La única forma en que un grupo de representantes, según Luis Vega Ramos,  favorecería la inmunidad civil a la junta de directores del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), sería si se incluye “la obligación legal de transparencia ante el país y la Legislatura,  sobre las  decisiones que se están tomando”.

Vega Ramos destacó que, al momento de tomar las decisiones, debe pesar por encima de toda consideración el pago de la nómina de los empleados antes que el pago de la deuda del ELA, sin implicar que se trate de incumplir con la obligación,  sino que se renegocie la manera en que se puede pagar.

Los desembolsos del Banco al inicio del año fiscal, el 1 de julio,   deben dirigirse al pago de empleados y a los servicios esenciales del pueblo en primer lugar, insistió. 

“Creo que esa es la estructura de maxibilidad que el BGF está buscando con las enmiendas que se proponen y  tenemos la disposición de dar ese grado adicional de protección pero vinculado a una obligación legal de transparencia al país y a la Legislatura, de las decisiones que se están tomando”, expuso con relación a la inmunidad civil.

“Tiene que ser inmunidad a cambio de mayor transparencia ciudadana. Por eso insistimos en la creación de una  Comisión de Auditoría Independiente y otros mecanismos de supervisión legislativa, de los procesos internos y las decisiones que se están tomando en el Banco”, apuntó. 

Comentó que parte de la necesidad de invertir de inmunidad civil a los directivos del BGF que se desempeñan como agente fiscal y asesores, trata de cómo se va a disponer de los limitados recursos. El legislador dijo que la prioridad es el pago de los empleados públicos.

“Vamos a tener muy pocas avenidas de financiamiento aparte de los llamados TRANs. Si hay pocos recursos hay que establecer prioridades. La pregunta es si la prioridad va a ser del pago de la deuda, como está pactada, a costa del funcionamiento mínimo del Gobierno para darle servicios a la ciudadanía  y el pago a los empleados públicos”, dijo.

“Un Gobierno responsable, en mi opinión, cuya razón de Estado es  de proveer para el bienestar general de los puertorriqueños,  tiene que tener  la flexibilidad de poder discernir entre prioridades. Las prioridad es de mantener  funcionando el Estado, de proveer para el bienestar social general  y la seguridad general. Tiene que ir por encima de la consideración de pagar toda deuda, en todo momento”, aseveró.

“Por eso es que estamos hablando de renegociar la deuda y  explicarle a los bonista que le queremos pagar, que le vamos a pagar pero hay que buscar la manera en que le vamos a pagar, pero que a lo mejor tenemos que alterar la manera en que le podemos pagar”,  comentó.

Dijo que el gobernador Alejandro García Padilla, debió haber explicado al pueblo la difícil situación fiscal que se enfrentaría, y que seguramente no lo hizo, para no causarle mayor ansiedad al pueblo.

“Creo que se debió explicar el pasado año. Esto se ha complicado el último año, porque el problema fue que en la segunda mitad del gobierno de Luis  Fortuño se cogió mucho préstamo pero en vez de cogerlo a 25 0 30 años,  porque no le prestaban a un interés bajito, lo tuvo que coger a un interés más alto y a unos vencimientos más acelerados. Había que acabarlos de pagar más rápido”, acotó.

“Esos son los préstanmos que cogió Fortuño a corto plazo,  son los que  tenemos que pagar en los próximos cuatro o cinco años.  Eso es lo que está creando la crisis. Esos son los vencimientos que están pesando sobre la espalda del Gobierno y el pueblo de Puerto Rico. Así que el gobernador García Padilla debió explicarle al país que íbamos a tener una situación de una deuda críptica, porque cogió prestado a unos vencimientos, a una liquidación mucho más rápida de lo que usualmente se coge. Eso es importante,  porque todo esos bonos se cogen a 20 o a 30.  Ahora tenemos unos préstamos en los próximos seis y siete ocho años, que son los que nos están asfixiando”, puntualizó.

La razón de la inmunidad civil

Por eso mismo es que el BGF está  pidiendo la llamada inmunidad civil, dijo Vega Ramos,  para sentirse con más libertad,  más protegido a  la hora de  tomar decisiones  sobre los  desembolsos que van a hacer. Si desembolsar a un acreedor o al Gobierno  para que cubra la nómina y  los servicios, y  puedan tomar la decisión, con la mayor protección posible.

“Cosa  con lo que no se tiene problema,   pero unos legisladores hemos dicho que tienen que estar acompañada   por unas medidas de transparencia, de rendición de cuentas a la ciudadanía que hasta ahora, no ha habido. Por eso, estamos exigiendo un Comité de Auditoría Ciudadana para poder armonizarlo con la petición de inmunidad. Porque a mayor protección  de las decisiones que este Banco va a tener, tiene que tomar a la misma vez, haya  mayor transparencia para que el pueblo sepa qué decisiones se tomaron, con qué razonamiento se tomaron y cuáles van a ser las consecuencias de la decisión”, ilustró.

¿Todo eso que están haciendo para ver cómo se cumple con inicio del año fiscal? Se habla de un cierre.

Aquí, una de las cosas que el Banco está tratando de hacer, es buscar una alternativa al financiamiento a corto plazo.  Los llamados TRANs y  eso no es nada malo, ni impropio. La realidad es que en año fiscal, tú empiezas con unos gastos constantes el 1 de julio, el primer día tiene que pagar nómina, suplidores, agua,  pero a la misma vez el nivel de ingresos  que vas a tener como Gobierno no es el  primer día, sino hasta los primeros seis meses,  porque hay que pagar Cofina; y  las planillas no se han radicado, las corporaciones no han pagado. 

Lo que generalmente se hace, agregó, es que se coge prestado para la operación de los primeros cinco o  seis meses con la promesa del Gobierno a los prestamistas, de que el 15 de abril cobra un montón de dinero en planillas y que le pagaría en mayo.

“Es como un cashito”, ilustró el legislador.

“Con la situación crediticia de Puerto Rico, esos adelantos se han hecho más difíciles de conseguir y el Banco está explorando mecanismos más noveles para tratar de conseguir unos adelantos para pagarse  con los ingresos del aumento al IVU. De eso va a depender en gran medida  que el Gobierno   tenga el dinero que va a necesitar para operar desde el primer día. Por eso en la Legislatura tenemos que  saber más qué tipo de negociaciones están llevando a cabo,  con quién las están llevando a cabo, cuáles son las condiciones para prestarnos a corto y a largo plazo. Ese es el tipo de cosa que deben explicar en detalles al pueblo y a la Legislatura”, puntualizó.

“Lo que un buen padre de familia haría”

Vega Ramos comentó que tal “como hemos venido diciendo un grupo de  legisladores”, hay prioridades, al momento de tener que hacer el pago de la deuda y que como un buen jefe de familia, hay que reducir gastos, pero si después de todo lo que se elimina como las salidas a comer, al cine, gastos de ropa, el dinero no da para pagar la hipoteca, hay que negociar con el banco.

¿Qué van a  hacer? ¿Van a botar gente? ¿ Flexitime?

Esto es difícil pero sencillo. La Constitución  dice que hay una obligación. Se dice  que hay que pagarle a los bonistas  la deuda del ELA en primera  predación, pero esa primera predación no puede ir por encima del objetivo del Gobierno  mismo, de garantizar  el bienestar general. Aun el texto  de la Constitución, que pone a los bonistas en posición privilegiada, tiene que ser interpretado de una manera cónsona con el fin primordial del Gobierno  que  es promover el  bienestar general de los  puertorriqueños”, dijo.

Por eso, agregó,  que hay que decirle a los bonistas: “Te voy a pagar, tu estás en la fila, en un sitio privilegiado, pero no puedo  pagar como pactado.  Yo no quiero tener que escoger entre  pagar la gasolina  a la Policía,  para las patrullas o pagarte los bonos. O escoger entre las mangueras de los bomberos  o pagarte  los bonos a ti”.

“Hay un choque entre dos mandatos constitucionales y hay que ver cuál va a prevalecer. El  fin último de un Gobierno, de un Estado, es el bienestar del pueblo”, sentenció Vega Ramos.