El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) radicó hoy en el tribunal un recurso legal en el que solicita que se paralice el proceso de escrutinio hasta que la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) revele varios documentos sobre el voto adelantado y ausente.

Con los parámetros expuestos en el nuevo Código Electoral –avalado solo por el Partido Nuevo Progresista (PNP)– el organismo electoral recibió más de 227,000 solicitudes en estas modalidades.

“Entre los documentos que hemos solicitado, necesitamos y hemos pedido la lista de solicitudes de voto adelantado y voto ausente; las solicitudes que fueron aprobadas; y la lista de los electores que votaron utilizando estos mecanismos”, explicó el comisionado electoral del MVC, Olvin Valentín, en conferencia de prensa.

Esta información –que el funcionario aseguró que ha solicitado por varías vías por más de un mes– fue catalogada como “necesaria” e “indispensable” para el proceso de escrutinio.

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“Sabemos todos la serie de irregularidades que venimos viendo y denunciando por los pasados meses, particularmente, en todas las modalidades del voto adelantado, y entendemos que es un proceso en aras de la transparencia entrar al proceso de escrutinio con toda la información necesaria para nosotros poder garantizarle al País que el proceso de voto adelantado se llevó a cabo de la forma correcta”, añadió.

Valentín indicó que tienen conocimiento de personas que se encuentran en el Registro electoral, pero que ya fallecieron. Sin embargo, aseguró que nos les consta que esas personas aparezcan como votantes en las pasados comisiones generales del 3 de noviembre.

“Esto no se trata únicamente de votos para Victoria Ciudadana, esto se trata de garantizar que las elecciones en Puerto Rico sean transparentes, que el pueblo pueda confiar en esos resultados”, dijo.

Sobre la auditoría general de las elecciones solicitada por el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, el comisionado electoral se expresó en desacuerdo que sea realizada por un ente de la Rama Ejecutiva, en este caso, la Oficina del Inspector General.

“Lo que sí es cierto es que esa movida y ese interés en solicitar esa auditoría reconoce que hay serias irregularidades en todas las etapas del proceso electoral y que ameritan una auditoría e investigar”, manifestó.