La vicealcaldesa de Guaynabo, Luisa Colom García, ordenó este jueves la cancelación inmediata del contrato con la compañía Island Builders.

“Al advenir en conocimiento de las investigaciones y acusaciones recientes contra varios funcionarios y contratistas, ordené la cancelación inmediata del contrato con la compañía Island Builders Corp”, sostuvo la vicealcaldesa por declaraciones escritas.

“La ley es clara sobre las consecuencias legales para los servidores públicos y personas naturales y jurídicas que violen las disposiciones contenidas en el Código Anticorrupción y demás legislación que contenga delitos contra la función pública. No habrá dilaciones en nuestras acciones para asegurar el buen uso de los recursos públicos”, añadió.

La derogación se da luego que el aún alcalde de Guaynabo y presidente de la Federación de Alcaldes, Ángel Pérez Otero, fuera arrestado en la mañana de hoy por agentes del Negociado Federal de Investigaciones. El principal ejecutivo enfrenta cargos por conspiración, soborno y extorsión por aceptar más de $5,000 mensuales de un “individuo A”, que el pliego acusatorio de la Fiscalía Federal por el Distrito de Puerto Rico lo identifica como propietario de una compañía de construcción.

El pasado miércoles, el abogado Oscar Santamaría, quien se declaró culpable el pasado 30 de noviembre por cargos de comisiones ilegales y soborno con fondos federales para ganar contratos con el municipio de Cataño, admitió en declaraciones escritas haber entregado a Fiscalía Federal las ganancias que obtuvo al vincularse con Island Builders y VIP Healthcare Solutions.

“Deseo hacer constar que sus directivos estuvieron ajenos a cualquier acción indebida de mi parte”, explicó Santamaría sobre la compañía incorporada en el Departamento de Estado por Carlos Javier de Jesús Pagán y Luis F. Sierra Rodríguez.

Igualmente, Colom García anticipó que “esta determinación le será notificada a las instituciones fiscalizadoras y advertimos que el Municipio llevará a cabo cualquier otra acción autorizada por ley para proteger el interés público”.

La Ley Núm 2 -2018, según enmendada, establece acciones legales contra toda persona que ostente contratos con el gobierno e infrinja de la política pública de cero tolerancia contra la corrupción.