Miembros de la comunidad Playuela, en Aguadilla, acompañados por grupos ambientalistas llevaron hoy al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago una petición con 72,257 firmas de personas que exigen que el proyecto hotelero Christopher Columbus Landing Resort se abra a vistas públicas.

La petición iba a ser entregada a la senadora popular por el distrito de Mayagüez, Migdalia González Arroyo, quien es la presidenta de la Comisión de la Región Oeste de la Cámara Alta, pero la legisladora se ausentó de los trabajos legislativos por razones de enfermedad.

Los vecinos de Playuela reclaman que la Comisión de la Región del Oeste lleve el proyecto a discusión pública tras la aprobación en marzo de 2023 de la Resolución del Senado 163, de los senadores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Ana Irma Rivera Lassén y Rafael Bernabe Riefkhol.

La medida, de la cual es coautora, la senadora González Arroyo, ordena una investigación estudio y análisis sobre la construcción en el valle costero de Playuela y si ésta ocasionaría un impacto ambiental severo en el litoral. Además, la pieza legislativa promueve que se explore la posibilidad de transformar el área en un corredor ecológico o en otra alternativa de conservación ambiental.

“Llevamos cuatro meses esperando que la Comisión de la Región Oeste cumpla con su compromiso de calendarizar en Aguadilla la visa ocular y vista pública de la RS 163. Encima de eso llevamos siete años solicitando un foro donde presentar las ilegalidades del proyecto y el impacto nefasto que este tendría para la comunidad y para las más de 600 especies de flora y fauna que allí habitan. Es inconcebible que se nos pida que sigamos esperando, la Comisión tiene que actuar ya”, dijo Suzette Quirós, portavoz del grupo comunitario Salvemos a Playuela.

Ana Serrano Reyes, vecina de Playuela dijo que desde que se anunció la venta de le la finca de la Sucesión Hernández y la comunidad se enteró del propuesto desarrollo hotelero miembros de la comunidad comenzaron a compartir preocupación sobre el futuro del valle. Serrano indicó que el valle costero “es esencial para el disfrute y la preservación de los recursos recreativos, culturales, ecológicos y agrícolas del área”.

“Hemos acudido con evidencia a las agencias pertinentes, al Tribunal de Aguadilla, al Tribunal de Apelaciones y ahora estamos en el Tribunal Supremo. Sin embargo, no nos han brindado el foro y eso es lo que estamos solicitando aquí (en el Senado), sostuvo Serrano.

De acuerdo con un informe del planificador Luis García Pelatti, la consulta de ubicación del proyecto, que está ante la Junta Adjudicativa de la Secretaría Auxiliar de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) es contraria a las leyes y reglamentos aplicables. El informe de García Pelatti también concluye que ninguno de los proponentes ha sido dueño de todos los terrenos que abarca la consulta ni ha tenido autorización de los otros propietarios para someter consultas ni cualquier otro procedimiento.

“Es crucial que se investigue lo que ocurre en Playuela por el valor ambiental extraordinario de la zona y la negativa de la OGPe y las agencias para atender la prueba y los planteamientos de la comunidad, luego de siete años de un litigio que aún está pendiente”, dijo el abogado, Omar Saadé Llorens.

Además de las firmas, los vecinos de Playuela entregaron cartas a los miembros del Senado solicitándoles apoyo para que la Comisión de Desarrollo del Oeste lleve a cabo la investigación que ordena la RS 163.