La Cámara de Representantes se disponía a aprobar esta noche, con el rechazo de las minorías popular e independentista -y con algunos votos en contra de representantes novoprogresistas-, la propuesta de reforma contributiva acordada con el Ejecutivo, que incluye la legalización el primer año de unas 25 mil máquinas tragamonedas. En los dos años subsiguientes se legalizarían 20 mil más, hasta un máximo de 45 mil.

El Senado verá la medida el martes próximo, a menos que llegue el miércoles de la Cámara, indicó el portavoz de la mayoría en ese cuerpo legislativo, Carmelo Ríos.

Se esperaba que votaran en contra los representantes penepés José Aponte Hernández, Lourdes Ramos, Luis “Junior” Pérez, María Milagros Charbonier y Jackie Rodríguez. Otros legisladores de la Palma, como Nelson del Valle y Yashira Lebrón, se expresaron en contra en el caucus, pero luego dijeron que avalarían la medida.

A las 9:00 p.m., el voluminoso proyecto, con múltiples enmiendas a diversas leyes, no había sido radicado en la Secretaría de la Cámara para ser llevado a votación al hemiciclo. Las minorías reclamaron que a esa hora todavía no habían visto la medida y que el presidente de la Comisión de Hacienda, Antonio “Tony” Soto, solo les hizo una presentación en power point en horas de la tarde.

“Algunos proyectos se ven tarde, pero no un proyecto de esta envergadura, que va a afectar a todos los puertorriqueños”, dijo el portavoz de la minoría popular, Rafael “Tatito” Hernández. “De lo que hemos visto, los contribuyentes van a terminar pagando  más”, sostuvo Hernández, quien calificó la legalización de las tragamonedas como un “acto de negociación política”.

“Van a inundar el País con tragamonedas por todos lados”, expresó -por su parte- el representante independentista, Denis Márquez. 

“Esto se llamará Casino Island”, indicó Márquez al señalar que la propuesta contempla a la larga la legalización de unas 45 mil máquinas. “Estamos hablando de unas 600 por municipio”, añadió.

Temprano en la tarde, luego de concluir el caucus de representantes de la Palma, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez aseguró que la medida tenía los votos para ser aprobada, aunque reconoció que algunos “compañeros tenían molestias con el tema” de legalizar las tragamonedas. De hecho, en un “momento dado” la propuesta no tenía los votos en el caucus.

Méndez dijo que la medida impone un límite de 10 máquinas por local y 500 por cada operador mayorista y sostuvo que éstos deben ser certificados por la División de Juegos de Azar de la Compañía de Turismo. Cada máquina pagaría un marbete de $1,500 y cada operador pagaría otros $300 para el pago del personal que vele por el cumplimiento de la reglamentación.

Detalló que de los recaudos de las tragamonedas, un 45% iría al retiro de los policías, otro 45% iría a los municipios para cubrir la reforma de salud y el restante 10% al fondo general.

Mientras se desarrollaba el caucus, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz escribió en las redes sociales que Méndez le había compartido que no tenía los votos para incluir las tragamonedas como habían acordado con el gobernador Ricardo Rosselló, pero tras la conferencia de prensa, expresó en otro post que habían aparecido “los votos en la Cámara”.

Antonio “Tony” Soto detalló, por su parte, que las tragamonedas generarían unos $160 millones.

“Es un mercado que existe. Hay más de 50 mil máquinas alrededor de Puerto Rico. Estamos formalizando una actividad comercial existente”, sostuvo. 

Explicó que la propuesta reforma incluye un incentivo “tipo crédito contributivo” de un 5% a todos los individuos que radican planilla y que las corporaciones tendrían una reducción de 37% a 39%.

Además, dijo que acordaron “eliminar el B2B o el impuesto entre negocios a un 77% de los contribuyentes que rinden este impuesto, así como reducir al 7% el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) a los alimentos preparados.

“Nadie me garantiza a mí que los famosos $40 millones que se van a recaudar van para la Policía. Debemos cumplir con la Policía, pero no creo que sea a base de juegos. Si queremos levantar a un País, lo vamos a hacer con más dependencia al juego cuando la propia jueza (Laura Taylor) no garantiza que ese dinero vaya para la Policía”, dijo el novoprogresista Luis “Junior” Pérez. Añadió que “la reforma contributiva es un compromiso programático del Partido, pero en ningún momento se habló de máquinas tragamonedas. Anteriormente en otra administración se trajo esa propuesta y voté en contra. La gente que me conoce sabe que yo soy consistente”.

Otro de los votos en contra, el representante José Aponte Hernández, puso en duda los recaudos que se proyectan y expresó objeción a que se siga fomentando el juego.

“Hay estudios encomendados por la Compañía de Turismo bajo dos administraciones diferentes, 2009 y 2013 a una compañía norteamericana, Spectrum Gaming Group, que en 2009 decía que estas máquinas estaban afectando los casinos y que si se sacaban podían producirle al gobierno $171 millones. En 2013 la misma compañía en otro estudio decía del daño que le hacía al presupuesto de Puerto Rico, que podrían perderse entre $146 a $194 millones, entre ellos, hasta $35 millones a la Universidad de Puerto Rico”, indicó Aponte Hernández. 

También dijo que según un estudio que le presentó AMMSCA a la Compañía de Turismo el año pasado, en Puerto Rico la prevalencia del jugador compulsivo está en 7.4% y hay un 6.4% que tiene una gran probabilidad de caer en el juego.