La secretaria designada del Departamento de Estado, Verónica Ferraiuoli, rechazó este lunes que exista algún potencial conflicto de interés para ocupar el puesto, ante el acceso y “poder” que tendría sobre los asuntos del gobierno junto a su esposo, Francisco Domenech, secretario de la Gobernación y director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal.

No obstante, debido a las preocupaciones que se han levantado al respecto, dijo que solicitó ante la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) un “mecanismo de inhibición” para asegurarse de que las decisiones que tomen ambos, en sus respectivos roles gubernamentales, no beneficie a uno ni al otro.

“Siendo las personas que somos, no veo ningún problema con eso. Si no fuésemos un matrimonio, estaríamos prácticamente en la misma posición; seríamos dos personas tomando nuestras propias decisiones”, dijo la nominada a preguntas de la representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adriana Gutiérrez, durante la audiencia de la Comisión cameral de Gobierno en la que se evaluó su designación.

La nominada aún no recibe respuesta de la OEG sobre el “mecanismo de inhibición” solicitado la semana pasada. En cambio, Domenech, que realizó el mismo trámite, ya recibió la dispensa. La OEG, sin embargo, emitió -a solicitud de la Cámara de Representantes- una opinión en la que rechazó cualquier conflicto de interés.

“El conflicto de interés surge cuando se toman acciones en beneficio de la otra persona, y el mecanismo de inhibición es específicamente para asegurarnos de que nadie pueda decir que una decisión final se está tomando para beneficiar a la persona de mi esposo o a mí”, abundó.

Al respecto, el portavoz del PIP en la Cámara, Denis Márquez, señaló que el mecanismo de inhibición, según hace constar la OEG en su página oficial, es adecuado cuando la acción oficial que se debe tomar es “esporádica”, no así “para situaciones constantes”.

“Estamos hablando que el país va a estar, durante todo un cuatrienio, sosteniendo todo un proceso de inhibición de dos de los funcionarios más importantes”, alertó Márquez.

De otra parte, desde el inicio de la audiencia y como parte de su ponencia, la nominada solicitó a los representantes que no abordaran en sus preguntas la querella de violencia doméstica que presentó contra su esposo, en 2018. “Para mí, es importante que no se empañe este día con preguntas malintencionadas cuyo único propósito sea el morbo de revivir una situación que ya quedó atrás en nuestras vidas”, advirtió.

No radicó planillas en 2021 y 2022

Como parte de la evaluación del expediente sometido por Ferraiuoli ante la Comisión de Gobierno, surgió que la nominada no radicó las planillas correspondientes a los años contributivos 2021 y 2022.

La funcionaria alegó que se enteró de la omisión el año pasado, cuando ingresó a la plataforma SURI del Departamento de Hacienda al solicitar una certificación. Las planillas finalmente fueron sometidas en noviembre de 2024. “Inmediatamente, hice los trámites para radicarla yo misma”, indicó.

Explicó que, según la versión de su contable, las planillas no fueron presentadas porque, entonces, trabajaba en Washington D.C. para la oficina de la comisionada residente y hoy gobernadora Jenniffer González y sus ingresos locales no alcanzaban el límite requerido en ley para someter una planilla en la isla.

“Constaté con otro contable que me dijo: ‘radica las planillas’. Así que, inmediatamente, la radicamos. Pagué todas las multas y recargos”, expuso sin precisar el monto pagado. “Fue una situación bien vergonzosa para mí porque tenía completo desconocimiento de la situación”, agregó.

A preguntas de Márquez, sin embargo, reconoció que la responsabilidad de someter las planillas es del contribuyente y no del contador público. “Obviamente, ese contable no está preparando mis planillas”, expuso.

Rechaza señalamientos sobre Víctor Ramos

Asimismo, la designada secretaria de Estado negó que haya aconsejado al secretario de Salud, Víctor Ramos, en el diseño y financiamiento del fallido plan médico que el galeno intentó implementar mientras presidió el Colegio de Médicos Cirujanos.

“En días recientes, ciertas personas han intentado manchar mi trayectoria profesional con una narrativa falsa sobre mis acciones como abogada del Colegio de Médicos Cirujanos. Quiero que quede meridianamente claro que esas insinuaciones son totalmente falsas”, sostuvo la nominada.

Aunque reconoció que trabajó para el organismo profesional y que fue parte del equipo legal que aconsejó al doctor Ramos “sobre asuntos relacionas al plan médico”, Ferraiuoli afirmó que no lo asesoró con relación a la estructura del seguro de salud, así como tampoco con relación al préstamo de $125,000 que el galeno solicitó a través de un usurero.

“El plan médico tenía sus propios abogados especializados en esos asuntos, abogados altamente respetados en sus respectivas áreas, tales como valores, seguros y corporaciones”, expuso ante los miembros de la Comisión de Gobierno.

A la vista pública, asistió el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz; el titular del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo; así como los jefes de Desarrollo Económico y Comercio, Sebastián Negrón Reichard; y de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

También dijo presente el alcalde de Río Grande, Ángel “Bori” González, y su homóloga por Gurabo, Rosachely Rivera. En primera fila, además de sus familiares, estaba el expresidente del Senado, Kenneth McClintock, quien, junto a Domenech, fundó la firma de cabildeo Politank, de la cual el secretario de la Gobernación se desligó tras su nombramiento a finales de diciembre.

Ferraiuoli tiene un bachillerato en Artes Liberales de la Universidad de Johns Hopkins y un Juris Doctor de Boston University, así como una maestría en Derecho con concentración en litigio y métodos alternos de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

La nominada dijo que, aunque se siente “capacitada” para asumir el cargo de gobernadora, de surgir una vacante, como ocurrió en 2019 tras la renuncia de Ricardo Rosselló Nevares, está “bien clara quién es la gobernadora y quién manda”.

El salario de Ferraiuoli, quien también ocupa la jefatura de la Autoridad del Distrito de Convenciones, asciende a $200,000 anuales.

Desde su designación el cargo, el 2 de enero, la nominada indicó que ha promovido acuerdos comerciales que se alinean con la política nacional de “Buy American” (compra de bienes estadounidenses) para fomentar nueva inversión extranjera y posicionar la isla como parte de los esfuerzos federales de fortalecimiento económico.

Añadió que se encuentra ejecutando la Orden Ejecutiva 2025-009, dirigida a modernizar y agilizar los procesos gubernamentales. Al respecto, agregó que se han emitido varias órdenes administrativas para delinear los principios hacia ese objetivo, entre los que destacó la capacitación de los servidores públicos y la integración de la tecnología para modernizar la gestión del gobierno.

Minorías legislativas critican el proceso

Tanto Márquez, del PIP, como la portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, y su homólogo por el Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Santiago, cuestionaron que las minorías legislativas hayan tenido una hora y media para evaluar el expediente sometido ante la Cámara como parte de la evaluación.

Burgos le cuestionó, igualmente, que no haya sacado el tiempo para reunirse con las minorías, aunque sí con miembros de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP). Ferraiuoli respondió: “Simplemente, no nos dio el tiempo”.

“Ciertamente, usted tiene la preparación para estar en la posición, pero, lamentablemente, el ajoro y la prisa de llevar una reunión ejecutiva el mismo día de una vista pública no nos pone a nosotros en posición de emitir un voto favorable a usted, no porque no lo merece sino porque no nos pusieron en la posición adecuada de emitir ese voto a favor”, argumentó Ferrer Santiago.