La presidenta de Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén, desvinculó este viernes a la colectividad de la campaña que realiza el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT) a favor de sus candidatos.

Con tono de malestar, insistió en que el esfuerzo que se realiza a favor del Movimiento no está coordinado y alegó que no se ha acordado ningún beneficio ulterior a favor del SPT y sus unionados a cambio de ser beneficiados con una campaña mediática.

“No puedo contestar nada sobre una campaña de la que no tenemos información. Y cualquier problema que tenga el sindicato con sus unionados, eso es problema del sindicato”, afirmó.

Sus expresiones surgen como reacción a una querella que le radicaron unos 13 miembros del SPT contra la unión ante la Oficina del Contralor Electoral por usar dinero de sus cuotas con fines políticos. Se alega que esta acción va en contra de la ley que crea a los sindicatos, la Ley 45.

Pero, Rivera Lassén insistió en que ese esfuerzo del SPT no fue acordado.

“No coordinamos nada”, recalcó en cada respuesta sobre las denuncias de los unionados.

Explicó, sin embargo, que “desde el principio (el MVC), sí tiene unos compromisos con los conceptos que tienen que ver con sidicalización”.

No respondió si Roberto Pagán, quien preside el SPT, es miembro fundador del MVC. Lo que expuso fue que “el MVC en su Agenda Urgente, desde el principio, es el compromiso que tenemos todas las personas que ayudamos. Nuestro compromiso es devolverle a todos los empleados los derechos que les fueron quitados con la deforma laboral. Y tenemos un compromiso de respaldar y defender el derecho que tienen las personas a unionarse... Cualquier otra cosa de campaña es asunto del sindicato, no es asunto de MVC”.

“Más allá de eso, cualquier otra cosa es tratar de halar una situación para tratar de involucrarnos en una campaña de la cual no tenemos nada que ver”, añadió.

Según aceptó Pagán a Primera Hora, el SPT ha invertido entre $400,000 a $500,000 en anuncios y propagandas a favor del MVC y sus candidatos.

Este alegó que en un concilio celebrado en verano, en el que participaron 300 delegados de los 11,000 miembros de la unión, se les autorizo a apoyar a esa colectividad.

Ahora, con sus querellas, los unionados buscan detener la fuga de dinero para tales fines y comenzar la descertificación del SPT.