el senador.

“Uno de los aspectos que queremos enfatizar es que el servicio educativo no se le prive a ningún estudiante. Por eso las preguntas que hacemos, desde si tenemos accesos virtuales, si no tiene acceso virtual que tenga algo manual, en donde el estudiante no se quede sin el pan de la enseñanza”, agregó.

Recordó que “la educación es un derecho de todos, un derecho constitucional” y estará velando porque “el estado pueda cumplir con todas las alternativas para que aquellos que no estén vacunados por alguna razón médica o alguna razón religiosa puedan tener acceso a los servicios educativos”.