Un informe parcial que aprobó el pasado jueves la Cámara de Representantes recomendó que se congelen plazas en el Tribunal de Apelaciones y que se reasignen magistrados del foro intermedio para que “auxilien” en la carga a los jueces de primera instancia.

El documento legislativo, de la subcomisión para el Estudio y Evaluación sobre la Rama Judicial de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara, propuso que se atienda “a la brevedad posible”, el reclamo de aumento salarial “de todos los empleados de la Rama Judicial, no solamente el de los jueces”.

También recomendó que se apruebe legislación para implementar las actualizaciones del Plan de Retribución de la Rama Judicial y que se identifiquen los recursos necesarios para mejorar las condiciones salariales de los empleados y miembros de los tribunales.

“Recientemente, hemos escuchado los planteamientos de la Rama Judicial y la jueza presidenta, Maite Oronoz, sobre la necesidad de aumentar los salarios de la judicatura. Aunque esos reclamos son válidos, no podemos promover una revisión de escalas salariales a los jueces sin atender primero a aquellas personas que, día a día, sostienen la responsabilidad de mantener en operación el sistema judicial”, dijo el presidente de la Comisión de lo Jurídico y vicepresidente de la Cámara, José “Conny” Varela Fernández.

El primer informe parcial se fundamenta en la Resolución de la Cámara 687, radicada por los representantes Varela Fernández y Orlando Aponte Rosario, en febrero de 2022.

Varela Fernández indicó que la subcomisión se constituyó para llevar a cabo una investigación amplia sobre la carga de trabajo de los jueces para determinar la necesidad y conveniencia de aumentar o reducir el número de plazas de magistrados existentes en cada una de las divisiones de la Rama Judicial.

El informe recomendó que se culmine el proceso de llenar las plazas vacantes de jueces superiores y municipales “de manera que se pueda reducir considerablemente la carga de trabajo, particularmente, a nivel municipal”.

Sugirió, además, que se congelen las cuatro plazas vacantes en el Tribunal de Apelaciones y que, eventualmente, se reduzca el número de jueces del Tribunal Apelativo a 33, nivel previo a 2003 y que después aumentó a 39 jueces.

El documento legislativo recomendó también que se reasigne “cierta cantidad de jueces del Tribunal de Apelaciones para que auxilien en la carga judicial a nivel de (tribunal de) Primera Instancia”.

“Las salas de lo civil, específicamente las de Relaciones de Familia, en algunas regiones judiciales están atestadas y se recarga la carga laboral de algunos de los jueces de esas salas”, indicó Varela Fernández.

Igualmente, el informe recomendó implantar el sistema de ponderación de casos definido en la Regla 27, del Reglamento de Administración del Tribunal de Primera Instancia, “para poder evaluar adecuadamente el desempeño en la función administrativa de ese tribunal”.

Sugiere reformar, tanto a nivel de enmienda constitucional como por ley, el proceso de selección y nombramiento de jueces e implantar el concepto de “Academia Judicial”.

El informe indica que, actualmente, hay un total de 340 jueces, de un máximo establecido de 386 y que en las últimas décadas se observa una reducción de un 31.8% en el número de casos radicados en los Tribunales de Primera Instancia.

“Nuestra subcomisión continuará evaluando las alternativas para lograr mayor eficiencia y efectividad en la administración de los procesos judiciales. Como primer paso, es importante que atendamos el asunto de los salarios en la Rama Judicial. Si deseamos tener el personal más apto y capacitado posible, debe retribuírsele razonablemente”, sostuvo el representante Varela Fernández.